Mesa de diálogo por el asentamiento Rodrigo Bueno

En diálogo con NOTICIAS URBANAS, los diputados porteños Fernando Cantero, Daniel Betti y Sergio Molina, impulsores del proyecto para urbanizar el asentamiento conocido como Costanera Sur "Rodrigo Bueno", aseguraron que "el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, se comprometió a que antes del 31 de diciembre iba a estar conformada una mesa de diálogo integrada por el vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman (ahora encargado del área social); el jefe de Gabinete, Raúl Fernández; la subsecretaría de Gestión Social y Comunitaria, Mónica Desperbasques; representantes de los vecinos y nosotros tres; y que en cinco meses tiene que emitir las primeras soluciones para los vecinos".

Los diputados presentaron una iniciativa por la cual se crea el Programa de Planeamiento y Gestión Participativa para el asentamiento destinado a elaborar, ejecutar y verificar el Plan de Urbanización de la misma y la ejecución de políticas sociales en forma consensuada.

La propuesta generó una gran polémica, y fue cuestionada por algunos grupos ecologistas que consideran que atenta contra la Reserva Ecológica, ubicada al lado del asentamiento.

Betti aseguró que "es importante destacar que este proyecto apunta centralmente a que los vecinos puedan tener un mínimo grado de humanidad en su barrio. Estamos planteando elementos muy generales que establece la Ley 148 de Urbanización de Villas, no estamos hablando de viviendas. Estamos llegando al verano, con todo lo que esto implica en cuanto a enfermedades que afectan básicamente a los más pequeños. Nosotros queremos que todos tengan agua corriente, que se pueda caminar en los días de lluvia y que no sea todo un fangal, que tengan la posibilidad de poner en funcionamiento un comedor y una sala de primeros auxilios".

"Nosotros -agregó- somos defensores de la Reserva Ecológica, pero éste es un problema de humanidad. Mientras se resuelve el problema central que es el de la vivienda, nosotros queremos que de manera urgente se haga algo ahora para darle respuesta a esta gente".

En tanto, Cantero señaló: "Queremos que la gente de este barrio tenga entidad ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque si vos visitás a los vecinos y ves los padecimientos que tienen, descubrís que las únicas personas del Ejecutivo que se acercaron hasta ahora fueron del Gobierno nacional. Es una realidad que están padeciendo estos vecinos que son de la Ciudad y que el Ejecutivo porteño no tenga políticas hacia ellos para nosotros es muy grave".

"Creemos que hay que darles una herramienta para que puedan ser escuchados por el Gobierno de la Ciudad, y por eso planteamos un proyecto similar a la Ley 403 que votó la primera Legislatura para incluir a la Villa 1-11-14 en la Ley 148. Para nosotros es importantísimo que el Gobierno se avenga a tener una conversación, porque es la única forma de resolver los problemas de fondo. No puede ser que de cuatro manzanas sólo dos tengan luz y agua, las otras deben abastecerse con lo que pueden sacar de las otras dos. Es inconcebible que dejemos que esta gente tenga estos padecimientos, especialmente por la población infantil y de la tercera edad, que son los extremos que más sufren", afirmó el diputado del ARI.

Por su parte, Molina aclaró que "hay un desconocimiento de la situación y de nuestra propuesta porque el asentamiento no está sobre la Reserva, sino que nacen juntos. Cuando comienza a crearse el asentamiento, la Reserva no existía como tal, ya que era un proyecto a futuro que se legaliza entre el '86 y '87. Es decir, que cuando se legaliza no era un campo de biodiversidad sino simplemente un espacio que había quedado como despojo de una urbanización que nunca se llevó a cabo y como parte de lo que habían sido los rellenos de autopistas. El propio clima y los movimientos de agua trajeron parte de la biodiversidad de lo que es el Delta. Por ende, cuando se declara la reserva ya había más de 50 familias habitando este espacio".

El ex diputado zamorista añadió: "La villa fue ganándole tierras al río y construyendo sus viviendas por mano propia. No se asentó sobre la Reserva sino entre lo que iba a ser la Reserva y la ex Ciudad Deportiva de Boca. Esta urbanización es una garantía de protección para la Reserva, porque los habitantes la cuidaban intereses y grupos contratistas le prendían fuego a la Reserva para generar en ese lugar grandes emprendimientos inmobiliarios".

Molina sostuvo que "acá hay un problema de intereses económicos muy fuerte porque la villa está impidiendo de alguna manera, la urbanización de lo que fue la Ciudad Deportiva de Boca por el grupo IRSA. Ése es uno de los grandes delitos que se produjeron en la Ciudad porque ese espacio fue adquirido ilegalmente, luego de una serie de negociados. Lo que se está escondiendo detrás de esta discusión ambientalista que no es tal, es una presión empresarial para poder llevar a cabo una inversión de 2.000 millones de dólares. Porque sería ilógico pensar en la rentabilidad de un emprendimiento de esas características con una villa al lado. Lo mismo va a pasar después con la Isla Demarchi".

"La propuesta nuestra es simplemente un reconocimiento histórico al valor del trabajo de las tierras que estas personas ganaron al río, a lo que han construido en el lugar y además al derecho que, como ciudadanos porteños, tienen a tener un mínimo de servicios que presta la Ciudad en todo el territorio porteño. No podemos desde la ecología liberal, olvidarnos de lo que están viviendo estas personas", concluyó.