Denuncian graves irregularidades en el concurso para camaristas

En consonancia con las numerosas impugnaciones que recibieron los concursos realizados para ocupar cargos en el fuero Contravencional y de Faltas, realizados por el Consejo de la Magistratura durante la gestión encabezada por Juan Octavio Gauna, circula entre los legisladores peronistas un informe reservado, que cuestiona el orden de mérito de los postulantes a camaristas, cuyos seis primeros pliegos están a punto de ser aprobados por el parlamento porteño.

"El Concurso 5/99 fue raro desde su inicio -señala la denuncia-. Fue convocado públicamente el 19 de noviembre de 1999 sobre la base de un jurado integrado por Stella Maris Cerminaro, Rosa Goscilo, José Masoni y Carlos Negri. Dos días después aparece en el Boletín Oficial nuevamente la convocatoria, pero con otros jurados: David Baigún, Andrés D'Alessio, Marisa Graham y Horacio Schick. Al día siguiente, también a través del Boletín Oficial, se hace saber que hubo un 'error' en el primer llamado, pero nunca fue aclarado correctamente".

"Casualmente los postulantes con mejor clasificación provienen de las cátedras Baigún y D'Alessio, quienes integran el Consejo Académico de la Facultad de Derecho junto con Juan Octavio Gauna. Los jurados Baigún y D'Alessio no se excusaron a la hora de evaluar a sus adjuntos de cátedra o alumnos de posgrado. En otros concursos otros jurados sí se excusaron en relación con sus alumnos, adjuntos o secretarios", afirma el documento confidencial.

También se denuncia que se violaron las normas de anonimato: Pablo Bacigalupo fue excluido del concurso para fiscal porque en el examen puso el nombre "Máximo Gonzalez", pero en este concurso "habiendo cometido el mismo hecho, no sólo no fue excluido sino que está premiado con el quinto puesto del orden de mérito para camarista". También habrían transgredido esa regla el primer postulante -José Saez Capel-, la segunda -Marcela de Langhe- y el cuarto -Marcelo Vázquez-. Los dos primeros citando a Baigún, uno de los jurados, en las respuestas que dieron en el examen.

"Sin advertirlo -se asevera-, la Legislatura votó una modificación 'tramposa' de la ley 31 del Consejo de la Magistratura que tornaba 'irrecurribles' las decisiones del Consejo, trampa que fue pergeñada para que quedara consolidado lo ya decidido, 'a repartir', en cada concurso y, de esa manera, imposibilitar su revisión. Esa trampa fue derogada cuando se advirtió su verdadera intención. Por otra parte no habría debido esgrimirse tal 'irrecurribilidad' para los concursos iniciados bajo anteriores reglas de juego. Sin embargo, es el subterfugio utilizado por el Consejo para desechar las impugnaciones que les llovieron".

También se cuestiona el hecho de que el concursante al que se le asignó el mayor puntaje por su currículo, Jorge Franza, sea un especialista en derecho de recursos naturales, agua, ambiente e indígena. Se señala que a pesar de sus dotes en esa materia, "no acreditó carrera judicial ni relación con el sistema jurídico de la Ciudad, donde poco hay de indígenas y de recursos naturales", se ironiza.

Además en el documento se cuestiona: "El conocimiento en derecho contravencional, derecho de faltas y derecho de la ciudad no fue tomado en cuenta ni para la designación de jurados ni para la calificación de los postulantes. Por el contrario, se sobrevaloró la formación penalista y los propios jurados, en la respuesta a las impugnaciones, explicaron así esta sobreevaluación: 'Obramos de tal modo sobre la base de la certeza, prácticamente unánime en la doctrina, de que no existen diferencias ontológicas entre delito, contravención y falta'".

Según el informe, "esta afirmación es falsa, de falsedad absoluta no sólo la doctrina no es unánime, sino que en esta Legislatura, en el Tribunal Superior, en la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad y en el actual Consejo de la Magistratura se sostiene que sí existe diferencia ontológica entre las faltas y los delitos. Hay doctrina nacional e internacional de respaldo a esya opinión. Sobre la base de esas diferencias se legislan los códigos de procedimientos y el sistema de pago voluntario", se remarca.

A su vez, los candidatos segundo -de Langhe-, tercero -Elizabeth Marum-, quinto -Bacigalupo-, sexto -Fernando Bosch- y décimo -Franza- habrían demostrado que desconocen las normas y procedimientos porteños.

Párrafo merece José Saez Capel, quien ocupa el primer lugar en el orden de mérito. Según el escrito, estaría mencionado como involucrado entre las personas físicas que aparecen en el "Informe sobre lavado de dinero". Fue o es apoderado de IATA Alcatel, (hoy IATEL), una firma que se asoció transitoriamente con otras empresas y mantuvo vínculos con el Grupo Extrader, integrado por Extrader Sociedad Anónima, Financiera Magiar de Montevideo y Banque du Crédit et Investissement de Bahamas, entidad que sería una banca off shore.

Saez Capel habría reconocido los vínculos entre Alcatel y el Estudio Perel, Vaisberg y Asociados, cuyo dueño es el padre de Mariano Perel, quien fue victima de un asesinato con tintes mafiosos perpetrado en Cariló. En tanto, el presidente de Alcatel fue mencionado en las indagatorias de María Julia Alsogaray, cuando respondió sobre los vínculos de las telefónicas con Perel hijo.

Además, Saez Capel aparece como abogado del encargado de Negocios de Panamá ante el gobierno argentino, Alcibíades Simons Ramos, en la causa por la triangulación de las armas. Allí lo defiende alegando falsa firma en el certificado de uso final para Fabricaciones Militares, por la cual su defendido habría autorizado a Debrol Sociedad Anónima para adquirir las armas que irían a Panamá.

Algunos legisladores a los que les llegó este informe se sorprendieron por el hecho de que el viejo Consejo de la Magistratura no hubiera realizado estas investigaciones al momento de realizar los exámenes.