Avanza la cautelar por Beara
El gobierno porteño pese a su negativa deberá remitir a la justicia la documentación relacionada a los locales habilitados como fiestas privadas. La Sala II de Apelaciones en el fuero Contencioso sentenció a la gestión PRO a que remita toda la información respecto a los boliches que funcionan bajo el mismo rubro que lo hacia el derrumbado Club Beara, donde fallecieron dos mujeres y 30 quedaron heridos, entre ellos desfigurados.
Los camaristas Mabel Daniele, Esteban Centanaro y Horacio Corti rebatieron los dos argumentos por los que la Procuración de la Ciudad, a cargo de Ramiro Monner Sans, apeló la primera sentencia que exige remitir ?copia certificada de todos los actos administrativos que dispusieron las habilitaciones de los locales rubro ?Salas de Fiestas Privadas? y/o ?Casas de Fiestas Privadas??, la fecha de la última inspección realizada y el resultado que arrojó? en esos locales, y por último ?los pedidos de habilitación que se están tramitando?.
Para el macrismo entregar la información era inadmisible, por eso pretendía que no sean admitidos tanto quien inició el amparo, el abogado José Iglesias, como el asesor Tutelar de Menores, Gustavo Moreno, que impulsó la demanda contra el gobierno.
Por otra parte los abogados PRO quisieron correr a la jueza de primera instancia, Alejandra Petrella, porque consideraron que su sentencia precautelar es ?desproporcionada e irracional? por requerir documentación e informes del millonario negocio de las fiestas privadas.
Estos dos argumentos fueron rebatidos por los camaristas quienes consideran que ?la condición de habitante que reviste el amparista resulta suficiente? para demandar y a la jueza Petrella la defendieron diciendo que ?la decisión pre-cautelar es una solución vinculada con la urgencia y justicia del caso?, y agregaron los camaristas de la Sala II que los abogados del gobierno no dieron ?ninguna explicación medianamente elaborada que permita sostener su argumento?.
La gestión macrista teme que el amparo termine en una sentencia que ?suspenda el funcionamiento y habilitaciones de todas las salas de fiestas privadas? como solicitó el abogado José Iglesias y respalda Gustavo Moreno.
Ciento diez salas de fiestas privadas son cuestionadas porque ?ninguna de ellas se encuentra bajo normativa que regule la habilitación y funcionamiento de dicha actividad?, y a raíz de la ausencia de normativa es que funcionan ?locales bailables encubiertos, de locales habilitados para otras actividades, como restaurante, café, bar?, sostienen los denunciantes.
