Macri vetó la ley de Emergencia Habitacional
La presidenta de la Comisión de Vivienda del Parlamento porteño, Rocío Sánchez Andía, criticó al jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, por vetar una ley de su autoría: la que prorroga la Ley de Emergencia Habitacional en la Ciudad, y que fue aprobada a fines del 2010. "(Macri) es un irresponsable. A dos meses del conflicto del Parque Indoamericano, vetó leyes referidas a mejorar la crisis de vivienda en la Ciudad", sostuvo, y agregó: ?Nunca asignaron los 50 millones de pesos que obligaba la ley para solucionar el problema habitacional".
La legisladora de la Coalición Cívica, además, sostuvo que el ingeniero le bajó el pulgar a otras dos iniciativas presentadas por ella. Puntualmente, se refiere al veto del artículo 5 de la ley 3.706, sobre la Protección y Garantía integral de las personas en situación de calle; y a la modificación de la ley 1.251, donde se veta los créditos de vivienda para propiedad colectiva. Según una investigación de Sánchez Andía, en la Ciudad alrededor del 6 % de las personas habitan en conventillos, hoteles, pensiones, ranchos o casillas. El 11 % de los hogares se encuentran en situación de hacinamiento y aproximadamente el 39 % de las personas que habitan esos hogares no son propietarios de la vivienda, casi un tercio son inquilinos, y un 10 % reside en una vivienda de manera irregular o precaria.
La ley 1.251 fue aprobada por la Legislatura a mediados de de diciembre del año pasado, en medio del conflicto social desatado a raíz de la toma del Parque indoamericano, de Villa Soldati. La emergencia habitacional fue declarada por primera vez en 2004. En aquel momento, la legisladora sostenía: ?Desde la Comisión hemos dictaminado la prórroga con el apoyo de varios bloques (no del macrismo) junto con una modificación a la ley vigente (Ley Nº1408) para que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad quede a cargo de administrar el fondo de emergencia habitacional?. Este fondo, si bien estaba establecido por el artículo 4º de la norma original, no contaba con una autoridad de aplicación, por lo que, según opinó la legisladora, el Ejecutivo se veía liberado de darle un uso efectivo.
