Iglesias pidió 20 años de cárcel a Fiszbin

La segunda querella que alegó en el juicio oral y público por las Víctimas de Cromañón es integrada por Mauricio Castro y Patricia Núñez Morando. Ello se ocuparon durante toda la tarde de este martes de acusar al gerenciador del boliche y su mano derecha, más los funcionarios porteños y policiales, pero excluyeron a Callejeros ya que no los encuentra responsables de ningún delito.

Castro y Núñez pidieron para el ex gerenciador y no dueño del boliche República Cromañón 20 años, a Villarreal al endilgarle la seguridad del show seis años. En tanto que a los funcionarios por Fizsbin cinco años e inhabilitación a cargo público de diez años, por Torres cuatro y a Fernández cinco años de prisión. Por el comisario Belay tan sólo seis meses y el subcomisario Díaz ocho años.

Pasadas las 19.30 comenzó la tercera querella integrada por María del Carmen Verdú -líder de la ong CORREPI- y Marcelo Parrilli.

Quedan para este miércoles la querella civil representada por Alberto Urcullú, padre de María Sol también fallecida en Cromañón, luego el fiscal general Jorge López Lecube y por último la cuarta querella a cargo de Patricio Poplavsky y Susana Rico.

El abogado cabeza de la querella que junta mayor cantidad de familiares de víctimas, José Iglesias, requirió por la mañana de este martes que se condene a 20 años de prisión por estrago doloso a la ex funcionaria ibarrista Fabiana Fiszbin.

Por otro lado, para el resto de los funcionarios porteños, pero de menor jerarquía, solicitó penas menores por el cargo de estrago culposo.

Gustavo Torres, director general de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) y Ana María Fernández, adjunta en la DGFyC y meses antes a cargo de la Unidad Polivalentes de Inspecciones (UPI) recibieron un pedido de condena de cinco años bajo el cargo de estrago culposo seguido de muerte.

Este lunes la audiencia se extendió hasta las 22 y provocó que este martes poco antes de las 10 siguieran exponiendo Iglesias y Beatriz Campos, quienes acusaron a los ex funcionarios de rodearse de personas "afiliados" y aportantes como Fernández" al Frepaso y por un vinculo familar.

Al empezar la nueva audiencia pidió disculpas al TOC por haberse confundido en la cantidad de años que solicitaron por los músicos Daniel Cardell y Elias Delgado, siete años y cinco respectivamente, que era menos del mínimo por estrago dolosoa, que es ocho años.

Saldado el error numérico por parte de la querella, el juez Marcelo Alvero respondió que iban a resolverlo más adelante. Entonces comenzó la exposición sobre la estructura inspectiva que generó el jefe de Gobierno en el 2004.

"Fabiana Fiszbin se hizo cargo de un área vacía y lo sabía" señaló Iglesias quien habló de la disolución de la Dirección de Verificaciones y Control acusada por Aníbal Ibarra de ser "un focazo de corrupción".

"Ella no era una maestra jardinera como se dijo en su momento. Tenía comprobada experiencia en el Estado. Había sido responsable máxima de la Dirección de Protección de Trabajo y demostró aquí su formación académica. Entonces era una funcionaria idónea que asume tareas de coordinar y supervisar la DGFyC".

Otras de las irregularidades en el área que debía inspeccionar los locales de mayor riesgo en la Ciudad es que quienes debían auditar "el área de la DGFyC habían sido antes inspectores o funcionarios. Lo único que hacia entonces la auditoria interna es custodiar e inventariar expedientes".

Un caso ejemplar del funcionamiento en el Gobierno es el que nombró Beatriz Campos. "El propio ex asesor de Torres, Agustín Ledesma, contó que el 31 de diciembre de 2004 a las 2 de la madrugada ingresó a la computadora de la auditoria para dar con datos sobre Cromañón. Esto demuestra que no había diferencia entre quienes debían auditar y los auditados".

El particular proceder de la DGFyC respecto a los alertas y pedidos fue nombrado. Se remitían al área pedidos de informes sobre la única actividad que necesita de certificados de bomberos para funcionar.

"La Auditoria General relató que existía reticencia por parte de los funcionarios a responder informes y este no es un tema menor. La Legislatura y la Defensoría del Pueblo hicieron pedidos de informes que no eran respondidos. Por este tema la titular de la Sindicatura General tuvo un juicio político que fue frenado por un amparo".

La relación de Fiszbin con los propietarios de los boliches fue otro eje de la acusación.

