Macri demuele, pero no limpia
Mientras algunos habitantes de la Villa 31 de Retiro se oponen a la demolición de unas 50 viviendas en riesgo de derrumbe por parte del Gobierno porteño, un grupo de vecinos de la Villa 3 de Soldati, recurrieron a la Justicia de la Ciudad y presentaron una acción de amparo contra la comuna y el Instituto de la Vivienda (IVC), no para detener las demoliciones, sino para resolver los problemas y perjuicios que los escombros de las viviendas destruidas generan a las familias que aún viven en la zona.
Según describe el fallo al que tuvo acceso NOTICIAS URBANAS, en el año 2007 el IVC inició un proceso de urbanización de la Villa 3 con su correspondiente adjudicación de viviendas para la reubicación de unas 340 familias. Si bien las demoliciones y el otorgamiento de viviendas comenzaron, en la presentación judicial se señala que "un grupo de familias aún no fueron reubicadas y permanecen viviendo en el barrio, por lo que se hallan aisladas, con sus viviendas rodeadas de los escombros de las demoliciones, con los consecuentes riesgos e inseguridad que ello genera".
"Las tareas de demolición no son hechas por personal capacitado, lo que conlleva riesgos potenciales tanto para los trabajadores como para los residentes en la zona, y ha generado daños en viviendas linderas", relata la parte demandante, resaltando que las obras realizadas en la zona provocaron daños en cañerías cloacales, "lo que produce una lógica contaminación e inundaciones", y cables expuestos "con peligro de electrocución de los residentes".
Teniendo entre otras pruebas, varias fotografías que muestran claramente los escombros de viviendas demolidas junto a otras aún habitadas por adultos y menores, y planos del IVC que, reproduciendo una cuadrícula de una partida de batalla naval, marcan las zonas demolidas y en proceso de demolición, el titular del Juzgado Nº 1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Vicente Cataldo, resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada ordenando al Gobierno y al IVC que, "en caso de no haberlo hecho a la fecha y en el marco de sus respectivas competencias, adopten, de inmediato o en el plazo máximo de cinco días corridos contados desde su notificación, las medidas necesarias para el saneamiento de la zona [...] asegurando a sus residentes condiciones mínimas de higiene ambiental, con provisión de agua potable, de servicios sanitarios básicos -incluso cloacales y pluviales-, y suministro eléctrico, así como el mantenimiento de la seguridad, hasta tanto sean todos reubicados o se resuelva en sentido diverso".
También se ordena que "dentro de los diez días", realicen "un relevamiento de las condiciones de salud y de los requerimientos nutricionales de los residentes en esa zona, con especial atención de los menores de edad".
Finalizando, y atento a las denuncias realizadas, el magistrado también requiere al Gobierno y al IVC, que detallen las medidas que "se hayan diseñado o instrumentado para atender las consecuencias del desarrollo de las tareas de reubicación de los residentes de la zona en cuestión y sus necesidades; las empresas o personal encargado de las obras y la forma en que fueron designados; y el período que presumiblemente asumirá la definitiva reubicación de todos los residentes y su cronograma".
