Gallardo ordenó el traslado de un menor
En un novedoso fallo, el juez contencioso administrativo y tributario Roberto Gallardo ordenó intimar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que traslade a un niño con una grave discapacidad, desde la unidad de terapia intensiva del Hospital Gutiérrez a una clínica privada, a costa del propio Estado.
En los fundamentos del mismo, se afirma que está comprobado que el Gobierno porteño no cuenta con unidades especializadas destinadas a pacientes pediátricos crónicos con asistencia respiratoria mecánica, que es la indicación que dan los médicos.
La orden fue dada bajo apercibimiento de imponer una multa al ministro de Salud porteño, Alberto De Micheli. El pedido fue formulado originariamente por los padres, y ante el incumplimiento de la primera resolución, y ante informes médicos que acreditaron que el niño podría contraer enfermedades infecciosas intrahospitalarias dado que se encuentra alojado en una unidad de terapia intensiva.
El asesor tutelar de menores Gustavo Moreno solicitó la intimación y la imposición de una multa al Ministro de Salud, destacando la omisión del Gobierno de la Ciudad en diseñar políticas públicas destinadas a la implementación de estas unidades pediátricas.
Gallardo señaló: "A fin de cumplimentar lo ordenado, el Gobierno de la Ciudad deberá hacerse cargo de todo lo atinente al traslado del niño, previa verificación de las condiciones de su salud, arbitrando los medios necesarios para su internación en un establecimiento apropiado, asegurando que se le proporcione en todo momento la debida asistencia y tratamiento en función del padecimiento que presenta".
El juez en cuestión fue una verdadera pesadilla para la administración de Aníbal Ibarra, donde -entre otras cosas- clausuró el Casino, le otorgó un subsidio a los hijos de cartoneros para que puedan estudiar y dispuso la clausura del predio de La Rural. Incluso, Gallardo tuvo un pedido de juicio político por su decisión de paralizar una serie de obras en Villa Lugano, en el marco de un expediente en el que fue denunciado por la ex procuradora general porteña, Alejandra Tadei.
