Ibarra no recibió a los familiares

Como ya lo había anunciado la semana pasada NOTICIAS URBANAS, los familiares y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón se presentaron en la tarde del lunes 12 en el Palacio de Gobierno porteño para convocar al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, a un debate público que tuviera como tema el dictamen de la Comisión Investigadora de la Legislatura porteña.

Como se esperaba, Ibarra no recibió personalmente a los familiares sino que lo hizo a través de un representante, el licenciado Rodrigo Carabajal, quien prometió entregar personalmente la nota al Jefe de Gobierno, quien en estos días está participando de un Foro de Seguridad Urbana en Colombia. NOTICAS URBANAS tuvo acceso al petitorio y a continuación lo detalla textual.

"Señor Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. Nos dirigimos a usted en ejercicio del derecho de petición que nos acuerda el articulo 14 de la Constitución Nacional, vigente en el ámbito de esta Ciudad Autónoma por mandato del artículo 10 de su Constitución, con el fin de convocarlo a un debate publico relativo al dictamen emitido por la Comisión Investigadora de los hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2004 en República Cromañon, creada por la Resolución 624/2005 de la Legislatura de la Ciudad, y que fuera hecho suyo por la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora de ese cuerpo.

Esta petición se sustenta no sólo en nuestro carácter de ciudadanos sino también, y fundamentalmente, en el de padres de víctimas fallecidas y sobrevivientes de los hechos ocurridos en República de Cromañon. Y en esa condición, desde los días siguientes a esos hechos hemos buscado respuestas a nuestras preguntas, explicación a nuestras perdidas, razón de los actos y omisiones que las causaron. En definitiva, perseguimos la determinación de la verdad de lo acontecido y la identificación de los responsables, cualesquiera sean ellos, y se apelliden como se apelliden. Hasta ahora solo hemos obtenido una parcial luz sobre lo ocurrido y sobre sus actores.

Ciertamente, esa parcial iluminación esta contenida en el dictamen antes citado. Creímos y creemos que es una respuesta seria, porque a pesar del escepticismo inicial con que recibimos el tardío inicio de la investigación, hemos asistido a todas las audiencias celebradas en la citada Comisión Investigadora, y nos hemos interiorizado detenidamente de los términos y cargos de su dictamen.

La cantidad y diversidad de testimonios nos aseguraba, por lo demás, la absoluta imparcialidad de la indagación. Es de señalar que en el curso de esa instrucción acudieron numerosísimos funcionarios actuales y anteriores de su gobierno, que han contribuido a reconstruir las causas de los acontecimientos que nos enlutan.

Ciertamente, algunos otros fueron impedidos de declarar por expresas instrucciones suyas, decisión que nos privó, por ejemplo, de conocer el testimonio del secretario del área con estricta incumbencia en el ejercicio del poder de Policía o el del entonces Secretario de Salud. A pesar de estas decisiones difícilmente explicables en el marco de un “compromiso con la verdad “ que con reiteración ha invocado usted, creemos que aquel dictamen contiene una conclusión adecuada a los hechos que acreditan los distintos testimonio e investigaciones.

A esas decisiones adoptadas por usted sobre el final del trabajo de la Comisión se unen ahora vuestras manifestaciones en la conferencia de prensa que convocara el pasado 8 del corriente, en las que cuestiono la validez del dictamen por diversas circunstancias de carácter personal o funcional relativas a los diputados que lo suscribieron. Y también se agregan los términos de vuestro descargo, que lamentablemente se refieren muy escasamente a los hechos de República de Cromañon y a sus causas, dedicándose fundamentalmente a planteos procedimentales y de forma, que inutilizan esa pieza para el objetivo que perseguimos.

En este marco entonces tenemos derecho a pedir explicaciones y a debatirlas. Tenemos mejor derecho aun que los empresarios del sector que contaron con su inmediato apoyo a horas de la muerte de nuestros hijos. Tenemos mejor derecho que los legisladores que aceptaron convertir una interpelación en una audiencia convocada por usted, en la que se limitó el derecho a las repreguntas y el carácter del acto. Tenemos igual derecho que cualquier ciudadano, que necesita saber la verdad con independencia de especulaciones electorales y de la pretensión de aferrarse a un cargo mediante el ocultamiento o la distorsión de la realidad.

Ese derecho que exigimos no es otra cosa que el reclamo de una explicación seria y sustentada en hechos, por quien tiene la primaria obligación de darla en tanto titular del ejercicio del poder de policía (artículo 104, inciso 11 de la Constitución de la Ciudad). Este pedido, señor Jefe de Gobierno, no convierte su explicación en un acto electoral, ni al debate en un acto de campaña electoral: explicarse y debatir públicamente, atañe a la esencia de cualquier gobierno republicano, que por definición debe asentarse sobre la responsabilidad de sus funcionarios y sobre la publicidad de sus actos.

Señor Jefe de Gobierno, en la ciudad que usted gobierna murieron 194 jóvenes, y quedaron lesionados mas de tres mil chicos y esto aconteció en el ámbito sometido al ejercicio de poder de policía que reposa en su persona: explicar que pasó es una obligación elemental y sin duda los principales acreedores a esa respuesta son los padres de aquellos jóvenes y los propios sobrevivientes. Es francamente una paradoja que a ocho meses de la infausta noche del 30 de diciembre tengamos que explicar las razones de un derecho tan elemental.

Y esta respuesta debe darse aun cuando se conteste acabadamente en el marco del juicio político ya iniciado, y aun cuando se declare en la causa penal. Los mecanismos institucionales corresponden a las instituciones, la respuesta que referimos atañe a las personas, y al respeto que ellas merecen. También tiene relación con la dignidad de los funcionarios y el sentido con el que ejercitan sus funciones y asumen sus actos.

Debemos recordarle que ya en otra ocasión le hemos planteado similar exigencia: el 25 de febrero de 2005 y ante el proceso que Usted inició reclamando un referéndum para confirmar su mandato. Ese pedido, formalmente ingresado por Mesa de Entradas, nunca mereció contestación. Aquél sí era un acto electoral y Ustde no se prestó al debate. Hoy pedimos las mismas explicaciones, ahora a partir de un dictamen y sin que medie convocatoria electoral alguna. Esperamos que esta vez obtengamos una respuesta.

Tal como lo hemos comprometido públicamente, ratificamos que garantizamos a Usted el trato que su investidura merece y un intercambio con reglas claras y equitativas, en el lugar que Usted indique y con el moderador que designe. Adelantamos que no tenemos inconveniente alguno en que Usted sea asistido por la cantidad de asesores que desee, asumiendo nuestro compromiso de concurrir exclusivamente cinco familiares de las victimas.

Desde ya que este pedido nada tiene que ver con la realización de entrevistas personales con usted, cuestión que queda librada a la iniciativa individual de cada familiar. La dimensión de lo acontecido y de sus consecuencias, imponen la transparencia de toda justificación publica, y esto excede cualquier instancia de condolencias o acompañamiento personal.

Dejamos constancia que los firmantes representamos a un altísimo numero de familiares que han confiado en nosotros esta gestión, pudiendo sus auxiliares contactarse con cualquiera de los suscriptos en los números que van al pie.

Esperando esta vez una respuesta positiva, lo saludamos con la deferencia que usted merece".