El otro ejército

Las palabras impactan como aguijones que se aferran a sus víctimas con la intención de poseerlas por completo. Los textos de quien es considerado el padre de la sociología moderna, el alemán Max Weber, no sólo tienen esa virtud, sino que en muchos casos pueden transformar el pensamiento de quien cae bajo su hipnótica lectura.

El economista germano nacido en Erfurt en 1864 y muerto en Munich en 1920, dejó una obra escrita que lo volvió inmortal. Al citar su famoso libro "La ética protestante y el espíritu del capitalismo", que concibió entre 1904 y 1905; la importancia de su legado no necesita mayores argumentos en forma de prosa periodística. El renombrado sociólogo fue quien manifestó, que en los tiempos modernos "el Estado es quien monopoliza el uso de la fuerza". Al hacer está afirmación, Weber se refería al control de policía que ejerce el Estado moderno sobre la sociedad. Y esto tiene que ver con uno de los principales roles del ¿antiguo? estado de bienestar: el de brindar seguridad a la población. Para decirlo con claridad: los gobiernos, sin importar su ideología, ya sean nacionales, provinciales, distritales o municipales, son los encargados de proteger a sus gobernados. Ésa es la función básica y elemental que una gran parte de los habitantes de la Argentina viene reclamando en esta última década y hoy particularmente, a la administración nacional de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El tema de la inseguridad viene acaparando en las últimas semanas los principales titulares de los medios informativos gráficos y las noticias diarias más importantes de los noticieros de televisión y los canales de noticia. Por estos días y en plena campaña electoral para las legislativas del domingo 28 de junio, la cuestión de la inseguridad se convirtió en un tema de interés nacional.

A lo reflejado en los medios, se le puede agregar la marcha convocada para exigir seguridad, que el miércoles pasado junto a ocho mil personas en la Plaza de Mayo, y los dichos permanentes de políticos de cualquier procedencia, que opinan sobre el tema. Desde la gestión kirchnerista la cuestión de la inseguridad siempre fue tratada desde una óptica distinta a la elegida por los medios masivos; el ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, fue quien se encargó de asegurar públicamente que las cifras del delito no subían desde hace años y, además, se convirtió en el político K que ninguneó las quejas sobre la falta de seguridad, de los famosos, nada menos que dos pesos pesados de la farándula, como son Marcelo Tinelli y Susana Giménez.

La propia integrante de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, señaló que la sociedad debe "bajar un cambio" al referirse a los pedidos de pena de muerte que se realizan cada vez que ocurre un asesinato violento o es muerto un policía. Para la magistrada, quienes pidan la pena de muerte, "están convirtiéndose en asesinos". La propia Cristina Fernández de Kirchner, manifestó en un acto realizado el miércoles en San Fernando, que "la inseguridad no se resuelve con acumulación de riqueza, porque hay países ricos con las cárceles llenas, la clave es lograr que no haya tanta brecha entre ricos y pobres". Sin embargo, para la oposición, la administración nacional no hace lo suficiente para solucionar el problema. La vicejefa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Michetti, pidió el mismo miércoles en que habló la Presidenta, que se convoque a una mesa nacional para discutir entre todos los sectores la problemática de la inseguridad.

Pero volviendo al razonamiento del sociólogo Max Weber, si el Estado no se encarga de monopolizar el uso de la fuerza, ese lugar es ocupado por un conjunto de empresas que brindan a la población seguridad privada y como no es difícil de deducir, también se benefician de la ola de inseguridad, transformando la cuestión en creciente, próspero y millonario negocio. Y las cifras a las que accedió Noticias Urbanas parecen confirmar la oración anterior.

Se calcula que en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires existen aproximadamente "80 mil hombres", que forman parte del ejército de la seguridad privada. Un número que dobla a la cantidad de miembros que tiene la Policía Federal. Todo un dato.

LA HORA DEL BILLETE

Antes de comenzar el diálogo en off the record con este semanario, el ex comisario mayor de la policía bonaerense que asesora a una importante agencia de seguridad de la Ciudad, sonríe con sarcasmo, al escuchar el enunciado de la pregunta básica sobre el negocio de la inseguridad y su rápido crecimiento. "Es verdad que el filón de la inseguridad comenzó a fines de la década del noventa, cuando el modelo comenzó a mostrar las fisuras del mismo y nacieron muchas empresas que brindaban esos servicios, más que nada en las zonas metropolitanas y de las grandes ciudades, como ocurrió en la Provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal. Pero también, es cierto que hubo una especie de mano negra que hizo que la inseguridad creciera de manera vertiginosa en los últimos cinco años y las agencias de seguridad se encargaran de brindarle sus servicios a un sinnúmero de solicitantes, con lo cual se generó un negocio millonario de varios millones de pesos. Eso tendría una explicación lógica al analizar quiénes son los dueños de las empresas de seguridad. La mayoría de ellos son integrantes de alguna fuerza de seguridad, ya sea ejército, policía, gendarmería o prefectura", de esa manera, comenzó la charla con este semanario, el ex uniformado.

