De resoluciones, sumarios y estructura, en un renovado Consejo de la Magistratura

Soplan nuevos vientos en el Consejo de la Magistratura y ello se nota en la atención y meticulosidad que demuestran los trabajadores de la casa de Alem en esta etapa. Lo que antes era el emporio de la desprolijidad administrativa, que ya se cargó a un par de funcionarios y suspendió a otros, ahora se trata de corregir a partir de una flamante estructura que está a punto de ver la luz en estos días. Luego de devolver los tres fondos que ilegalmente habían sido "confiscados" por los anteriores consejeros, los nuevos empiezan a ver nuevamente la luz a partir de la plata fresca que les llega de la secretaría de Hacienda, no siempre con la fluidez que quisieran. Con la Legislatura porteña avanzan en una relación como nunca se tuvo, adonde incluso concurre el estamento del Colegio Público de Abogados.

De cualquier manera son muchos los puntos a solucionar. "Terminar el año con el edificio de Tacuarí reacondicionado y el fuero Contravencional y de Faltas completado sería un excelente corolario, sobre todo luego de las dificultades que sufrimos en el inicio" destacan altas autoridades del Consejo. Las impugnaciones a los concursos que deberá resolver la Legislatura y los amparos de los propios concursantes, son escollos que están tratando de resolver de la manera más práctica e idónea, para poner de una vez por todas en funcionamiento dicho fuero. De más está decir que el edificio de Hipóliyo Irigoyen no sirve para los requerimientos por lo que también tendrán que ver qué hacen con él.

La resolución 200 del 13 de mayo del corriente, por la que el Consejo le envió al juez de Instrucción, Ricardo Warley, los sumarios realizados internamente respecto de la compra de los inmuebles de Hipólito Irigoyen y Tacuarí, así como de la adquisición de equipos informáticos para el Poder Judicial de la Ciudad, constituyó uno de los pasos más importantes en función de la garantía de transparencia de la nueva gestión.

Haciendo un poco de historia, y por tomar únicamente el caso del inmueble sito en la calle Tacuarí 138, éste fue comprado por el Consejo de la Magistratura en diciembre de 2000 en la suma de U$S 2.250.000 que fue pagada íntegramente al contado en el acto de la escrituración. La tasación oficial del Banco de la Nación (con un membrete impreso) para recomendar la conveniencia de la compra resultó falsa, dado que el Banco de la Nación informó que el supuesto tasador no integraba su personal y que nunca le había sido requerida dicha tasación.

Acerca de la compra del mismo, el Consejo aprueba comprar el inmueble a una persona que no era la propietaria. El entonces todopoderoso administrador de las arcas del Poder Judicial de la Ciudad, Norberto Urfeig, hoy sumariado y separado del cargo, presentó al Consejo a Graciela Bastida, con quien el funcionario inició el procedimiento de compra como propietaria oferente cuando no era tal, pues recién adquirió el inmueble objeto de la operación después de que el Consejo había aprobado su compra.

De ese modo en operaciones encadenadas, Bastida compra el inmueble en U$S 700.000 y lo vende al Consejo (que previamente se había comprometido a comprárselo) en U$S 2.250.000 (en las épocas del 1 a 1). En las actuaciones administrativas se ocultó esa doble operación y la enorme desproporción de precios de ambas operaciones realizadas el 28 de diciembre cuando el Consejo ya había acordado su compra a la nombrada por el precio que aquél aceptó, a propuesta de Urfeig, de U$S 2.250.000.

Como si esto fuera poco, luego se favorece a un supuesto "intermediario", Carlos Chiappe con $ 14.175 sin ninguna causa. Además, la institución pagó al mismo Chiappe un adicional del 21 % sobre su "comisión" ($ 14.175) en concepto de I.V.A. a pesar de ser "responsable no inscripto", y haber entregado factura "C", toda una joyita para ser aprobado por un plenario de consejeros a propuesta de un profesor de derecho administrativo.