Luis Zamora les debe a dos de sus ex colaboradores mucho más que dinero y explicaciones

Marta Castaño y Enrique Ávila se convirtieron en los últimos tiempos en lo más parecido a una pesadilla para el candidato a jefe de Gobierno de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora. Es que este matrimonio, en 1997, contrató los servicios del hoy diputado para que los representara en un juicio contra la empresa Covinorte, tras un doloroso accidente en el que fallecieron sus dos hijos, el hermano de Ávila, la esposa de éste y sus dos hijos.

El propio Ávila relata que "después de haber consultado con varios abogados, a los que sólo les interesaba el inicio de la acción civil, algo en lo que nosotros no estábamos interesados, decidimos consultar al Zamora, porque pensábamos que el accidente que habíamos sufrido debíamos denunciarlo y hacerlo público, ya que en la ruta 34 de la Provincia de Santiago del Estero -donde ocurrió- la presencia de animales sueltos era algo habitual. Zamora, dados sus antecedentes como defensor de los derechos humanos, nos parecía que era la persona que podía llevar adelante esta denuncia".

"Después de hablar con él, Zamora nos comunicó su decisión de tomar el caso penal -continúa Ávila-, agregando que también iniciaría la acción civil, en la que él cobraría luego sus honorarios si el fallo fuera favorable. Esta causa se encuentra en estos momentos en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Poco tiempo después, surgió de nuestras investigaciones en archivos periodísticos, organismos de control, en el Ministerio de Obras Públicas y en los informes policiales y de seguridad vial que la principal causa de los accidentes producidos en Santiago del Estero era la presencia de animales sueltos en las rutas, con un saldo muy importante de muertes todos los años".

"La ruta 34 le fue entregada en concesión por el sistema de peaje a la empresa Covinorte SA, del grupo de Benito Roggio, en los tiempos del Gobierno de Menem, pero no hizo nada desde el momento en que se hizo cargo de la ruta -hace ya doce años- para terminar con las muertes absurdas que todos los años se producen por la presencia de animales sueltos", relata Ávila.

Con la acumulación de una gran cantidad de documentación y antecedentes, Ávila y su esposa le anunciaron a Zamora que deseaban efectuar una denuncia pública. La pareja consideraba que lo ocurrido no había sido sólo un accidente más, sino que se trataba de un homicidio por negligencia y desinterés, tanto por parte de la empresa concesionaria como de las autoridades encargadas del control de la ruta.

"Nuestra sorpresa fue grande -manifiesta un asombrado Enrique Ávila- cuando el señor Zamora nos dijo que no era el momento de denunciar, que teníamos que seguir juntando pruebas en el expediente y, junto con otros argumentos legales, nos desalentó a hacer público nuestro caso. Si lo hacíamos -aseguró Zamora- íbamos a alertar al enemigo -la empresa Covinorte- de las pruebas que estábamos ingresando en la causa penal. Muchas veces intentamos hacer la denuncia, obteniendo siempre la misma respuesta: todavía no es el momento".

El indignado ex amigo de Zamora relata que "durante todos estos años en los que estuvimos juntando pruebas 'sin alertar al enemigo', nos estuvo cobrando una cuota por llevar la causa penal, lo que fue un cambio en el acuerdo original propuesto por él, ya que al principio nos dijo que no nos iba a cobrar por la causa penal y que su trabajo en ésta lo cobraría en la causa civil. Zamora también nos pidió prestado dinero de nuestros ahorros para resolver situaciones personales llegando a la suma de 18.000 dólares".

Lo que sigue a continuación es lo más grave de la denuncia de Enrique Ávila y Marta Castaño. "Nos dimos cuenta -dice Ávila-, después de muchos pedidos para continuar con la causa penal, que de hecho Zamora ya la había abandonado hacía mucho tiempo. Y esto había sido después de haber reunido las pruebas que a él le interesaban para la causa civil. Por lo que ahora afirmamos que el Sr. Zamora usó la causa de la muerte de nuestros hijos en su propio interés. Solamente le interesaba la causa civil por el dinero que podría llegar a obtener de ella".

"Nos estuvo engañando durante todos estos años para sacarnos dinero, un dinero que todavía se niega a devolver y lo que es más grave aún, nos impidió llegar a los responsables de una causa en la que murieron seis personas. Y decimos que nos lo impidió porque ahora nos enteramos que las responsabilidades penales prescribieron en el año 2000. Y esto lo sabía muy bien el señor Zamora y nos lo ocultó para poder seguir cobrando la cuota y pidiéndonos dinero prestado", denuncia el dolorido ex colaborador del legislador izquierdista.

Cuando aún confiaban en Zamora, relata la pareja, "colaboramos en su regreso al Congreso como diputado, ya que integramos la lista de Autodeterminación y Libertad en el año 2001, en la que Marta fue electa diputada, ya que figuraba en el segundo lugar, pero mi esposa renunció antes de asumir para ceder su lugar al actual diputado José Roselli".

"En mayo de 2002 decidimos irnos del movimiento y del lugar que ocupábamos en el Congreso -continúa Ávila su relato-, después de ver muchas cosas con las que no estábamos de acuerdo y de las que no queríamos ser cómplices.

Finalmente -expresa Ávila- a Zamora no le importó acusar al diputado Roselli ante los medios de prensa y pedirle la renuncia por el sólo hecho de que éste le pidiera que nos devuelva el dinero y que no 'cague' a los amigos. Así, con todo lo que nos pasó, nos damos cuenta de que el señor Zamora es igual o peor que aquellas personas a las que queríamos denunciar y que provocaron la muerte de nuestros hijos y familiares".