Garré- Montenegro: La culpa del otro

El inicio de una guerra política entre dos enemigos irreconciliables amenaza con traer consecuencias dignas de un film de terror. Y eso se basa en una inquina desmesurada y consecuente que sólo terminará cuando uno de los dos bandos sea aniquilado totalmente por el otro, ya no hay lugar para una rendición negociada. Para que el escenario sea más perturbador se debe agregar que la batalla se lleva a cabo en pleno año electoral, donde se elegirá nada menos que un nuevo presidente de la Nación. Y para empeorar de una manera alarmante, en el conflicto en ciernes, los contrincantes políticos decidieron que su trifulca se jugara en el delicado terreno de la seguridad de la Capital Federal. Con lo cual la batalla, aunque no lo quieran sus actores principales, puede repercutir en los vecinos de una manera trágica, ya que en la cuestión de la seguridad los errores se pagan con muertes de inocentes que son víctimas de lo que ahora se llama el termómetro de la inseguridad.

El PRO y el kirchnerismo son los protagonistas y responsables directos de lo que suceda. Pero sobre todo el primero, ya que el distrito en cuestión es gobernado por Mauricio Macri, con lo cual su obligación y compromiso con quienes lo votaron es aún mayor. Pero el jefe porteño prefirió la estrategia de la victimización, que paga más en términos electorales, a ceder a que la Nación le marque la cancha. Veamos los hechos.

El martes de esta semana, en la Ciudad, se vivió un hecho de ausencia del Estado tras el retiro de los servicios adicionales que cumplían 1.400 efectivos de la Policía Federal, en 114 objetivos porteños, entre los que se encuentran ministerios, colegios, sedes del Banco Ciudad, 35 hospitales (donde también hay bomberos), tres cementerios, parques, plazas, 17 centros de salud, la Reserva Ecológica, la Jefatura de Gobierno, las custodias por orden judicial, las villas y algunos paradores nocturnos. Sin embargo, la medida excluye los adicionales que se prestan en el Tribunal Superior de la Ciudad, en el Consejo de la Magistratura y en la Legislatura porteña.

Las tareas realizadas por los ?federicos? le costaban al gobierno macrista 40 millones de pesos mensuales, monto que le pagaba a la Nación. Sin embargo, en los últimos meses la Ciudad debía un poco más de 20 millones de pesos. De esta diferencia se hizo cargo la Nación. Esta deuda no hizo más que aumentar los enconos de los K contra Macri. ?Encima que tenemos que poner plata de nuestro bolsillo para mantenerle las custodias, el tipo sale a echarnos la culpa de todo?, se quejaban en la intimidad.

?Aunque Macri tuviera razón en lo sorpresivo e inconsulto de la resolución, fue bastante irresponsable actuar de una manera caprichosa diciendo que esos objetivos debían ser vigilados por la Federal y que su gobierno no tenía plan B, poniendo en peligro la seguridad de muchos porteños, como si él no gobernara la Ciudad. El problema podría haberse solucionado contratando seguridad privada o reasignado a esa tarea a una parte de los miembros de la Policía Metropolitana (PM)?, explicó ante NU un experto en seguridad urbana. Pero Macri se resistió a esas alternativas y puso sus cartas en otro lado. Tanto los K como los PRO dedicaron todas sus energías a echarse culpas mutuas por todos los medios de comunicación, olvidando uno de los roles principales de todos los gobiernos del mundo: la de brindarles seguridad a los ciudadanos.

El último lunes, la ministra de Seguridad y DD.HH. de la Nación, Nilda Garré, al anunciar que los federales dedicados a las custodias dejarían esas tareas para incrementar la presencia callejera, adujo que la decisión beneficiará a los habitantes de la Ciudad. ?La medida se tomó para reforzar el patrullaje en las calles. Los policías van a seguir haciendo adicionales pero no parados en un objetivo fijo. Hay una necesidad de reforzar la seguridad en el espacio público. Además, la resolución se basó en un estudio que detectó una sobrecarga de horas extras en los policías de la Federal que realizaban las custodias?, detalló la ministra.

Aunque esa fue una de las causas principales del desplazamiento de los efectivos, también había una razón política que apuntaba directamente contra la gestión del jefe porteño. ?La administración que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se cansó de que Macri se victimice en público y le exija al Gobierno nacional que le solucione temas relacionados con la seguridad de la Ciudad que le corresponden exclusivamente a él. Más si se tiene en cuenta que la gestión macrista tiene una policía propia integrada por alrededor de 1.850 efectivos. Es decir, 450 más que los policías federales que Garré retiró de las custodias, relató a NU un funcionario cercano a la ministra.