Según un experto en seguridad que trabaja en un organismo de ayuda internacional con sede en Buenos Aires y que fue consultado por Noticias Urbanas, sobre la cuestión, "la inseguridad que vive la población es real", aunque también reconoció que en determinados momentos del país, "la sensación de falta de seguridad fue fogoneada por sectores empresarios interesados en quedarse con el negocio que fueron generando las empresas el sector".

Para este especialista, la privatización que sufrieron los sectores claves del Estado en los noventa, también afectó a la seguridad. "Luego la decadencia del sistema generó mayor pobreza y con eso una mayor violencia social y así se cerró el círculo vicioso del que se aprovecharon los empresarios de la seguridad", afirmó la fuente interrogada por este semanario. Y de ese crecimiento fue testigo directo la Ciudad.

"La mayoría de los restaurantes, bares, locales bailables, negocios de firmas de prestigio y empresas de cierta importancia de la Capital Federal, cuentan con los servicios de una agencia de seguridad. El costo de este beneficio no es nada menor, ya que el servicio básico que cualquier empresa de seguridad le brinda a los lugares antes mencionados, incluye la instalación de un importante equipo de cámaras de video (como mínimo son necesarias cuatro por habitación, salón, oficina o espacio prefijado para la vigilancia), un número que varía entre cinco y veinte hombres (que pueden estar armados) para encargarse del lugar físico a vigilar y como último, todo el equipamiento de logística y comunicaciones para estar comunicados entre ellos y con la sede central de la propia agencia", explicó con detalle de profesor escuela, un integrante de una agencia de seguridad capitalina que fue consultado por este semanario sobre la operatividad de las empresas en cuestión.

EL MAPA CAPITALINO

Los lugares de la Ciudad que pagan seguridad privada se multiplicaron en los últimos años. La Dirección General de Seguridad Privada del Gobierno porteño, a cargo de Selso Darío Uranga Giménez, maneja un listado, con la cifra nada despreciable, de 112 boliches bailables de la Capital Federal que contrataron los servicios de una agencia de seguridad y que además, tienen registrado al personal de la misma en una lista, que también manejan las autoridades comunales. Según las leyes de la metrópolis, "el personal que presta servicios de seguridad en locales bailables, debe estar habilitado y dado de alta completando su capacitación en la especialidad de Vigilancia en Locales Bailables".

La normativa, además, indica que "el personal debe estar identificado con vestimenta distintiva y con la correspondiente tarjeta de identificación, cuyo modelo debe ser previamente aprobada por la Autoridad Adminis-trativa".

Las cifras oficiales aseguran, también, que existen 490 empresas de seguridad privada inscriptas en el registro que posee la Dirección General de Segu-ridad Privada capitalina y en el cual es imprescindible registrarse para poder trabajar en la metrópolis. Para el observador neutral hay un dato que no pasa desapercibido: casi la totalidad de estas agencias poseen la autorización que les permite a sus miembros portar armas de fuego. Otra cuestión que llama la atención, entre las empresas registradas en la Capital Federal, son la cantidad de compañías que están vinculadas a ex integrantes de las fuerzas de seguridad, con pasados nada elogiables.

Por citar sólo un caso se puede mencionar a "MCM Global Security", la empresa con sede administrativa en el tercer piso de la calle Maipú 746 y cuyo mandamás es nada menos que el ex comisario mayor de la bonaerense, Mario "el Ñoño" Naldi, socio de toda la vida del ex secretario de seguridad provincial y ex comisario mayor Ramón Orestes Verón, y del comisario retirado de la bonaerense Oscar "Coco" Rossi. Este último, luego de su retiro de la fuerza, se dedicó por un tiempo a ocupar el puesto de director ejecutivo de Prosegur, una de las empresas de seguridad más importantes de la Ciudad. La acumulación de datos se encarga por sí sola de demostrar que detrás del flagelo de la inseguridad, también existen otras personas que se encargan de hacer una buena diferencia, con lo que ellos consideran un negocio más y de por sí demasiado rentable como para dejar pasar.


(PUBLICADO ORIGINALMENTE EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 181, DEL 26/03/09).