San Martino: "Ibarra no quiere que lo controle la Legislatura"

El 14 de octubre pasado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad el decreto por el cual el jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, vetó la Ley 1459 por la cual se reglamentaba dos artículos de la Constitución porteña a fin de establecer la obligación del Poder Ejecutivo de responder en los plazos estipulados por la Legislatura los requerimientos de información, datos y antecedentes solicitados.

Esta decisión indignó al diputado Jorge San Martino (Recrear), uno de los impulsores de la norma, quien aseguró que "Ibarra ha dado una vez más muestra de su profundo desapego al compromiso de responder a los pedidos de informes que se le formulan en la Legislatura".

El proyecto establecía sumario administrativo o juicio político a los funcionarios del Poder Ejecutivo que demoraran injustificadamente u obstruyesen el rápido trámite de un expediente de pedido de informes o no brindaran información o la documentación que fuera solicitada desde la Legislatura.

"Evidentemente la mutación que ha hecho Ibarra de no someterse a los plazos que unánimemente la Legislatura dispone para que el Poder Ejecutivo responda los pedidos de informes, es un signo más de su desprecio al Poder Legislativo y su función", sostuvo del legislador de Recrear, que impulsó el rechazo al veto a la brevedad posible por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales y el cuerpo en pleno.

En los fundamentos del veto el Ejecutivo establece que, en primer lugar, "la iniciativa pretende reglamentar dos normas de la Constitución de la Ciudad (artículos 83 inciso 4 y 105 inciso 4) que son de por sí autosuficientes y operativas, prueba de ello es que desde la fecha de sanción de la misma, el sistema de pedidos de informes se ha venido implementando a lo largo de los años".

Por otra parte, sostiene que "la Ciudad de Buenos Aires adopta la forma de gobierno republicana y representativa" y que "respetando este principio la Constitución establece taxativamente las atribuciones de la Legislatura de la Ciudad, sin que ninguna de ellas le otorgue competencia para imponer obligaciones, plazos y sanciones al Poder Ejecutivo como los que el proyecto de Ley en cuestión propicia".