Ibarra vetó las leyes que promovían las Bibliotecas Populares
Este miércoles se publicaron en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad dos nuevos vetos del jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra. Se trata del veto parcial a la Ley de Bibliotecas Populares y el veto total a la norma que creaba el Sistema Integrado de Bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires (SIBCBA).
El proyecto de Ley de Bibliotecas Populares -presentado por el kirchnerista Miguel Talento- tenía como objetivo el desarrollo económico, social y cultural de las bibliotecas, para lo cual establecía una serie de subsidios. La decisión del Gobierno fue vetar los artículos 4,5 y 6 de la iniciativa.
Según el Ejecutivo "las Bibliotecas Populares destinatarias del proyecto están bajo la competencia de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, con dependencia del Gobierno Nacional, lo que a priori define la responsabilidad primaria de su mantenimiento en todo el territorio nacional y que, si bien en épocas de superávit fiscal resulta inobjetable el interés que promueve la asistencia financiera a estas instituciones, no es menos cierto que ante posibles situaciones futuras de estrechez presupuestaria, debe darse prioridad a las bibliotecas y otras reparticiones dependientes del Gobierno de la Ciudad".
Además el decreto sostiene que "para gozar de los beneficios establecidos en el proyecto, se exige a las Bibliotecas Populares estar reconocidas por la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, lo cual provocaría una asignación automática de recursos propios de la Ciudad, en función a la decisión de una entidad ajena a su propio Gobierno".
Frente a estos fundamentos, Talento (Frente para la Victoria) aseguró que "parece que a Ibarra no le interesan las bibliotecas populares. Realmente, esgrimir un argumento económico en una Ciudad cuyo presupuesto es holgado y sin ningún problema puede incluir un subsidio como el que solicitamos es de una insensibilidad social enorme".
El vicepresidente segundo de la Legislatura agregó: "La mayoría de las jurisdicciones provinciales, al igual que muchos municipios, dictaron normas de apoyo al funcionamiento de estas asociaciones civiles, y destinaron fondos a su sostenimiento. La rica Ciudad de Buenos Aires no".
"Resulta increíble este prejuicio contra las bibliotecas populares, pero lógico de funcionarios que hacen de la cultura shows mediáticos", concluyó el diputado del bloque Frente para la Victoria.
Por otra parte, el Ejecutivo vetó totalmente la Ley 1.515, basada en un proyecto del diputado kirchnerista Milcíades Peña (Confluencia). La norma tenía como objetivo fortalecer la conectividad de las distintas instituciones porteñas, tanto públicas como privadas, utilizando la formación de núcleos por zonas en los que se coordinen las políticas diagramadas a través de un consejo asesor ad honorem y la Dirección el Libro y promoción de la Lectura.
Para el Gobierno porteño "el diseño de una política pública destinada a proteger y garantizar el funcionamiento y el desarrollo de las bibliotecas debe ser el resultado de un enfoque integral en el que se encuentren reflejadas las fortalezas y las debilidades del aparato estatal como articulador de las relaciones sociales".
"En ese sentido -agrega- el proyecto de norma adolece de una clara estructuración del problema público a encarar con la política sancionada, no existiendo una relación clara entre la creación de un sistema de bibliotecas y la promoción de la lectura en el ámbito de la Ciudad. De esta manera se puede llegar al extremo de diseñar políticas públicas como la aprobada por el proyecto de ley que propenden incentivar la lectura en el ámbito de la Ciudad, pero que al establecer una gama tan amplia y compleja de tareas, actividades y acciones sin la necesaria conexión y coherencia, dificultan y hasta imposibilitan su ejecución".
