Cómo es el presente de las empresas recuperadas

El 12 de septiembre de 2002, un grupo de legisladores porteños decidió empezar a transitar un camino nunca antes explorado por el Parlamento de la Ciudad: la expropiación de empresas a manos de cooperativas de trabajadores. Desde ese día, la Legislatura declaró de utilidad pública por dos años y sujeta a expropiación a siete empresas, las cuales actualmente están trabajando bajo el control de las cooperativas de empleados que lucharon por conservar su fuente laboral.

El grupo de diputados pioneros en impulsar este tipo de iniciativas estuvo compuesto por Enrique Rodriguez, Beatriz Baltroc, Juliana Marino, Vilma Ripoll, Delia Bissutti, Raúl Puy, Abel Latendorf, Luis García Conde, Clori Yelicic, Patricio Echegaray, Jorge Altamira, Lía Medez, Daniel Bravo y Silvia Gottero.

Tal como explicó recientemente el diputado justicialista Jorge Argüello, "la República Argentina ha atravesado en los últimos años un proceso recesivo que tiene una especie de círculo perverso. Una empresa entra en dificultades y aparece este círculo perverso que comienza con la aceptación de la reducción de los salarios para no perder los puestos de trabajo. Esto continúa con la pérdida de los beneficios sociales; luego, con la falta de aportes jubilatorios; posteriormente, sigue con la falta de aportes de obra social y luego viene la retención indebida de los descuentos salariales. Por último, la empresa empieza a cerrar y comienzan las suspensiones para que algunos, por lo menos, no pierdan los puestos de trabajo".

"Después de hacer este círculo, esta situación vuelve al punto de origen en el que no hay más remedio que llevar la empresa a la quiebra. Esto ocurre independientemente de la situación o posición económica del propietario de la empresa y acarrea una consecuencia: una larga agonía para los trabajadores que, de a poco, van viendo cómo se reducen sus derechos para, al final, no tener ninguno. Cuando la agonía termina, el círculo se cierra, ya sea porque la empresa entró en convocatoria y se declaró la quiebra, o bien porque el mismo propietario, dueño o empresario, hace lisa y llanamente abandono del establecimiento, como ha ocurrido algunas veces en la Provincia de Buenos Aires y también en nuestra Ciudad".

GHELCO

La primera empresa recuperada fue Ghelco SA (Ley 881 sancionada 12/09/2002), cuya especialidad son los insumos para heladerías, panaderías y confiterías. "Estamos trabajando muy bien y gracias a la ley que sancionó el jueves pasado la Legislatura -que facilita la entrega de permisos para comerciar- no se nos va a ser tan difícil conseguir las habilitaciones y certificaciones para poder comercializar los 1.700 productos que tenemos. La idea ahora es exportar", se entusiasma Norbeto Monzón, integrante de la Cooperativa Vieytes.

No sólo recuperaron clientes y sumaron a otros, sino que ya duplicaron el salario que ganaban con los patrones: de 600 pesos pasaron a 1200, en promedio. Eso sin contar que guardan dinero para invertir y como fuente de reserva. Y en marzo de 2003, en la Ciudad de Ginebra, Suiza, la Asociación Internacional de Mercadotecnia le otorgó a Ghelco el Galardón Mundial a la Calidad del Siglo XXI, por la calidad de sus productos y por el profesionalismo de sus servicios.

CHILAVERT ARTES GRÁFICAS LIMITADA

El mismo día en que se sancionó la Ley 881, el Cuerpo aprobó la declaración de utilidad pública de la empresa Gaglianone, una imprenta que funcionaba desde 1923 y había alcanzado gran prestigio en la edición de libros de arte (Ley 882). Actualmente, la empresa se encuentra en manos de la Cooperativa Chilavert Artes Gráficas Limitada, que fue formada por los últimos empleados cuando en abril de 2002 la quiebra se hacía evidente, así como la intención del dueño de retirar la maquinaria. Ernesto González, integrante de la cooperativa señaló que "pese a que el mercado editorial se retrajo mucho en los últimos tiempos y hay algunos problemas de cobranza, no nos podemos quejar. Tenemos bastante trabajo".

González se mostró muy satisfecho con la modificación de la Ley de Expropiaciones (Nº 238) que aprobó la Legislatura recientemente, ya que les da más posibilidades de poder acceder a las maquinarias en un futuro próximo y abogó porque "se revea la Ley de Quiebras, porque en lo que respecta a los acreedores, primero se tienen en cuenta a los bancos y luego a los trabajadores, cuando tendría que ser al revés".

