Crece la interna PRO contra Guelar
Nunca antes habían firmado un documento en común tan variados representantes de las principales líneas internas del PRO. Es que no cayó para nada bien la propuesta del secretario de Relaciones Internacionales del PRO, Diego Guelar, de amnistiar a militares golpistas que implementaron el terrorismo de Estado en la década del setenta y fueron o están siendo condenados por genocidas.
?Resulta tan absurdo como irritante que el señor Guelar, se adjudique una supuesta ?autoridad moral? que avalaría su pedido de aministía para los represores y terroristas de Estado, con base en su pasada pertenencia a la organización Montoneros. Por el contrario, la impenitente adhesión del señor Guelar a dicha organización delictiva, que utilizó el terror y la violencia como herramientas políticas, lo inhibe moralmente en forma absoluta?, dejaron asentado y lo firmaron sectores conocidos dentro del PRO como los Cardenal Newman, larretistas, michettistas e independientes.
?Antes que nada queremos manifestar que pese al oportunismo con que el Gobierno Nacional está manipulando el tema, no existe tensión social alguna por los juicios contra los militares acusados por delitos de lesa humanidad. La sociedad entera conoce las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas por la última dictadura militar y exige que se haga justicia. El juicio y castigo a los culpables de tales crímenes no es ni puede ser una bandera que pertenezca a un solo sector sino a toda la República. Sugerir una consulta popular sobre un tema estrictamente judicial sólo sirve para generar polémicas artificiales y remover heridas que, justicia mediante, están cicatrizando?, aseveran en un documento remitido a este medio, José Torello (presidente del PRO y jefe de asesores del jefe de Gobierno), Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico), Alejandro Speroni (subsecretario de Recursos Humanos), Baltazar Jaramillo (Dirección General de Promoción Cultural), Daniel Presti (subsecretario de Justicia), Fabián Rodríguez Simón (asesor del jefe de Gobierno), Félix de Alzaga (Dirección General de Espacios Verdes), y los legisladores Gerardo Ingaramo (independiente-larretista), Helio Rebot (michettista) y Patricio Di Stefano (larretista).
Estos funcionarios y legisladores aclaran que aunque son afiliados al PRO ?es a título personal" que quieren repudiar públicamente las declaraciones de Guelar.
?También queremos señalar -concluyen los macristas anti Guelar- que en un Estado de Derecho, cualquier acusado de haber cometido un crimen, tiene tanto la obligación como el derecho a ser sometido a juicio con las garantías del debido proceso (juez imparcial y predeterminado por la ley, derecho a defensa y a asistencia letrada), que es lo que está ocurriendo con los militares imputados por delitos de lesa humanidad. Cualquier maniobra política o chicana legal que perturbe el desarrollo de los juicios o afecte su resultado, implicaría consolidar una impunidad extremadamente peligrosa dados los aberrantes hechos que están siendo juzgados. Es precisamente la impunidad instalada a principios de los años setenta y que desde la restauración democrática tratamos de revertir, la matriz generadora de la violencia e inseguridad que hoy padecemos. Quien delinque, sea cual sea su ideología o posición social, debe ser debidamente juzgado y si es condenado debe cumplir con la pena impuesta?.
