La Justicia porteña carga contra Aníbal Fernández

La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MAFUCABA) y el Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad, emitieron una declaración conjunta en la que adhieren "al contenido y espíritu de la Acordada Nº 18/08" dictada por el Tribunal Superior de Justicia y reiteraron el reclamo de la autonomía plena jurisdiccional.
"Las leyes 25.320 y 26.357, han posibilitado el ejercicio efectivo de competencia penal por parte de los jueces y magistrados del Ministerio Público de la Ciudad. La ley 26.288 modificó el artículo 7 de la ley 24.588 (ley Cafiero), reconociéndole a la Ciudad funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales", describe la declaración. Y resalta: "La resolución Ministerial Nº 1633/08 (emitida por Aníbal Fernández) [...] le veda (al Poder Judicial local) el auxilio de las fuerzas de seguridad dependientes de la Nación. Esta asistencia [...] no puede estar sujeta a revisión por parte de las autoridades administrativas de las que dependen; antes bien, las órdenes o decisiones deben ser emitidas por los jueces y Ministerios Públicos constitucionales, sin posibilidad de escrutinio alguno sobre su legitimidad por parte de aquellas agencias gubernamentales".

Si bien, la acordada del Tribunal Superior no aborda la cuestión de fondo (si los delitos u órganos judiciales que se creen a posteriori de la reforma constitucional y la entrada en vigencia de la ley Cafiero deben ser transferidos por convenios o si sólo aquello con existencia previa debe cumplir con este requisito) y sólo resalta la facultad jurisdiccional de la Ciudad y el reclamo de la autonomía plena, varias fuentes judiciales consultadas por nuestro medio califican de "intromisión" la medida tomada por Aníbal Fernández.
"La cuestión de fondo es un tema opinable. Los argumentos, tanto de unos como de otros, son válidos, pero no es competencia ni de la Justicia Local, ni de un Ministro Nacional dirimir sobre cuestiones de competencias jurisdiccionales. Esta materia es facultad exclusiva del tribunal de alzada al que responden las jurisdicciones en conflicto", remarcaron a NOTICIAS URBANAS fuentes de la Justicia porteña.

"Ningún órgano de la administración nacional puede sentar lineamiento alguno que intente dirimir una hipotética cuestión de competencia entre tribunales judiciales de distinta jurisdicción, pudiendo frustrar irremediablemente el ejercicio de las funciones propias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por todo lo expuesto, manifestamos nuestro rechazo por la resolución del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación", concluye la declaración de las asociaciones judiciales porteñas.
Pero para que la Corte resuelva este tema, deberá plantearse un conflicto de competencia concreto, ya que el máximo tribunal nacional no puede dirimir sobre cuestiones hipotéticas.

"Esto se resolverá si, en una causa particular por picadas, dos jueces, uno de la Ciudad y otro de la Nación, se declaran competentes en el caso y plantean el conflicto ante la Corte. Si esto no ocurre, no existiría un conflicto de competencias real y todo esto sólo sería una discusión abstracta que sólo serviría para que el vecino tome conciencia de la importancia de ejercitar la autonomía", resaltaron.

En relación a las declaraciones efectuadas este martes por Aníbal Fernández, donde expresa que lo manifestado por el Tribunal Superior porteño es "una expresión de deseo", el presidente del Colegio de Magistrados porteños y camarista del Fuero Contravencional y de Faltas, Marcelo Vázquez, en diálogo con nuestro medio subrayó: "La acordada del Tribunal Superior de Justicia es una interpretación genuina y con sustento en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad, y no en voluntades personales".

"Como el Ministro Fernández se recibió de abogado en el 2001, con las dos constituciones en plena vigencia, debería conocer ambas y dar una respuesta con mayor sustento jurídico", dijo Vázquez. Y agregó: "Si fue matriculado días atrás en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, más allá de la renuencia de su dirección a la plena autonomía porteña, imagino que debe haber jurado también por la Constitución de la Ciudad y no desconocer la misma", concluyó.