Caram acusó a Ibarra de desviar 84 millones de pesos

En una charla realizada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el candidato a jefe de Gobierno por la Unión Cívica Radical, Cristian Caram, acusó a Aníbal Ibarra de haber desviado 84 millones de pesos de AUSA para realizar obras de asfaltado. "El mismísimo Carlos Grosso se habría puesto colorado de hacer algo así", aseguró.

Según Caram, "obviamente lo hizo para mostrar gestión rápidamente, ya que esto por las vías legales demora algún tiempo porque debe atravesar los controles que exigen los procedimientos para compras del Estado con respecto a contratar empresas que hagan esas tareas. Además, en base a un estudio las tareas de repavimentación, deberían durar 10 años, mientras que, tal como se están realizando actualmente, apenas llegarán al año y medio de supervivencia".

En la denuncia realizada por el diputado porteño consta que "AUSA es una sociedad anónima del estado cuyo capital accionario corresponde en un 99 por ciento al Gobierno de la Ciudad. Originariamente, en el estatuto de la empresa figuraba que su objeto sólo era la explotación y administración de autopistas".

"En marzo del año 2002 -agregó- se cambió el estatuto para permitir que, además de la finalidad original, la empresa pudiera construir obras públicas y privadas, entre otras iniciativas más vinculadas a las de un holding empresario que a las de una sociedad estatal".

Los ingresos de AUSA son de 120 millones anuales, obtenidos por los peajes. El 70 por ciento se lo daba a la Ciudad y el 30 por ciento restante se utilizaba para pagar el IVA, la estructura administrativa y el mantenimiento general. Por decreto del Ejecutivo, a partir de mayo del 2002, el 70 por ciento, en lugar de entregarse al Gobierno de la Ciudad en pesos, puede hacerlo en obras.

"El argumento que utilizan desde el Gobierno es que AUSA se rige por la Ley Nacional 19.550 (Ley de Sociedades Comerciales). Así, los miembros del directorio en lugar de ser funcionarios públicos podrían figurar como ejecutivos de una empresa privada. Las obras de bacheo y pavimentación hasta este arreglo eran realizadas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Gobierno porteño, cuyo titular es el procesado por malversación de fondos públicos, Abel Fatala", sentenció Caram.

El vicepresidente primero de la Legislatura acotó que "las obras que hace AUSA son con contrataciones directas y licitaciones privadas donde no existe competencia entre empresas por calidad y precio. De este modo, de las 37 contrataciones que se realizaron entre mayo del 2002 y marzo del 2003, se adjudicaron 13 a dos empresas, que se llevaron así el 51 por ciento de los montos. Lo que da cuenta de una discrecionalidad absoluta".

Por su parte, la Cámara Argentina para Pymes de la Construcción realizó una denuncia contra Ibarra y Fatala por considerar, a partir de una auditoría realizada por peritos especialistas, que las obras de bacheo y pavimentación no durarán más de un año, en lugar de los 10 años que debería durar una obra de este tipo bien hecha.

Fatala y el presidente de AUSA, Héctor Rossi, fueron interpelados en la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura la semana pasada. Allí defendieron las obras realizadas y el sistema de contrataciones utilizado por la empresa.