Legisladores en contra del Casino
Los legisladores Milciades Peña, Beatriz Baltroc, María Eugenia Estenssoro, Ariel Schifrin, Fernando Cantero y Daniel Betti, y los ex diputados Fernando Caeiro y Luis García Conde, convocaron a una conferencia de prensa para el martes 22 a las 16, en la antesala del Salón Montevideo de la Legislatura, "ante la recurrente violación de la ley por parte del Casino de Puerto Madero y de HAPSA, la concesionaria de las tragamonedas del Hipódromo de Palermo, y frente a la manifiesta inconstitucionalidad del origen de ambas habilitaciones".
Los diputados fundamentaron su decisión al manifestar lo siguiente: "Este lunes 21 han tomado estado público las diligencias judiciales llevadas a cabo por el Juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Andrés Gallardo, que constataron la violación por parte de Casinos de Buenos Aires SA y de HAPSA de la medida cautelar de la justicia local, dictada en primera instancia y ratificada por la Cámara, que suspende la aplicación del convenio del 2003 firmado entre Lotería Nacional y el gobierno de la Ciudad. Tal suspensión está vigente hasta el momento en que la propia justicia se expida sobre la cuestión de fondo, o sea, la legalidad de dicho Convenio. Ha tomado estado público que se estaba desobedeciendo la medida cautelar ya que Casinos de Buenos Aires estaba acondicionando un nuevo barco, el Mississippi River, y construyendo un playón de acceso y estacionamiento para instalar un segundo casino flotante en nuestra Ciudad. Por otra parte, estamos al tanto de la instalación en el Hipódromo de mas de mil maquinas tragamonedas, violando la medida cautelar de la justicia, y además sin ningún tipo de habilitación ni autorización".
En el último párrafo del comunicado dado a conocer por los legisladores que convocaron a la conferencia de prensa, agregan: "Los diputados y ex diputados mencionados venimos investigando hace meses las condiciones de legitimidad y legalidad del Convenio mencionado, que fue aprobado en un tratamiento relámpago por la Legislatura saliente en noviembre del 2003, violando flagrantemente la Constitución de la Ciudad y la ley del Juego (ley 538) que prohíben la gestión privada de Casinos, y además, ocasionando un llamativo perjuicio económico al Estado al aceptar que el 80 por ciento de las utilidades del Casino quede en manos del operador privado y sólo el 20 por ciento restante se reparta entre el Estado Nacional y el Estado local. Tales porcentajes invierten diametralmente la apropiación de utilidades en caso de casinos explotados por privados en cualquier lugar del mundo".
