El juez que frenó la IGJ porteña ahora se declaró incompetente
El juez nacional en lo Comercial Máximo Astorga se acaba de declarar incompetente en una causa iniciada contra el recientemente creado Registro de Personas Jurídicas de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque previamente, el pasado 27 de febrero, había dictado una medida cautelar por medio de la cual ordenaba a la Ciudad de Buenos Aires no poner en marcha dicho instituto.
La causa fue iniciada por la fiscal general de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Alejandra Gils Carbó, quien había interpuesto un recurso de inconstitucionalidad para impedir la entrada en vigencia del organismo, argumentando que el mismo "usurpa competencias de la Inspección General de Justicia (de la Nación)".
"La nueva decisión no hace sino confirmar lo que había anticipado, la Justicia Nacional en lo Comercial es incompetente para entender en esta cuestión, y esa situación no podía ser desconocida por el magistrado. Es claro que resulta manifiesta y siendo tal, quedaba privado de la posibilidad de disponer la medida cautelar", afirmó el presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura, Martín Borrelli (PRO), quien ya había denunciado por los medios esta cuestión apenas se conoció la orden de no innovar dictada por Astorga.
"El juez dispuso una medida sin sentido y carente de legitimidad, ya que nunca tuvo competencia para tutelar a un usuario que dice representar, sin que instrumento constitucional o legal así lo admita", afirmó Borrelli. Pero el diputado fue más allá y deslizó sus sospechas acerca de las motivaciones que habrían dado origen a la causa. "Detrás de la inconstitucionalidad planteada no se avizoran otros intereses que los de los propios integrantes de la Inspección General de Justicia", subrayó, para concluir diciendo que, a su entender, "no puede existir otro resultado que la revocación de la medida y la lógica continuidad de una institución prevista para el bienestar de los ciudadanos".
El expediente pasó ahora a manos de la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo.
El Registro de Personas Jurídicas de la Ciudad, conocido vulgarmente como IGJ porteña (por cumplir funciones similares a la Inspección General de Justicia de la Nación), fue creado por la Legislatura de la Ciudad el año pasado, a instancias de un proyecto de ley presentado por el diputado Gerardo Ingaramo (PRO). Aunque cuenta con presupuesto asignado, todavía no fue puesto en marcha. Y cuando empiece a funcionar sólo se podrán inscribir sociedades civiles sin fines de lucro, hasta tanto se formalice un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación.
