Amparo contra probables aumentos en los peajes de acceso a la Ciudad
La organización de defnda del consumidor PROCONSUMER, junto a un grupo de usuarios, presentaron en el día de la fecha ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal, una acción de amparo tendiente a impedir la implementación de los nuevos aumentos en las tarifas de peaje, que tras ser solicitados por las empresas, serán inmediatamente implementados luego de una audiencia pública que el gobierno organizó para el día de hoy en el complejo Parque Norte, para formalizar las instrumentación de los sucesivos aumentos que arrancarán con un 15% en forma inmediata y con efecto retroactivo (acumulativo) al mes de enero.
Solicitaron se decrete medida de no innovar respecto de los actuales cuadros tarifarios de peaje vigentes para las empresas concesionarias de los accesos esto es: AUTOPISTAS DEL SOL S.A. -Acceso Norte-, GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. -Acceso Oeste-, AUTOPISTA EZEIZA CAÑUELAS S.A. y COVIARES S.A. -Autopista Bs. As./La Plata- hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada en el amparo.
Asimismo en la acción de amparo se solicita se declare inconstitucional toda norma reglamentaria de estos contratos, tendientes a aplicar tanto la variación porcentual habida en el índice de precios al consumidor -todos los rubros- (Consumer Price Index -All Items) de los Estados Unidos de América como estos nuevos mecanismos indexatorios no contemplado por la Ley 25.551.
Ricardo Nasio -Presidente de Proconsumer- destacó que con la renegociación "la administración siempre se apartó de las recomendaciones de la Procuración del Tesoro de la Nación que a través de un dictamen calificó de ilegal la aplicación del price consumer index de los Estasdos Unidos (PCI) por su carácter violatorio de la Ley de convertibilidad..." y señaló que "los aumentos no sólo afectarán a los usuarios viales sino que al incidir en el costo del transporte se trasladarán automáticamente a los precios de la canasta básica", agregando que "resulta un cachetazo para la sociedad que las empresas concesionarias que se enriquecieron con las privatizaciones hoy vengan a pedir aumentos, subsidios y actualizaciones en un país donde hay gente que se muere de hambre".
Por su parte Jorge Zatloukal, uno de los usuarios que impulsó la acción, señaló la gravedad del caso de la Autopìsta Bs. As. - La Plata ya que "la empresa aun no concluyó, entre otras, las obras de interconexión con Retiro y con el Puente Pueyrredón, que en los términos del contrato original debieron finalizar en 1994 y aun hoy están inconclusas", destacando que "la empresa se comprometió en el 2001 a no aplicar nuevos aumentos hasta diciembre de 2003 a cambio de la condonación de importantes obligaciones, a pesar de lo cual hoy están reclamando nuevos aumentos del 70% y subsidios, y ahora, lejos de anular la concesión el gobierno pretende renegociarla". Además, advirtió que "no estamos frente a un proceso de renegociación de los contratos ya que con los incrementos de las tarifas del peaje lo único que se pretende es trasladar al bolsillo de los usuarios la deuda contraída por las empresas y el hecho de no haberse demostrado aún el real destino de la misma viene a confirmar la existencia de un espectacular negocio financiero por parte de las concesionarias a partir de que se les autorizó a "prendar" la tarifa cediéndola fiduciariamente, algo no contemplado siquiera en el pliego". Sólo en el caso de Autopistas del Sol, se pretende que los usuarios y el Estado respondan a través de un nuevo "plan económico financiero" por un endeudamiento de más de 500 millones de dólares".
El Dr. Ricardo Nasio concluyó que "el titular de la UNIREN autorizó en los nuevos contratos a las empresas a aplicar multas de tránsito por exceso de pesaje, cuando todos sabemos que eso es ilegal por que el poder de policía de tránsito es una facultad indelegable del poder público".
Los accionantes también consideraron a la renegociación aprobada como violatoria de la CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÖN al sostener que "No es necesario demostrar la connivencia dolosa entre un funcionario y algún empresario; si una renegociación se aparta de la ley debe anularse. El acto es nulo y no anulable; no es necesario probar que el dolo es producto del soborno o cohecho, basta que exista el deliberado propósito común de violar los preceptos y medidas preventivas de la ley o de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. Ello supondría una conducta consciente de violación de la Convención, es decir, una renegociación jurídicamente viciada de nulidad absoluta".
