Publicado: 30/08/2005 UTC General Por: Redacción NU

Rodrigo Bueno: Amparo de los vecinos, decreto de Ibarra

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó un amparo ante la Justicia para que se urbanice el asentamiento Rodrigo Bueno, más conocido como Villa Costanera Sur. En tanto, el Gobierno de la Ciudad circularizó entre los vecinos un decreto en el cual se ofrecen subsidios para las familias que deseen irse del lugar. Una polémica que crece
Rodrigo Bueno: Amparo de los vecinos, decreto de Ibarra
Redacción NU
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Según el censo realizado recientemente por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, son aproximadamente 500 familias las que habitan en el Asentamiento Rodrigo Bueno -más conocido como Villa Costanera Sur- que se ubica entre la Reserva Ecológica y la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. De las 1.800 personas censadas, el Ejecutivo aseguró que el 70 por ciento proviene de Paraguay y Perú, y unos poquitos de Bolivia y Uruguay.

Hace varias semanas, comenzó a circular entre los vecinos de lugar, un decreto del jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra (que podría publicarse este miércoles, dado que fue firmado recién el lunes por la noche), en el cual se establece la necesidad de mudar a los habitantes del lugar para recuperar las tierras que son de la Reserva Ecológica, "ya que fueron cedidas por la Nación a la Ciudad para su uso exclusivo".

Fuentes de la Secretaría de Desarrollo Social explicaron que "la primera etapa de la mudanza comienza la segunda quincena de septiembre con un grupo de familias que aceptaron el ofrecimiento de un subsidio o un crédito que se otorga a través del Instituto de la Vivienda (IVC). Es decir, tienen esa opción y firman por una de ellas. Cabe mencionar que el 80 por ciento, ya aceptó alguna de estas modalidades".

Y agregaron: "En el caso del subsidio, se les da hasta 20.000 según el grupo familiar; mientras que, en lo que respecta al crédito, les propone un crédito exclusivo para la compra de una vivienda, y se les paga un monto de unos 350 pesos mensuales hasta que salga el crédito para que puedan alquilarse algo. El crédito es de hasta 75.000, según la ley 341".

Al ser preguntada por NOTICIAS URBANAS sobre el tema, la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, Sandra Bergenfeld (Cambiemos Buenos Aires), expresó: "El decreto es un mamarracho. El Gobierno porteño no puede seguir ofreciendo subsidios, porque eso no es una salida habitacional. Igualmente, no nos sorprende porque es común realizar este tipo de maniobras".

Bergenfeld añadió: "El jueves por la tarde tengo una reunión con el subsecretario Sergio Beros precisamente por este tema. Incluso, consulté al presidente del IVC, Ernesto Selzer, por los créditos porque sé que están cerrados, y me dijo que dada las circunstancias se podía hacer una excepción".

En tanto, un grupo de vecinos afirmaron: "Efectivos de la Policía Federal nos intimaron para que desalojemos los terrenos en donde construimos nuestras casas. Además, funcionarios del Gobierno a muchos les hicieron firmar una declaración jurada en blanco y eso supuestamente es lo que ellos llaman una aprobación masiva de la propuesta".

Sin embargo, Mario Billubi, asesor del secretario de Desarrollo Social, Jorge Telerman, aclaró: "Eso es totalmente falso. Nadie intimó a los vecinos para que vayan a firmar nada. Son sólo versiones que dan a conocer quienes pretenden hacer presión para que se les ofrezca más plata. Lo cierto es que la única copia del predecreto la tuvieron porque la vinieron a buscar a mi oficina, y yo se las imprimí para que supieran que era lo que les íbamos a proponer".

Frente a esta situación, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó un amparo ante el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 4 para que se urbanice el asentamiento. Consultada al respecto por la agencia, la directora y coordinadora del Consultorio en Derechos Sociales de la APDH en Rodrigo Bueno, Carola Escalada, señaló: "El amparo pide que se proceda a suministrar la Protección integral y necesaria para la subsistencia de las familias, y la protección de la vivienda digna, la cual entendemos sólo es posible, dados los derechos adquiridos y la cuestión en juego, mediante la urbanización del barrio".

Además, Escalada dijo: "Por otra parte, se solicitó cautelarmente que se disponga el inmediato cese, suspensión y abstención al Gobierno de la Ciudad de las maniobras que se están llevando adelante para la erradicación del barrio; así como también se proceda a la desratización del lugar, el retiro periódico de la basura, la implementación de camiones cisternas con la frecuencia y herramientas necesarias, el cañado para agua potable, el tiraje de cableado de luz y el saneamiento del arroyo que linda nuestro barrio, todo esto parar ser llevado adelante por medio de los programas y recursos que la Administración entienda útiles, suficientes y pertinentes".

Cabe mencionar que la empresa IRSA compró los terrenos lindantes para realizar una inversión de 600 millones de dólares y, por supuesto, la idea de que haya una villa a pocos metros no les causa ninguna gracia.

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