Jueces nacionales se alejan de la postura K ante los piquetes
La no intervención estatal en las protestas sociales es desde hace casi una década la política marcada por el Gobierno nacional tanto en lo que a acción policial como a intervención judicial respecta. Sin embargo, lo que por años fue regla, comenzó a cambiar en la justicia nacional. Un reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal revocó una sentencia de primera instancia que dispuso el sobreseimiento de quien efectuó un piquete e impidió el ingreso de vehículos a un local comercial al enmarcar la protesta en el derecho de huelga previsto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
En el marco de la causa ?B.O. sobre coacción?, los camaristas nacionales discreparon con el juez de primera instancia que consideró que en un piquete por reclamos laborales no encuadra en figura penal alguna por desarrollarse en el marco del ejercicio del derecho de huelga , y sostuvieron que ?las constancias de la causa parecen señalar que la obstrucción del paso de vehículos a los locales comerciales de la accionante, mecanismo utilizado como método de presión para exigir una conducta determinada, habría sido llevado a cabo por un grupo conformado en su mayoría por quienes ni siquiera eran trabajadores en relación de dependencia del comercio afectado?.
La participación en un piquete de personas ajenas al reclamo es, a criterio de los integrantes de la Cámara en lo Criminal y Correccional, razón suficiente para que las conductas investigadas se ubiquen ?fuera del simple ejercicio del derecho? a huelga por lo que correspondería encausar la investigación en el marco de la posible comisión de un delito.
Ante lo resuelto por la Cámara, y en el marco del artículo 294 del Código Procesal Nacional la justicia convocar a indagatoria a los acusados de realizar el piquete en cuestión.
DOS POSTURAS JUDICIALES PARA UN MISMO HECHO
En la Ciudad de Buenos Aires dos actitudes policiales y judiciales contrapuestas en lo que a piquetes se refiere conviven desde hace tiempo. La administración PRO, la Policía Metropolitana, los fiscales porteños y los jueces en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad enfrentan los piquetes esgrimiendo el Código Contravencional el cual en su artículo 78 sanciona con multas de hasta mil pesos y un máximo de 5 días de trabajos comunitarios, a quienes impidan o obstaculicen la circulación de vehículos por la vía pública. Desde el Gobierno nacional en cambio se instruyó a las fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería y Prefectura) que no intervengan frente a protestas sociales por encontrarse ejerciendo derechos constitucionales, postura que mayoritariamente fiscales nacionales y jueces reprodujeron en sus dictámenes y fallos.
El reciente fallo de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, podría generar un cambio en el tratamiento judicial de los cortes de calles en la Ciudad de Buenos Aires.