El conflicto se originó en diciembre del año último con la toma del parque Indoamericano de Villa Soldati, al que le siguieron las usurpaciones del Club Albariño de Villa Lugano y las viviendas del parque Avellaneda. En todos esos casos la reacción de Macri fue la misma: quitarse responsabilidades para afirmar que es la Nación la que debía hacerse cargo de la solución de los mismos. Por eso, a partir de la medida adoptada el lunes el kirchnerismo salió a marcarle la cancha al PRO. ?De ahora en más, el Gobierno nacional no moverá un dedo ante los reclamos porteños. La última concesión que hicieron fue postergar por un mes, hasta el 6 de mayo, el retiro de los federales que cumplen las tareas adicionales, pero a partir de esa fecha no habrá negociación posible. Entonces el jefe porteño estará en la disyuntiva de hacerse cargo de la seguridad de esos objetivos o dejarlos sin custodia. No tendrá otras alternativas?, agregó el funcionario K entrevistado.

El primer macrista que se entero de la postura K fue el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, el pasado miércoles por la tarde y a las pocas horas de que la reacción del gobierno PRO llegara a su punto máximo, al presentar a través de los abogados de la Procuración General una denuncia penal contra Garré y el jefe de la Federal, el comisario general Enrique Capdevilla, que quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide.
La jugada macrista cayó muy mal en la Federal, donde se argumenta que Capdevilla es un subordinado de Garré, que cumple sus órdenes.

Montenegro fue notificado por un colaborador de la ministra de la nueva postura que adoptará la Nación en su relación con la Ciudad. La intransigencia K le quedó clara a Macri luego de enterarse de la comunicación telefónica entre Montenegro y Garré, en la que el macrista le pidió una reunión, solicitud que la ministra rechazó. Era evidente que los tiempos de la negociación entre la Ciudad y la Nación se habían acabado. ?Hablamos pero no hay ningún tipo de acuerdo?, confesó el ministro porteño. La nueva realidad hizo que Macri, Montenegro y el jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, mantuvieran un encuentro para decidir qué acción tomaría la administración PRO ante el hecho concreto de que la Federal no volvería a las custodias. Los líderes macristas estaban convencidos de que su táctica de volver a responsabilizar a la Nación les daría resultado y actuaron en ese sentido, creyendo que llegarían a algún tipo de acuerdo con la Federal. Sin embargo, debieron cambiar de actitud en muy poco tiempo y analizar la posibilidad antes rechazada de hacerse cargo de los objetivos abandonados. A última hora del miércoles, Burzaco anunció que la PM custodiaría de manera permanente dos hospitales: el Tornú y el Pirovano, que están en las comunas 12 y 15, donde actúa la fuerza porteña. ?Y seguimos en el Penna por orden judicial?, agregó. La Metropolitana también podría custodiar los centros de salud que están cerca de villas.

La dureza de la postura kirchneristas se basó en un hecho que es innegable, la Metropolitana entró en funcionamiento en febrero de 2010 y entre sus atribuciones figuran la de actuar en casos de violación de domicilio y usurpaciones. Este dato deja en claro que en caso de tomas de viviendas debe actuar la PM. Y la confirmación de que el Gobierno porteño sabe que la policía posee esta facultad quedó demostrado en la toma del Indoamericano. La gravedad de las tres muertes concentró todas las miradas dejando en el olvido un hecho clave del asunto. Cuando la Justicia ordenó desalojar el predio, fue la Metropolitana la fuerza que originalmente se puso en marcha para cumplir la orden judicial sin que ningún funcionario porteño pidiera la actuación de la Federal en el operativo. ?Lo que hizo la Metropolitana al inicio de la usurpación fue cumplir con su obligación; no hay que olvidar que sólo requirió la colaboración de la Federal cuando se vio desbordada por los incidentes que se produjeron entre los uniformados y los okupas.

La estrategia de Mauricio ante el resultado del desalojo lo llevó a proteger su gestión y a preservar a la Metropolitana. Al analizar los violentos enfrentamientos y notar que hasta una fuerza con la preparación y la experiencia de la Federal se vio puesta en aprietos ante un operativo de desalojo, decidió que la policía porteña todavía no podía actuar en situaciones de similares características ante la posibilidad concreta de que se produjera un enfrentamiento con heridos o muertos. Con la terrible consecuencia que eso le podría traer ante la sociedad, buscó eludir responsabilidades y tirarle el fardo al gobierno de Cristina. ?Eso quedó claro al día siguiente de que se produjera la primera muerte: los efectivos de la PM fueron retirados del Indoamericano.

A partir de ahí, Macri se dedicó a exigir la actuación de la Federal a viva voz y en los grandes medios periodísticos, sin reconocer que en los hechos de usurpación era la policía local la que debía proceder. Esto fue lo que tensó la relación con los K y desembocó en el retiro de las custodias?, detalló un fiscal porteño ante este medio. La conflictividad entre la Nación y la Ciudad parece haber llegado al punto de ebullición.