Tres tristes torres

Tres lotes de 15 mil metros cuadrados situados en Córdoba y Leandro N. Alem van camino a ser subastados por el Gobierno porteño, tras la audiencia pública que se realizó el 10 de agosto en la Legislatura. Resta que el Parlamento porteño apruebe por segunda vez (de manera definitiva) la norma que establece su rezonificación, enajenación y venta en subasta. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires tasó los terrenos en 300 millones de pesos, una suma que debería incrementarse cuando sean rezonificados para permitir la construcción de tres gigantescas torres, un requisito previo al gran negocio inmobiliario que lleva implícita la operación. Esta rezonificación permitiría que los edificios a construirse alcancen casi 150 metros de altura, sumando 150 mil metros cuadrados cubiertos.

Los 300 millones que se recaudarían en la subasta pública irían a reforzar las alicaídas partidas de infraestructura educativa, un rubro en el que el gobierno gastó en 2008 unos 10 millones de pesos. Igualmente, ya está incluida en el presupuesto gubernamental de este año.

Desde la época de la dictadura, en los terrenos a subastar hay una estación de servicio ?por la que el concesionario paga un canon de apenas 11 mil pesos mensuales al gobierno? y cocheras, que pagan desde hace pocos meses 90 mil pesos. Antes, pagaban 17 mil.

UNA LEY PARA DESESTATIZAR

Las leyes para desafectar del dominio fiscal los terrenos concesionados en 1979 y propiciar su adecuada rezonificación fueron aprobadas en lo que se conoce como ?primera lectura?, el 14 de mayo por la Legislatura.

El 10 de agosto se realizó la audiencia pública obligatoria en leyes de doble lectura, es decir, que deben aprobarse en dos instancias para entrar en vigencia. La Constitución porteña establece este método para normas especiales. Este caso lo es por partida doble, ya que incluye una modificación al Código de Planeamiento Urbano y la desafectación y disposición de un inmueble de dominio público. En la audiencia, los representantes de las instituciones vecinales que participaron se opusieron categóricamente.

Pedro Kesselman, presidente de la Asociación de Vecinos de Plaza Italia, señaló en la audiencia: ?Los argumentos que nos dan para justificar esta venta son los mismos que dio Menem cuando privatizó EnTel. Entonces nos dijeron que la plata era para beneficio de los jubilados. Ahora no les creemos si dicen que esta plata será para educación. Y después de Catalinas, van a privatizar los terrenos ferroviarios de Caballito, Liniers y Palermo?.

Cuando le otorgaron la palabra, Javier García Elorrio, ex funcionario de Jorge Telerman y representante de la Fundación Ciudad, dijo que ?si el Gobierno quiere hacer escuelas no debe vender tierras públicas, que son de todos, sino bajar el gasto político?.

LA PALABRA DEL OFICIALISMO

El diputado Álvaro González, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, fue el miembro informante del oficialismo y defensor de su propuesta en todas las instancias legislativas, incluida la audiencia pública. Algo molesto por ciertas críticas que considera excesivas, expresó a Noticias Urbanas que ?por medio de este proyecto se desafectan del dominio público y luego se rezonifican tres terrenos para venderlos. Dichos terrenos están desde hace 30 años en manos de amigos de la dictadura, a los que se les quitarían para que el Estado consiga una renta con el fin de mejorar la situación escolar?.

?El Estado gasta un promedio de entre 10 mil a 20 mil pesos cada mes en alquilar escuelas, llegando a los 200 mil pesos que cuesta arrendar una de las escuelas, lo que es demasiado, porque se llega a pagar en ese rubro 10 millones de pesos anuales?, explicó.

?El dinero se afectaría para comprar algunos edificios y para construir otros, porque no hay que olvidar que el avance de los privados, del que tanto se habla por esta venta, se produce también cuando se pagan esos 10 millones anuales?, manifestó, filoso, el diputado González.

En lo que respecta a las críticas de la oposición, González volvió a responder sin guardarse nada. ?A los que viven sospechando de todo lo que hacemos, podríamos decirles, si manejáramos algún grado de perversión, que si fuéramos igual de desconfiados, la sospecha también sería nuestra, pero hacia ellos. ¿A quién defienden? ¿A los actuales concesionarios, amigos de la dictadura??, se enojó el legislador macrista.

Analizando el precio de los terrenos, algo que también fue objeto de críticas por parte del resto del arco político, Álvaro González aseguró que el precio podría ser mayor a los 300 millones y que ?la subasta la va a llevar a cabo el Banco Ciudad, que es la institución oficial que recibirá las ofertas, a las cuales, si el Estado considera insuficientes, podrá decir que no. Lo que no se entiende es que no se haga nada, que es lo que hace la mayoría de los que nos critican?.

