Polémica por un fallo que ordena al Gobierno porteño dar trabajo a un condenado
Un fallo del juez Roberto Gallardo despertó la polémica en el ámbito político porteño: le ordenó al Gobierno de la Ciudad otorgar el registro de conductor profesional a un hombre que había sido condenado por la Justicia por haber participado en un robo a mano armada; o en su defecto, darle trabajo en la administración pública para garantizar su reinserción social.
El magistrado entendió que Ariel Pérez, a quien le fue negada la licencia por el Gobierno porteño, "dudosamente sería aceptado por estructuras ocupacionales conocedoras de sus antecedentes. Frente a la sobreoferta de mano de obra, las empresas y los particulares optan por contratar a personas que no registren cuestiones con la Justicia", señaló el juez.
En declaraciones efectuadas a Radio 10, la procuradora general de la Ciudad, Alejandra Tadei, calificó a la sentencia como "un chiste" y anunció que el Ejecutivo apelará la medida. "Existe el derecho al trabajo pero no quiere decir que se operativice con el Gobierno. Me parece que esa parte es poco seria", añadió.
La negativa del Gobierno porteño a otorgarle el registro de conductor profesional a Pérez se basó en el decreto 331, publicado en el Boletín Oficial el 12 de marzo de 2004, que establece restricciones por antecedentes penales de los solicitantes.
Sin embargo, Gallardo consideró que "la reinserción social de cualquier condenado supone que trabajará dignamente para poder sostenerse en el futuro y que no volverá a delinquir para satisfacer sus necesidades primarias".
El fallo del juez también despertó las críticas de la oposición macrista, que esta vez hizo causa común con la administración de Aníbal Ibarra. El vicepresidente de Compromiso para el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, señaló a NOTICIAS URBANAS que, "a priori, el sentido común dice que el fallo es un disaparte. Me parece noble que se quiera facilitar la reinserción, pero de ninguna manera éste es el camino. Debería haber programas específicos de reinserción de gente que cometió delitos. Existe una enorme cantidad de desocupados que hay en la Ciudad por los que la Justicia que no exige este mismo derecho", apuntó.
La sentencia, en cambio, fue aplaudida por la diputada de Izquierda Unida, Vilma Ripoll. "La apoyo, porque considero que es lo correcto si uno quiere la reinserción de los sectores que cumplieron una condena y son discriminados durante diez años, que es el tiempo que aparecen en el registro de reincidencia. Así, lo único que se consigue es que vuelvan a delinquir", expresó la legisladora a esta agencia. Luego remató: "Lo que sí es un chiste es la política ocupacional del gobierno de Ibarra, que invierte sólo el uno por ciento del presupuesto en trabajo y, en cambio, gasta uno de cada cuatro pesos de los cuatrocientos millones de superávit para enriquecer a los empresarios del negocio de la basura".
