Legisladores contra el desalojo de los ocupantes de la Manzana Franciscana

La Legislatura porteña aprobó el jueves una declaración por la que solicita al Gobierno porteño que le pida al Directorio del Banco Ciudad que suspenda los desalojos que pesan sobre los habitantes de las viviendas de la denominada Manzana Franciscana, hasta que se logre una solución definitiva para sus problemas habitacionales.

Los ocupantes de este predio, ubicado en Balcarce, entre Alsina y Moreno, hace nueve años suscribieron un convenio con la por entonces Municipalidad de Buenos Aires, que se comprometió, a través del mismo, a resolver definitivamente su situación, algo que el Gobierno de la Ciudad aún no ha hecho.

La propuesta surgió a partir de dos proyectos presentados por los diputados Silvia Gottero (PJ) y Atilio Alimena (Partido Demócrata), que contaron con despachos favorables de las comisiones de Vivienda y de Políticas de Promoción e Integración Social de la Legislatura.

En octubre de 1990, la Municipalidad de Buenos Aires, el Banco Ciudad -propietario del predio, que se hallaba ocupado- la Junta de Andalucía y la Agencia Española de Cooperación Internacional, en el marco del Tratado de Cooperación Científica y Técnica acordado entre España y Argentina, celebraron un convenio para llevar adelante la rehabilitación de la Manzana de San Francisco. Así, sus habitantes fueron llevados a hoteles mientras se realizaban las refacciones del edificio.

Casi dos años después, el 6 de julio de 1992, el Banco Ciudad, junto a las áreas correspondientes de vivienda de la Ciudad, suscribieron un convenio con los ocupantes de cada departamento que consistía en un contrato de locación por un término de siete años -término que se encuentra cumplido-, con el compromiso por parte del Gobierno de procurar una solución habitacional definitiva en el radio de la Ciudad de Buenos Aires.

El edificio, que consta de 94 viviendas, fue rehabilitado a partir de mayo de 1995 y las familias fueron nuevamente reubicadas allí. A partir de ese momento, todo gasto de mantenimiento y mejora debió correr por cuenta las familias beneficiarias del programa. Sin embargo, según informaron en la Comisión de Vivienda de la Legislatura, la gran mayoría no pagó las cuotas correspondientes.

A fines de 2001, con el plazo del convenio cumplido, pero sin que el Gobierno diera una solución habitacional definitiva para los ocupantes de la Manzana Franciscana, el Banco Ciudad inició un gran número de juicios de desalojo.

Después de varias reuniones entre miembros de la Legislatura y el organismo propietario del predio se resolvió la firma de acuerdos de suspensión de los términos procesales hasta el 1 de octubre del 2002. Actualmente, los legisladores quieren que la entidad bancaria suspenda los juicios hasta que se llegue a la solución definitiva del conflicto. Según dicen en el proyecto, habría varias sentencias ya dictadas contra los habitantes de la Manzana Franciscana.

OTRO PROYECTO

Otra iniciativa sobre este predio, que también cuenta con despacho de la Comisión de Vivienda, consiste declararlo de utilidad pública con fines sociales por el lapso de dos años. Sin embargo, aún no se ha expedido la Comisión de Presupuesto, a la que también fue girada la propuesta.