La Procuración le dio la razón a Servini de Cubría
La Procuración Federal de la Nación se expidió a favor de la Justicia federal en el conflicto de poderes que ésta mantiene con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en torno a las elecciones convocadas para el 8 de junio. Su dictamen es clave para la decisión final que deberá tomar la Corte Suprema de Justicia, que tiene que dirimir la cuestión. De fallar en sintonía con el informe de la Procuración, los comicios porteños no podrán realizarse en la fecha fijada por el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, ya que fueron suspendidos por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.
El procurador general sustituto de la Nación, Luis Santiago González Warcalde, consideró que si bien "la elección de cargos nacionales se rige por normas y autoridades federales y la de cargos locales por normas y autoridades locales", (...) "la Corte también ha dicho que corresponde a la Justicia federal resolver las controversias suscitadas en comicios en los que se llevan a cabo elecciones simultáneas para cargos nacionales y locales". Cabe recordar que las elecciones del 8 de junio, fueron convocadas para elegir tanto a los diputados nacionales por la Capital como al jefe y vicejefe porteños y a los legisladores locales.
Warcalde entendió también que este caso difiere al de José Luis Barrionuevo en Catamarca, ya que allí se trataba de comicios estrictamente locales y no había un conflicto de competencias electorales.
El conflicto de poderes entre la Justicia federal y la local se inició a raíz de un planteo de inhibitoria que el Tribunal Superior de Justicia libró contra Servini de Cubría en relación a su competencia en estos comicios. Servini rechazó el planteo -solicitado inicialmente por el partido Compromiso para el Cambio, que postula a Mauricio Macri para jefe de Gobierno- y envió las actuaciones a la Corte.
La jueza había suspendido las elecciones el lunes 7, luego de hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el apoderado del Partido Justicialista. Al fallar entendió que no estaban dadas las certezas necesarias para el desarrollo transparente del acto electoral.
La magistrada fundó su decisión en la incertidumbre que generaba la simultaneidad de las elecciones de autoridades locales y de diputados nacionales, por el entrecruzamiento de competencias entre la Justicia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en la fiscalización de los comicios, que generaba situaciones tales como "la existencia de dos registros de electores paralelos, uno a nivel nacional y otro a nivel local". Así, cuestionó las acordadas 1 y 2 del Tribunal Superior de Justicia, que fijaban el cronograma electoral, argumentando que presentaban contradicciones con la legislación nacional tanto en relación con las tareas previas al acto eleccionario como con las posteriores a su realización.
Horas después de conocer el fallo, Ibarra derogó el decreto 208/03 que establecía la sujeción de los comicios porteños a la Ley Nacional 15.262 de Simultaneidad de Elecciones, que permitía que se votara en una misma mesa tanto a los legisladores y autoridades ejecutivas locales como a los diputados nacionales. Con esta maniobra pretendió dividir legalmente los comicios y evitar así la injerencia de la Justicia Nacional en la elección porteña.
Al decidir mantener su competencia, Servini de Cubría argumentó que de los términos del decreto 378/03 -que derogó el 208/03- no surgía que se hubiera convocado a nuevos comicios para la elección de autoridades locales en otras condiciones y que la simultaneidad que ahora se pretendía eludir aún existía en los hechos, con el agregado de cuestiones de tales como la duplicación de los lugares de votación, de las autoridades de las mesas y de los procesos informáticos, que generaban aún más incertidumbre.