GRISINÓPOLIS

Luego le tocó el turno a la empresa Grisines Savio o Grisinópolis (Ley 910 sancionada 10/10/2002), la cual tenía 17 socios que no se ponían de acuerdo entre sí. La empresa iba vaciándose a medida que se acumulaban los sueldos adeudados. El 3 de junio del 2002 los trabajadores decidieron no elaborar y se los acusó del cierre de la fábrica. Los dueños no volvieron a aparecer y los trabajadores hicieron turnos para defender el lugar hasta que se organizaron como cooperativa.

"Actualmente, se han recuperado varios clientes y estamos arreglando máquinas que se deterioraron al estar cerrada la fábrica durante un tiempo. De todas maneras nos haría falta que se acercaran más clientes y que, tal vez, el Gobierno estudiara comprarnos nuestros productos ya que podría utilizarlos tranquilamente", expresó Norma, integrante de la Cooperativa La Nueva Esperanza Limitada.

GRÁFICA EL SOL

Mediante la Ley 936 sancionada el 14 de noviembre de 2002, la Cooperativa de trabajo Artes Gráficas El Sol Limitada, formada por los ex trabajadores de la fallida empresa Gráfica Valero SA, quedaron legalmente a cargo de la institución comercial. La especialidad de esta empresa es la impresión de folletería, afiches, libros y revistas de tiraje corto.

"Estamos trabajando en un 50 por ciento, lo cual da una pauta de las necesidades que tenemos. Además, realmente nos preocupa de qué manera vamos a poder quedarnos con las máquinas, por el hecho de que hay un tope de dinero que fija la Ley 936, que es de 200.000 pesos y hay máquinas que valen 980.000 a valor de mercado. Ojalá que la modificación de la Ley 238 no sea sólo por razones políticas y realmente nos permita acceder a las máquinas a menor precio", explicó Daniel López, miembro de la cooperativa.

DIÓGENES TABORDA LIMITADA

La Ley 1005, sancionada 19 de diciembre de 2002, otorga a la Cooperativa de Trabajo Diógenes Taborda Limitada, formada por los ex trabajadores de la malograda Fortuny Hermanos y CIA SA, el control de la empresa, que se dedica a hacer sunchos de alta resistencia y respuestos de materiales agrícolas. Según afirmó el presidente de la Cooperativa "ya se logro una pequeña capitalización, ahora lo importante es encontrar nuevos clientes y reconquistar los viejos. Por lo pronto -señaló-, estamos tratando de obtener todas las certificaciones necesarias para seguir comercializando nuestros productos".

COOPERPEL

El 12 de junio de este año, los legisladores sancionaron la Ley 1037, que declaró de utilidad pública la fallida empresa Induspel SA, a favor del funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo Cooperpel Envases Industriales Limitada. El presidente de la cooperativa, Carlos Bronstein, subrayó: "Nunca se paró de trabajar y, si bien no tenemos más trabajo, a partir de la Ley 1037 nos empezaron a vender. Por suerte la cooperativa anda muy bien, aunque con los problemas que siempre surgen".

VINIPLAST

Fue la última empresa recuperada, mediante la Ley 1077, sancionada el 18 de septiembre pasado, que otorga a los ex empleados de Viniplast, organizados en la Cooperativa de Trabajo Viniplast Limitada, la utilización de la fábrica. Según Hugo Fuzek, miembro de la cooperativa, "se está trabajando bien y se ha pasado de ser nueve trabajadores a ser catorce. Estamos encuadrados legalmente y aunque no tenemos ayuda del Estado, estamos produciendo", remarcó.

Si bien todas las empresas están trabajando y poseen una importante cantidad de clientes, ninguna -excepto Ghelco- ha logrado funcionar al 100 por ciento, ya que no han podido invertir lo suficiente. Por tal motivo, todas coinciden en algo: es necesario que el Estado porteño tenga un rol más activo que les permita acceder a un crédito o subsidio, extremadamente necesario para que puedan crecer lo suficiente como para que sus trabajadores puedan conservar definitivamente sus respectivas fuentes laborales.

No hay que olvidar que la declaración de utilidad pública es por dos años -así lo establece la Ley 238- y vencido ese plazo, se deberá analizar la factibilidad de avanzar con la expropiación. La viabilidad de que este proceso culmine con éxito para las cooperativas depende exclusivamente de los balances de las empresas y del capital que hayan adquirido para afrontar los gastos que les signifique esta instancia.