Los K presionan para que la Ciudad asuma más competencias judiciales
Un nuevo frente de conflicto se abrió entre la Ciudad y la Nación. En medio de la pelea por el traspaso del subte, y de las posturas estáticas en cuestión de quién es el responsable de dicho servicio, desde la Legislatura de la Ciudad se impulsa un proyecto que traerá un nuevo eje de discusión sobre competencias y traspasos. Días atrás, el legislador Aníbal Ibarra (del bloque Frente Progresista Popular que integra el grupo de aliados K) presentó un proyecto para que la Ciudad acepte "sin limitaciones ni reservas, la transferencia de la totalidad de las competencias establecidas por la Ley Nacional Nº 26.702 para investigar y juzgar los delitos y contravenciones cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cuales se asumirán ordenadamente".
La ley nacional en cuestión fue sancionada en septiembre de 2011 en la Cámara de Diputados tras haber sido impulsada y aprobada por el Senado a propuesta del senador porteño Daniel Filmus (FpV). Si bien la ley establece que la transferencia de los delitos de la justicia nacional a la de la Ciudad se realizará con los correspondientes recursos, desde el PRO, el propio jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, cuestionó al Gobierno nacional por no remitir las partidas correspondientes a los dos convenios firmados por los Ejecutivos nacional y porteño para transferencia de competencias penales, lo que hace temer que la falta de transferencias de recursos se repita con el traspaso de las nuevas competencias establecidas por la ley votada hace casi un año.
"Cómo explicamos que en los convenios judiciales hicimos todos bien, traspaso hecho, nombramos fiscales, jueces, alquilamos edificios, presentamos la factura para que nos paguen el convenio y nunca nos pagaron. Cuando hacés todo bien, no cumplen", dijo días atrás Macri poniendo el tema de los traspasos de competencias judiciales sobre el tapete y adelantando la posición del PRO en contra de aceptar más transferencias sin recursos.
Según el texto de la ley de transferencia de competencias penales, la justicia porteña debería sumar a su intervención varios delitos vinculados con los que ya atiende como lesiones, abuso de armas, duelo, violación de domicilio, incendio y otros estragos, tenencia, portación y suministro de armas de guerra, impedimento u obstrucción de contacto, penalización de actos discriminatorios, y delitos y contravenciones en el deporte y en espectáculos. En el proyecto propuesto por Ibarra, estos delitos deberían comenzar a atenderse en los tribunales de la Ciudad casi de inmediato, a partir del 1º de octubre de 2012.
La iniciativa también plantea que el 1º de marzo de 2013 entrará en vigencia la transferencia de competencias para investigar y juzgar los delitos cometidos en el territorio de la Ciudad correspondiente a actos cometidos por funcionarios públicos de la administración local, o contra sus funcionarios públicos, que atenten contra el funcionamiento de sus poderes públicos u ocurran en el marco de un proceso judicial que tramite ante los tribunales locales. El Poder Judicial de la Ciudad también podrá entender en causas caratuladas por atentado y resistencia contra la autoridad; falsa denuncia de delitos cuya competencia se encuentre transferida a la Ciudad; usurpación de autoridad, títulos u honores; abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos; violación de sellos y documentos; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; prevaricato; denegación y retardo de justicia; falso testimonio; y evasión y quebrantamiento de pena.
También se sumarán los delitos por falsificación de sellos, timbres y marcas, y falsificación de documentos; delitos de los funcionarios públicos contra la libertad individual; delitos contra la libertad de trabajo y asociación; estafa procesal acaecida en procesos judiciales tramitados ante los tribunales de la Ciudad; defraudación; delito contra la seguridad del tránsito; y desarmado de autos sin autorización.
El cronograma de traspasos continúa. A partir del 1º de agosto de 2014, de aprobarse en la Legislatura porteña la iniciativa, entraría en vigencia un último grupo de transferencias de competencias penales vinculadas a la ley de estupefacientes y el suministro irregular de medicamentos.
Apoyados en el proyecto de Ibarra el kirchnerismo buscará que la Legislatura presione al Gobierno de la Ciudad a asumir las nuevas competencias judiciales que por años, la propia justicia porteña reclamó. Sin embargo, las filas K deberán convencer a diversos bloques opositores para que la iniciativa cuente con el apoyo necesario para su aprobación, ya que el macrismo no dará su voto si desde el Gobierno Nacional no se realizan las transferencias de recursos correspondientes para la atención de ciento de causas penales que generará alivio en la carga laboral de los jueces nacionales.
Desde la Coalición Cívica, el presidente de dicho bloque en la Legislatura porteña, Fernando Sánchez, hizo hincapié en la diferencia entre una ley convenio abalada por los poderes legislativos de cada jurisdicción y una ley nacional sancionada por el Congreso.
"Las transferencias de competencias deben hacerse con convenios suscriptos por los Ejecutivos y validados por los legislativos. Esta ley no tiene la firma ni del Poder Ejecutivo Nacional y del de la Ciudad. Para tornarla válida debería haber un convenio", dijo a NU Sánchez.
Y remarcó: "Esa ley es inválida porque no tiene convenio. La Coalición Cívica está a favor de las transferencias pero bien hechas, para no generar más conflictos como los producidos por la policía o el subte. El problema que ahora tiene el PRO es que en la Legislatura no van a querer votar algo que en el Congreso votaron y festejaron".
