Las extradiciones de militares repercuten en la Ciudad
El pasado viernes 25 de julio el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, firmó el decreto 420 a través del cual derogó el decreto presidencial número 1.581, sancionado en 2001 por el ex presidente Fernando de la Rúa. Dejó así sin efecto la norma que impedía la extradición a países extranjeros de ex represores de la última dictadura argentina, acusados de haber violado los derechos humanos durante aquel régimen.
En la Ciudad de Buenos Aires algunos candidatos opinaron sobre la derogación del decreto.
La candidata a jefa de Gobierno porteña por la Izquierda Unida (IU), Vilma Ripoll, calificó al decreto de De la Rúa de "aberrante, otra forma más de impunidad. Al ser anulado, ahora pueden pasar meses hasta que la Justicia resuelva cada caso. Por eso, para garantizar la extradición de los genocidas, habría que meterlos presos preventivamente", señaló la candidata.
Ripoll, que es actualmente diputada porteña, afirmó que lo ideal sería "que todos ellos fueran juzgados en nuestro país y por todos sus crímenes. Para que haya justicia hace falta la nulidad efectiva de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e indultos, como reclama el proyecto de nuestra diputada nacional Patricia Walsh y que será tratado el 12 de agosto en una sesión especial del Congreso", recordó la izquierdista.
Como no podía esperarse de otra manera, la UCeDé rechazó oficialmente la derogación del decreto que prohibía la extradición. Argumentaron que todo hecho cometido en la Argentina debe ser juzgado por el Poder Judicial de la Nación.
"Lamentamos que el presidente haya cedido a las presiones de grupos no representativos que encuentran su razón de ser en mantener abiertas heridas del pasado. Nos preocupa además que sea el mismo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas el que entregue a sus propios subordinados a jueces extranjeros y el impacto que tendrá esa medida sobre nuestras fuerzas armadas", señaló Julio César García Elorrio, candidato a diputado nacional por la UCeDé.
Elorrio reafirmó su postura al señalar: "Mantenemos nuestro criterio de que si el hecho fue cometido en la Argentina, la persona, sea militar o civil, debe ser juzgada por el Poder Judicial de la Nación". El candidato a ocupar una banca en el Congreso cuestionó al presidente Néstor Kirchner afirmando que "debería saber que los países serios investigan a sus ciudadanos con sus propios jueces y no dependen ni consienten jurisdicciones extranjeras". Olvidó, quizás, que los países serios también castigan a sus genocidas.
