“Macri no hace política para los pobres”

Peronista de toda la vida ?hoy kirchnerista, aunque no militante?, estuvo exiliado en México durante toda la dictadura y recién volvió al país en marzo de 1984. Se recibió de abogado en el 62 y, más tarde, fue interventor en la Facultad de Derecho de la UBA, durante el gobierno de Cámpora. Pertenece a esa generación de abogados peronistas que también integra, entre otros, el abogado de la CGT, Héctor Recalde.

Básicamente, ésas son las credenciales de Mario Kestelboim (69), quien se convirtió en el Defensor General de la Ciudad en marzo de 2007, poniéndose al frente de una oficina prácticamente nueva, que atiende casos de personas en situación de vulnerabilidad: son los que reclaman por sus derechos básicos pero carecen de dinero para pagarse un abogado en forma particular. Más aún: a veces tampoco saben que tienen el derecho de acceder a un abogado en forma gratuita.

?Macri no tiene políticas públicas destinadas al medio millón de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. No creo que sea ético pensar en mega-obras cuando falta lo básico.?

El 70 por ciento de los casos que atiende el defensor general de la Ciudad se dan por carencia de viviendas. Kestelboim es lapidario con Macri y parece no tener problemas en criticarlo, con números en la mano, a pesar de pertenecer al Poder Judicial de la Ciudad.

En la charla de contratapa, dirá, por caso: ?En una ciudad con un ingreso per cápita que supera ampliamente a la media nacional ?es de 22 mil dólares por habitante contra poco más de 7 mil para el resto de los argentinos?, los esfuerzos deberían estar orientados a resolver, por ejemplo, temas de vivienda, y no a arreglar baches o a resolver cuestiones que benefician a los dos millones y medio restantes, ignorando olímpicamente a los pobres. Es claro que Macri no tiene políticas para ellos?.

La Constitución porteña sancionada en el 96 dio lugar, tres años más tarde, al nacimiento del Poder Judicial de la Ciudad, que actualmente se encuentra en proceso de transferencia desde el ámbito nacional. En esta transición, la Justicia local está conformada por el Tribunal Superior, su máxima instancia, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público compuesto, a su vez, por la Fiscalía (donde se radican las denuncias de los vecinos), la Defensoría y la Asesoría Tutelar.

?¿Para qué necesitan los porteños a un defensor público?
?Lo necesita cualquier persona que tenga dificultades en hacer valer sus derechos y que, por su situación de vulnerabilidad, puede acudir a nosotros. El 70 por ciento de los reclamos son por falta de vivienda o dificultades para acceder a una vivienda digna.

?Pero había promesas de campaña para urbanizar las villas.
?Promesas, sí. Pero en la práctica, nada se hizo. No hay una sola iniciativa para urbanizarlas. Es más, en charlas informales con los funcionarios actuales, ellos dicen que, en caso de urbanizarlas, estarían incentivando la migración de los pobres del Conurbano hacia la villa. Cuando, en realidad, la idea que ellos tienen es la inversa: alentar a que se vayan al Conurbano los que ya están. Es decir, en lugar de asegurarles condiciones dignas y sus derechos básicos, prefieren dejar las cosas así.

?Le voy a decir que Macri no sería el único, en todo caso, en mirar hacia el costado. Las administraciones ?progresistas? anteriores tampoco hicieron demasiado por ese medio millón de pobres que viven en la Ciudad.
?Desde luego que no. En todo caso podemos acusar a Macri de carecer de políticas públicas hacia ellos, pero no de haberlos inventado.

?¿Y usted no recibe denuncias de gente de la villa por esos derechos vulnerados?
?Sí, de casos individuales. Últimamente actuamos ante el reclamo de la gente que usaba el parador de Retiro, lindante con la Villa 31. Se trataba de hombres mayores de edad, sin vivienda, que denunciaron el servicio que brindaba el parador para quienes no tienen dónde pasar la noche. Los defensores de primera instancia actuaron y el servicio mejoró ostensiblemente.

?Últimamente, junto con la Defensoría del Pueblo, le pidieron a Macri que desarme la UCEP. La describen como un organismo paraestatal y peligroso. Pero, ¿qué pasa si el Gobierno desoye esas órdenes de la Justicia? ¿Puede hacerlo?
?Sí, claro que puede hacerlo. Pero nosotros alertamos.

?¿Y cómo vive los cuestionamientos de la gente hacia la administración de justicia, que tiene una imagen tan mala en la sociedad? La juzga por ser lenta, corrupta?
?Sí, pero ése no es nuestro tema. La nuestra es una Justicia nueva, donde cada defensor tiene entre 500 y 1.000 casos por año. La lentitud de la que siempre se acusa a la Justicia es por el colapso del ámbito nacional.

?Lo paradójico es que, probablemente, quienes más necesitan sus servicios son los que menos conocen de su existencia. En Barrio Norte, por ejemplo, ¿solicitan defensor gratis?
?Hay muy pocos casos, es cierto. En el sur es donde más trabajo tenemos. Básicamente, la gente reclama cuestiones de medioambiente, agresiones, tenencia de armas de fuego con uso civil, ocupación de la vía pública, usurpaciones u oferta y demanda de sexo cuando es ostensible. Nosotros tenemos a nuestro cargo, por ejemplo, la defensa de los trapitos.

?Y de las prostitutas, supongo.
?Sí, en aquellos casos donde hay denuncias sobre el ejercicio ostensible de la profesión más vieja del mundo. Alguna gente se siente molesta porque esa oferta se haga cerca de su casa y lo denuncia en la fiscalía. Si los implicados no pueden pagar defensores, allí estamos nosotros.

?Es curioso: el otro día había en NU una carta de lectores, lapidaria, de una persona que condenaba a Gabriela Alegre por distinguir a Elena Reynaga, del sindicato de trabajadoras sexuales, trazando un paralelo entre el ejercicio de la prostitución y la trata.
?No. Hay una gran diferencia. Y, en todo caso, en lo que hace a la real libertad de elección o no de ese ejercicio, es una cuestión que excede el ámbito del derecho. Desde el punto de vista jurídico, no toda prostitución es ilegal sino sólo la que es ostensible. Y, en general, no lo es.

?Días pasados entrevistaba a un abogado americano que litiga por el acceso a la educación de los chicos pobres y negros en EE.UU. y me decía que sentía envidia de la Argentina porque aquí teníamos garantizado el derecho de acceso a la salud, por ejemplo, y en su país no.
?Es cierto: nuestra Constitución nacional ?y la local, por supuesto? garantiza los derechos humanos básicos. Y quien debe garantizar condiciones mínimas de vida, como vivienda, cultura, educación y salud, no es una entelequia. Se trata del Estado nacional o porteño.


(NOTA ORIGINALMENTE PUBLICADA EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 213, DEL 05/11/09).