"Los locales de la Cámara de boliches eran inmunes a las inspecciones. Recordemos el caso de Pizza Banna que no permitieron inspeccionar como se nombró ante el jurado por un inspector. La misma Fiszbin cuenta en un video que se debe coordinar con la Cámara y llama a los demás boliches a sumarse a la Cámara. El mismo ingeniero de SEDEBA, Daniel Vázquez, cuenta a modo de aliento que ahora hay funcionarios jóvenes con los que se puede hablar", en refrencia al ibarrismo.

"La impunidad de los boliches propiedad de Chabán también quedo demostrada. En el caso de Cemento después de la clausura Chabán presenta un certificado de bomberos vencido desde hacia tres años. Esa actuación que fue promovida por una denuncia en fiscalía contravencional. Pero la UPI jamás pidió la clausura de Cemento pese a conocer que no tenía certificado de bomberos vigente. Los mismos inspectores contaron aquí como Pencos (coordinador de inspectores) le pidió que no clausuraran y se fueron sin hacer ninguna sanción" pese a que el lugar no contaba con los requerimientos legales mínimos.

Uno de los pilares defensivos de la ex subsecretaria de Control Comunal se vio cuestionado cuando Iglesias y Campos relataron que "la lista presentada por Fiszbin en la que demostraba la vigencia de la habilitación de Cromañón fue confeccionada en diciembre de 2003 así que no podía hablar de un último certificado de bomberos que era del 2004. Justamente su intención fue organizar una estructura de control omitiendo lugares que conocía o tenía alguna relación".

Por Fiszbin las acusaciones continuaban sumándose. "Sabía de Cromañón por un expediente laboral cuando era directora de Trabajo. Ese expediente por más que sea dudoso ya que la misma denunciante del sindicato de músicos era inspectora demuestra su conocimiento del local. A ello se le suma la inspección que se aborta abruptamente antes que llegará a Cromañón cuando los inspectores se dirigían allí", expresó la querella que al finalizar la acusación sostuvo que la ex funcionaria "no hizo nada y se fue de vacaciones. El 24 de noviembre cuando venció la habilitación de bomberos dejo una bomba de tiempo activada que explotó el 30 de diciembre de 2004".

"Por todo esto propicio la pena mayor por estrago doloso de 20 años".

En tanto que por Ana María Fernández "omitió el requerimiento que hacia un comisario para inspeccionar Cromañón"

Fernández que a fines de 2004 fue desplazada en importancia jerárquica no tuvo excusa ya que "ella se dejó arrinconar e humillar pero su pasividad y renuncia de advertir los peligros. Ella misma dijo que el 68 por ciento de los boliches que inspeccionaban no contaban con certificado de bomberos, que ninguno cumplía la ley 118. Por esa imprudencia pido cinco años de prisión" sostuvo Iglesias.

Torres fue acusado porque no hizo nada respecto a los alertas sobre los boliches, como no hacer lugar a la inspección de Cromañón "a otros los inspeccionaban cinco veces" y además no requirió nunca a la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal la lista de boliches con certificados vigentes.

EL PADRE, NO EL ABOGADO

Terminada las acusaciones, el abogado se plantó como padre de Pedro Iglesias fallecido junto a otros 192 personas, en su mayoría jóvenes.

Mirando a los jueces, pero nunca emocionándose, Iglesias dijo que pudo contar muchas de las cosas que "tenía atravesada desde hace años".

por eso considero que "no hay nada mejor que un juicio oral. Agradezco el respeto que tuvieron con los sobrevivientes los jueces. Quiero felicitarlos antes de la sentencia, que seguramente no me va a gustar, que tengo alguna confianza en la justicia por ustedes. Por eso quiero pedirle que hagan justicia, no un fallo ejemplar sí justicia".

Ese momento que no se relacionaba con lo penal logró la emoción de los padres sentados del otro lado del blindex, "ese mismo lugar donde hasta una jueza de la Corte Suprema citando jurisprudencia intentó dejarme".

Los elogios de Iglesias también alcanzaron a los abogados de los imputados. "Respetaron. Acá no hubo embarramiento de la cancha. Han sido defensores leales".

Y para concluir pidió una sentencia "justa que es un elemento revolucionario en la argentina. Esa una realidad insoslayable que los padres de las víctimas vengan a gritar justicia al Palacio de Justicia. No piden pan, no piden trabajo, solo justicia. Todos los 30 marchamos. Todos los 30 de diciembre marchamos del santuario a Plaza de Mayo con miles de personas que vienen a darnos fuerza. No quiero decir nunca más porque después vienen los indultos y la obediencia debida".

"Que no se repita por los pibes de Cromañón y por los que quedaron".