Publicado: 07/06/2010 UTC General Por: Redacción NU

Autorizan el uso de munición letal en desalojo

Una orden de desalojo de 112 departamentos en la villa 1.11.14 para su restitución al IVC generó la polémica. Un magistrado porteño realizó una serie de considerandos sobre la forma en la que la fuerza pública deberá accionar, ordenando que las balas letales sean utilizadas como “último recurso”. La Defensoría General de la Ciudad repudió el fallo.
Autorizan el uso de munición letal en desalojo
Redacción NU
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La Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad concedió una orden de desalojo de 112 departamentos que integran 8 torres del complejo de viviendas que forman parte de la villa 1.11.14 para su restitución al Instituto de la Vivienda de la Ciudad. La orden judicial dictada por el titular del juzgado Nº 17, Norberto Tavosnaska, generó fuertes críticas de la Defensoría General de la Ciudad, que presentará en las próximas horas un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia.

Los cuestionamientos realizados desde la dependencia judicial que encabeza el defensor General Mario Kestelboim, se centran en varios apartados de la resolución en los que el juez ordena la forma en la que la fuerza pública deberá realizar el operativo.

En el fallo al que tuvo acceso NU, el juez ordena el cumplimiento de una serie de garantías entre las que se detalla que ?el eventual uso de munición de goma o gas lacrimógeno deberá ser con una distancia suficiente para minimizar los riesgos a la integridad física?. También expresa que ?el uso de munición letal será sólo utilizado como último recurso?, que ?la munición de plomo estará segregada de la posta de goma?, y que ?se respetarán los derechos humanos por parte del personal policial?.

Ante la decisión judicial, el Ministerio Público de la Defensa emitió un comunicado repudiando la sentencia.

?La gravedad de que un magistrado de la Ciudad Autónoma contemple la posibilidad de la utilización de ?munición letal? contra población civil indefensa, obliga a la Defensoría General de la Ciudad a prevenir sobre los hechos de violencia que pudieran suscitarse, denunciar la eventualidad de que se produzcan víctimas entre la población agredida, y a repudiar la resolución, por atentar contra los Derechos y Garantías básicas acordadas por el ordenamiento legal vigente?, señala el comunicado.

El cuestionamiento al texto dictado por el juez motivó que la Defensa Pública interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones que confirmó el fallo de primera instancia. La presentación se realizará ante el Tribunal Superior de Justicia.

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