?El interés supremo es hacer que los terrenos sirvan para resolver el problema de los costos de la infraestructura escolar. Interpretarlo de otra manera sería un error?, acotó González, para concluir que ?no hay que olvidar que en esta ocasión se le otorga la rezonificación de los terrenos al propio Estado, con el objeto de conseguir una venta mejor. Es la primera vez que ocurre esto, porque no hay que olvidar que en el pasado las rezonificaciones se les otorgaban a los privados?.


TERRITORIO EN DISPUTA

Los terrenos que se pondrían a la venta están situados en una zona catalogada como U13, lo que significa que son de ?urbanización determinada?, con ?uso estacionamiento?.

Las parcelas, que están identificadas como LM1, LM10 y LM13, ?sólo podrán destinarse a la guarda de automóviles y a las instalaciones complementarias de ese uso, tales como estación de servicio, etcétera?, establece el Plan Urbano Ambiental. Ahora bien, dicho etcétera no es una simple abreviatura: desde el punto de vista urbanístico significa que los terrenos se podrían destinar a casi cualquier uso, excepto a los de la construcción de las torres que se proyectan allí.
El cambio que se votará próximamente en la Legislatura será, no de nomenclatura sino que sobre la propia denominación U13 debe autorizarse la construcción de hasta 110 metros de altura, que es la media de la zona.

De todos modos, desde las filas del oficialismo aseguran que en el Plan Urbano Ambiental no hay prohibición para ceder los terrenos públicos al ámbito privado. Incluso, traen a colación el convenio por el cual se ceden las antiguas Bodegas Giol al Estado nacional para instalar allí el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Aun así, hay quienes plantean que hay que seguir el consejo de uno de los popes de la arquitectura argentina, Clorindo Testa, quien diseñó hace casi tres décadas el plan original de la obra que se realizará pronto.

Testa, que se hizo presente en la audiencia pública a través de un video que llevó uno de los asistentes, aconsejó que la obra sea multifuncional, esto es, que se construyan los edificios y un centro comercial ?tal como él lo pensó?, a los que habría que agregar espacios de recreación y hasta un puente sobre Leandro N. Alem, que uniría el complejo con el resto de la Ciudad.


LUBERTINO: "MACRI PERMITE NEGOCIOS PRIVADOS CON LOS ESPACIOS PÚBLICOS"

La legisladora kirchnerista electa ?asume el 10 de diciembre próximo? María José Lubertino cuestionó con dureza la decisión del Gobierno porteño.

?Se está avanzando en un modelo de Ciudad que deja de lado la Constitución y el Plan Urbano Ambiental?, declaró la actual titular del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Lubertino evaluó que ?no existe la planificación participativa porque se prioriza la rentabilidad en la inversión, sin tener en cuenta la opinión de los porteños?.

Más allá de lo político, la futura diputada porteña denunció que ?la Constitución y el Plan Urbano Ambiental prohíben que se enajene el patrimonio público para que pase a manos privadas?.

?En el manejo del espacio público ?razonó Lubertino? se debe priorizar el mantenimiento y la creación de espacios verdes, una materia en la que existe un fuerte déficit en la Ciudad de Buenos Aires.?

?La concesión de las actuales instalaciones que existen en el lugar data de 1979, en plena época de la dictadura militar. Luego, ese espacio, que es una zona de edificios de oficinas, fue pensado para asentar espacios públicos. Incluso está previsto instalar en ese mismo lugar una estación de la Línea H de subterráneos y la traza de la autopista Ribereña pasaría cerca de allí?, consideró la presidenta del Inadi.

?Por estas razones, en especial si se construyera esa autopista, debería repensarse la zona en cuanto a su dinámica urbana. Lo que digo es que debería ser preservada para fines comunitarios.?

La funcionaria kirchnerista duda también de las intenciones de la gestión macrista en cuanto al destino que piensa darle a los fondos que se recauden en la subasta.

?El proyecto no es específico. No dice claramente a qué obras se van a imputar los fondos. Pero no sólo eso, el año pasado, el presupuesto del área de inversión en infraestructura educativa fue subejecutado, por lo que es válido dudar de la aplicación final del dinero recaudado?, cuestionó.

?Básicamente hay que mirar esta decisión en el marco del proceso que se da en muchas ciudades. Buenos Aires es una ciudad global y en las ciudades globales se produjo en el último año, ante la crisis del sistema financiero, un desplazamiento de estos fondos hacia la especulación inmobiliaria. Por esta razón ?finalizó Lubertino? en la administración Macri se produce una lógica de expulsión de los sectores menos favorecidos, a la vez que se permite el avance de los negocios privados sobre los espacios públicos.?



(NOTA PUBLICADA ORIGINALMENTE EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 202, DEL 20/08/09).