Los motivos ocultos de Nilda Garré

?La rimbombante denuncia penal que la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, realizó el jueves de la semana última contra 20 exefectivos de la Policía Federal (PFA) que se desempeñaron en las comisarías 7ª, 28ª y 44ª (cuatro comisarios, un comisario inspector, cinco subcomisarios, dos subinspectores, un sargento, cinco cabos primeros, un cabo y un agente), por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, se produjo a menos de una semana del allanamiento judicial en Gendarmería, en donde se avanzó sobre la certeza de que esa fuerza realizó espionaje interno sobre dirigentes sociales opositores al kirchnerismo y que esa tarea fue ordenada por Garré. Ante el problema mayúsculo que representa esa investigación para la funcionaria, la ministra sacó de la galera una jugada genial y se presentó como el estandarte de la honestidad y la depuración policial al acusar a los malos policías?, le explicó a NU un excomisario mayor de la Federal, que fue consultado acerca de los motivos de la movida que dio a conocer Garré la semana última.

Pero a la ministra de Seguridad no solo la tiene a maltraer la investigación judicial por el Proyecto X; el miércoles 8 de agosto fueron detenidas cinco personas por realizar tareas de inteligencia sobre políticos y gremialistas opositores al Gobierno nacional. Los detenidos se defendieron asegurando que realizaron dichas labores para la cartera que comanda Garré, y como prueba de ello mostraron tres recibos de sueldo que tenían el membrete del Ministerio de Seguridad.
Aunque para la Justicia los recibos estaban adulterados, se pudo comprobar que los apresados realizaron los trabajos de espionaje mencionados y que para los mismos utilizaron una importante cantidad de material tecnológico de última generación, que a criterio de los investigadores judiciales solo poseen los organismos nacionales de inteligencia, como es el caso del Ministerio de Seguridad o la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Ante esta confirmación, la pregunta que desvela a todos los involucrados es para quién realizaron las tareas de espionaje. La respuesta solo puede afectar a sectores del kirchnerismo, ya que los espiados siempre fueron opositores.

Ante estos percances, Garré optó por acaparar la atención pública denunciando a los malos policías. Pero la movida no se detuvo en la presentación de la denuncia. Un día después de dar a conocer la acusación, la ministra publicó un comunicado en su cuenta de Twitter en el que afirmó que ?el remedio contra la corrupción son activas políticas de transparencia, instituciones firmes de control político y un desempeño cada vez más profesionalizado de las fuerzas policiales y de seguridad. La complicidad con el delito es grave y más aún cuando los involucrados son los mismos que deberían confrontarlo?. Garré, además, remarcó que el mandato que le dio la Presidenta fue el de ?afirmar el control político de estas fuerzas y el mayor resguardo para los derechos y garantías de todos, incluidos aquellos que hacen opción por la profesión de proteger a la comunidad ante el delito?.

Como si la acusación contra los malos policías hecha por la funcionaria no hubiera adquirido la suficiente presencia ante los medios, Garré concurrió el martes de esta semana a la Cámara de Diputados para encabezar una jornada de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, en donde volvió a repetir su consigna de garantizar el control político de las fuerzas policiales. Con tanto discurso televisivo, la ministra volvió a ocupar el rol que más le gusta, el de la mujer que enfrenta la corrupción de la Federal. Sin embargo, la nueva depuración interna llevada a cabo tiene dos argumentos básicos, uno de los cuales es el reemplazo de ciertos jefes de la fuerza, a la que se suman uniformados de menor rango que responden a estos mandos y que según los colaboradores de Garré no están comprometidos con la gestión de la ministra de transformar la institución, para hacerla, según sus propias palabras, más democrática y totalmente alineada con lo que dispone el Gobierno nacional a través del funcionario civil que comanda la cartera de Seguridad.

Por otro lado, un sector importante de la Federal asegura que estos desplazamientos solo obedecen al grupo de jerarcas de la fuerza que rodea a Garré, en especial la máxima autoridad de la policía, el comisario general Enrique Capdevilla, quien estaría aprovechando la depuración para eliminar a los capos de la Federal que no le son afines. Un comisario mayor de alta jerarquía le señaló a NU: ?Esto no se trata de una purga contra los malos policías como argumenta el Ministerio, sino que están echando a los opositores internos del bando que lidera Capdevila. Y es bueno aclarar que en ese sector no hay carmelitas descalzas. El dato que comprueba esto es que los policías de rango, investigados de las seccionales 7ª, 28ª y 44ª, no era gente muy cercana a Capdevila?.

LA CAUSA QUE MOTIVÓ LA DENUNCIA

El viernes 31 de agosto el juez federal Norberto Oyarbide viajó en helicóptero hasta Campo de Mayo. El objetivo del magistrado era inspeccionar el Centro de Reunión e Información de la Gendarmería Nacional que funciona en ese predio del Ejército. Y la causa judicial que lo llevó hasta allí no era nada menor. Oyarbide lleva adelante el expediente que investiga si la Gendarmería realizó tareas de inteligencia interna sobre dirigentes sindicales y sociales a través del denominado Proyecto X, un software de computación donde se almacenaba información sobre las personas espiadas, y si llevaron a cabo estas tareas por orden de la ministra de Seguridad de la Nación. Durante el recorrido por el lugar, el juez federal secuestró un número de copias de documentos archivados en las computadoras que funcionaban en el Centro de Reunión e Información.

El magistrado visitó personalmente el edificio debido a que en ese lugar funciona el área de Inteligencia de la Gendarmería, sector desde el que supuestamente se llevaba a cabo el espionaje. La fuerza investigada se encuentra en una situación muy complicada, ya que además de la denuncia judicial que realizaron un grupo de dirigentes sociales acusando a los gendarmes de espiarlos, el propio jefe de la fuerza, Héctor Schenone, reconoció la existencia del software denominado Proyecto X, pero argumentó que lo utilizaron por pedido de la Justicia.

Sin embargo, los denunciantes alegan que sufrieron seguimientos de personas y que existen datos que no están relacionados con las causas judiciales. La Justicia no le dio entidad a la excusa de Gendarmería y, como prueba de ello, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado anuló los procesamientos de delegados sindicales que habían sido acusados por pruebas obtenidas a través del Proyecto X. La gravedad de los datos judiciales, a los que se suma la crisis interna de la Federal, se convirtieron en motivos de peso para la denuncia penal que presentó Garré. Aunque, claro, un solo árbol no puede tapar el bosque.