Proponen investigar desde la Legislatura la concesión del Zoológico porteño
La empresa que tiene a su cargo la concesión del Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires fue nuevamente cuestionada desde la Legislatura porteña, luego de que el diputado Luis García Conde presentara un proyecto de resolución que propone la creación de una comisión parlamentaria que investigue presuntas irregularidades ocurridas durante la gestión del actual concesionario.
La iniciativa persigue además un objetivo más ambicioso, que es abrir luego el análisis de todos los bienes y servicios públicos porteños que fueron privatizados durante la década del 90.
Si resultara aprobado el proyecto de García Conde, se creará en el ámbito de la Legislatura la "Comisión para la Investigación, el estudio y seguimiento de la concesión del Jardín Zoológico de la Ciudad", que tendrá el plazo de un año para elaborar un dictamen que defina los beneficios y falencias de la concesión del Zoo.
La comisión, que integrarían unos quince legisladores de distintas fuerzas, podría también ampliar su competencia de análisis al cumplimiento de otros contratos de concesión y de privatización existentes en la Ciudad. Tal como se desprende del proyecto, su misión será analizar los contratos de concesión del Zoológico y -lo más importante- investigar el correspondiente cumplimiento -o no- de las metas en ellos establecidas e informarse acerca de las actuaciones cumplidas por la justicia y otros organismos de control público, para denunciar todas las irregularidades que se produzcan.
Según explicaron desde el despacho del legislador, el proyecto tuvo su origen en "varios hechos muy preocupantes que cobraron estado público a raíz de su publicación en diversos medios de prensa". La presunta desaparición de 12 mil volúmenes de la biblioteca del Zoológico, que saltó al conocimiento público en febrero pasado, fue uno de los disparadores del proyecto.
En ese entonces, García Conde presentó un pedido de informes -que fue aprobado en la Legislatura el pasado 26 de junio- y una denuncia penal ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con el fin de determinar si se incurrió en los delitos de hurto, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, encubrimiento y falsificación de documentos.
"Resulta dramático y sorprenderte cómo nos acostumbramos a convivir con permanentes noticias periodísticas y rumores que sugieren la existencia de todo tipo de irregularidades y delitos, sin la consecuente reacción política y social", subrayó García Conde, quien agregó indignado: "El caso de la Biblioteca del Zoológico es un ejemplo paradigmático del despojo que viene padeciendo la Argentina desde hace años, como corolario de su pronunciada decadencia y de una grave crisis de valores".
Para alcanzar sus objetivos, la proyectada Comisión tendrá facultades para solicitar información al Poder Ejecutivo, para citar testigos, exigir toda la información necesaria a la empresa concesionaria, crear un espacio de recepción de denuncias y resguardo de la información obtenida, y también ampliar la competencia de análisis hacia otros contratos de concesión, en el caso de que "de las evaluaciones realizadas surgiera alguna conexión o posible irregularidad", resalta el proyecto.
