La Justicia pidió más presupuesto

Las exposiciones de las diversas áreas que integran el Estado porteño ante los legisladores de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura concluyeron el pasado martes con la presencia de los representantes del Poder Judicial de la Ciudad. Tal como ocurrió en años anteriores, el diseño presupuestario de la Justicia, tras ser presentado al Ministerio de Hacienda, sufrió recortes de diversas índoles. Dispuestos a defender la pauta de gastos estipulada por la administración del Poder Judicial porteño, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Teresa Moya, expuso ante los legisladores el presupuesto proyectado por dicho organismo y cuestionó el recorte de casi el 50 por ciento realizado por el Ejecutivo.

El Consejo de la Magistratura propuso un presupuesto por 723 millones de pesos, de los cuales 200 millones estarían destinados a la compra de edificios nuevos, también están contemplados los gastos que generaría la creación de 9 juzgados nuevos del fuero Contencioso, y los gastos extras por personal que demandarán las nuevas estructuras creadas por la Ley 7. El Ministerio de Hacienda recortó en varios millones el proyecto presupuestario presentado por el Consejo, eliminó las partidas para compras de edificios e incrementó en un 10 por ciento el presupuesto aprobado por la Legislatura para el 2010. De acuerdo al proyecto del Ejecutivo, el Consejo debería poder funcionar y ampliar las estructuras jurisdiccionales con 368.533.644 pesos, de los cuales, 103.569.628 tendrían como destino los gastos del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, y 81.549.958 pesos para el Penal, Contravencional y de Faltas.

Explicando los motivos del incremento presupuestario solicitado, Moya remarcó que para el año próximo se espera la transferencia de nuevas competencias penales a la Justicia de la Ciudad, la cual ya cuenta con la aprobación del senado; mencionó el proceso que se está llevando a cabo para la designación de jueces, fiscales y defensores de las nuevas estructuras creadas tras la modificación de la Ley 7; y señaló las problemáticas edilicias que tiene la Justicia. ?Se trata de un Poder Judicial que está en crecimiento?, subrayó, mencionando que entre los objetivos del 2011 se encuentra ?adquirir inmuebles para expandir el espacio para el Poder Judicial porteño?.

"Esta comisión se encuentra abierta para discutir entre lo necesario y lo posible", dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto, Álvaro González, ante la importante diferencia presupuestaria entre el proyecto del Consejo de la Magistratura y el elevado por Hacienda.

Justificando el incremento solicitado para el próximo año, Moya se refirió a la meta de "afianzar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires" y al proyecto de ley que ya tiene aprobación del senado, para "el traspaso de 27 delitos" que serán competencia de esta jurisdicción. "Se trata de un Poder Judicial que está en crecimiento", dijo y en ese sentido aseguró que se prevé la creación de 16 fiscalías en el Fuero Contravencional y de Faltas, y de 9 juzgados en el Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario.

Críticos de los recortes realizados por el Ejecutivo también se expresaron los titulares del Ministerio Público. La Asesora Tutelar General de Menores e Incapaces, Laura Musa, informó que el presupuesto 2010 estará ejecutado a fin de este ejercicio en un 99 por ciento, y remarcó que el proyecto presupuestario del Ejecutivo para el área a su cargo (32.639.847 pesos), representa una partida un 30 por ciento menor a lo solicitado. ?Esta reducción no va a permitir lograr la institucionalidad establecida en la ley", subrayó Musa destacando que aún no se han puesto en funciones la totalidad de las estructuras que la Ley 7 diseñó para el órgano encargado de velar por los derechos de los menores.

Ante las preguntas de los legisladores, la Asesora General informó que tiene dos convenios firmados, uno con la Facultad de Derecho y otro con la de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, por un monto de 200 mil pesos en total, con el fin de formar profesionales especializados en Derecho Público para la Infancia y en capacitación presupuestaria, respectivamente. Y comentó que a fin de año habrá cumplido con la meta de incorporación de personas con discapacidad previsto en la ley 1502.

El titular del Ministerio Público de la Defensa, Mario Kestelboim, recordó a los legisladores la proporcionalidad que históricamente se ha defendido en la composición y presupuesto de los tres órganos que integran el MP. Tras realizar un detallado racconto de la gestión realizada en 2010, y destacar que la Defensoría actúa "en todas las comisarías de la Ciudad, en las dependencias de la Gendarmería y de la Prefectura" y continúa ampliando sus funciones e incrementando la carga laboral debido a la transferencia de competencias penales", Kestelboim mencionó el proceso de concursos que se está llevando a cabo para designar nuevos defensores, el plan de creación de nuevas Oficinas de Atención al Habitante descentralizadas y el costo que estas nuevas estructuras demandará.

"Tenemos pensado que la actividad de asistencia de nuestra oficina debe extenderse hacia donde reside la población vulnerable, la que menos posibilidades tiene de trasladarse al centro de la ciudad", aseguró Kestelboim.

Para la Defensoría General, el Ejecutivo propuso una partida presupuestaria de 89.448.971 pesos.


A su turno, el fiscal General de la Ciudad, Germán Garavano, también se manifestó crítico del recorte presupuestario sufrido por el Ejecutivo (más de 50 millones de pesos menos, lo que representa un recorte del 30 por ciento del presupuesto solicitado), y consideró que los millones recortados son indispensables para continuar con los programas de asistencia a la víctima y acceso a la Justicia, completar el cuerpo de investigaciones judiciales y ?para hacer frente el aumento de trabajo?.

"El presupuesto no nos sobra, y lo ejecutamos", dijo Garavano, mencionando que este año la ejecución alcanzará el 98.14 por ciento. También afirmó ser el único organismo que cumple con el cupo del 5 por ciento de personas con discapacidad entre los empleados de la institución; que "el gasto de administración es menor al 10 por ciento", mientras que "el resto es para áreas que prestan servicios hacia el exterior"; y que el organismo no ha tenido impugnación en los procesos de compras.

El Fiscal General, remarcó que el "primer objetivo es el acceso a la Justicia como mandato constitucional y como derecho que permite el acceso a otros derechos"; relató los avances y proyectos del plan de descentralización de las unidades de la fiscalía en los distintitos barrios, y destacó que se ha hecho eje en la zona sur y con un horario de atención que se extiende hasta las 20 horas.

"Hemos atendido a más de 30.000 personas", resaltó Garavano, y adelantando a los legisladores que el crecimiento en la carga laboral continuará el año próximo, estimando una atención de 4000 pesos por fiscal.

El cierre de la reunión recayó en el titular del área administrativa del Tribunal Superior, César Torres, quien, a diferencia de sus antecesores, aseguró que están "conformes con la partida de Presupuesto enviada a la Legislatura" de 43.233.427 de pesos.

Torres destacó la "eficiencia en la gestión" en el máximo tribunal porteño, y sostuvo que "la incorporación de tecnología posibilitó una racionalización de gastos". Entre otros puntos, el funcionario subrayó que "ningún juez utiliza telefonía celular a cargo del Tribunal", que la institución sólo cuenta con un vehículo, y solicitó que se apruebe la conformación de un fondo fiduciario.