Sólo una tregua

Entre el 3 y el 14 de agosto, los trenes subterráneos estuvieron detenidos a causa de una huelga realizada por los trabajadores, que reclamaban la apertura de las paritarias para negociar mejoras salariales y laborales, una instancia que no se abrió aún a causa del conflicto que existe entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad por el traspaso del servicio.

Además de los propios trabajadores de Subterráneos de Buenos Aires, los grandes perjudicados por la medida de fuerza fueron los usuarios que utilizan ese medio de transporte, que son casi un millón de viajantes cada 24 horas.

El conflicto se politizó casi inmediatamente, cuando el Jefe de Gobierno porteño y algunos ministros del Poder Ejecutivo Nacional cruzaron acusaciones a causa de la negativa de la Ciudad a tomar el servicio.

Noticias Urbanas eligió el camino del diálogo y buscó la palabra de los protagonistas, para que expusieran sus posiciones e hicieran su evaluación.

La exposición de Ritondo, una de las espadas del oficialismo porteño, fue la esperada, pero Roberto Pianelli, el secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), que luce cansado cuando recibe a Noticias Urbanas, expresó inesperadamente, casi entre susurros, su preferencia de que el subte siga en manos de la Nación, habida cuenta de las conquistas que consiguieron en los tiempos en que estuvieron bajo esta jurisdicción.

El gremialista informa que, de ahora en más, las negociaciones seguirán en el ámbito interno del subterráneo, ?con la empresa. Nuestra intención es avanzar sobre la mejora en las condiciones laborales y resolver el tema del salario, que hoy está parado. Desgraciadamente, fue triste el papel de la UTA al firmar un acuerdo que debe ser el único en el mundo, porque ese 23 por ciento se paga siempre que la empresa lo pueda pagar. Es como si dijera: ?Si usted quiere, auménteme cuando tenga ganas??.

En cuanto a la acusación de kirchneristas que les lanzó el mandatario porteño, Pianelli se enoja y alega: ?Pareciera que estuvimos reunidos hasta cualquier hora con la Presidenta tomando un whisky. Eran todas mentiras, pero eso, en medio del conflicto, nos hizo daño ante la opinión pública, y eso no ayuda a resolver las disputas porque hace mucho mal y tiende a empeorar la situación. Después estuvo esa sanción de cinco millones de pesos, seguida por la amenaza de abrirnos una causa penal y de enviar a la policía a desalojarnos. Si nosotros no hubiéramos tenido el gesto de hablar con la empresa y de llegar a un acuerdo, no hubiera habido negociaciones?.

De todos modos, Pianelli no augura tiempos fáciles para el futuro. ?Uno no sabe si mañana la empresa va a pagar los salarios. Si eso no pasara, nos obligarían a ir a otra medida de fuerza. De todos modos, nosotros vamos a negociar todo lo que podamos, pero la realidad es esa: no sabemos si la empresa va a pagar, ya no el aumento, sino los salarios?.

Se le nota el malhumor cuando debe responder sobre la acusación de Macri acerca de su pertenencia al kirchnerismo. ?Cualquiera que nos conozca un poco sabe que somos una organización que poco tiene que ver con el sindicalismo tradicional. Nuestro funcionamiento es profundamente democrático y permite la consulta permanente con todos nuestros afiliados. Cuando votamos esta medida, nos trasladamos por todos los lugares de trabajo y en cada lugar la gente nos manifestaba si aceptaba o no la decisión de parar. Quien piense que alguien nos puede decir lo que tenemos que hacer o decirnos lo que no tenemos que hacer es algo totalmente irracional.?

Un aspecto poco conocido de la huelga fue que, al decir de Pianelli, ?nuestra gente estuvo durante todo el conflicto en su lugar de trabajo, o sea que hubo una discusión política constante. En esas conversaciones se evaluaba permanentemente la marcha del conflicto y allí se discutía todo. A los diez días, evaluamos que era el momento de levantar y lo hicimos. Si continuaba, se convertía en un conflicto por el traspaso, algo que nosotros no buscábamos. O sea, decidimos suspenderlo, a pesar de que estábamos muy fuertes?.

Sobre el tema del traspaso, Pianelli advierte: ?Nos conviene que se resuelva el tema por una u otra jurisdicción. Pero si me pregunta cuál opción nos conviene más, nosotros preferiríamos seguir dependiendo de la Nación. De todos modos, la decisión política de Nación fue aceptada por la Ciudad, o sea que ahora es tarde para que planteemos esto?.

La prueba de que existe vida más allá del conflicto es que la conducción de AGTSyP va a ?pelear por la personería gremial, lo vamos a intentar antes de fin de año. Para que nos la otorguen tenemos que demostrar que tenemos una cifra de afiliados superior a la del otro gremio (UTA) en un 20 por ciento, y ese requisito lo cumplimos. Hay 3.100 trabajadores de subterráneos, de los cuales unos 1.800 son afiliados a nuestro gremio, y hay una gran cantidad de afiliados nuevos, que pueden llevar esta cifra a 2.200?.

Finalmente, Pianelli hace referencia a sus rivales sindicales en la actitud de su titular durante los diez días de tensión. ?Este conflicto fue demoledor para UTA. Las declaraciones de Roberto Fernández ?secretario general del gremio? fueron peores que las de la empresa?.

De todos modos, una cosa es segura: el conflicto terminó solo por ahora. Las cuestiones de fondo no están resueltas y la única manera de que esto ocurra es que se le ponga punto final al meneado tema del traspaso, que el infantilismo político radicalizó hasta límites insoportables.

DULCE SABOR

Ezequiel Sabor, el subsecretario de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, fue uno de los funcionarios que eligió el bajo perfil, a pesar de que su intervención fue fundamental para destrabar un conflicto que parecía no tener solución.

?Fue una negociación difícil, larga y cansadora. Por momentos las partes estuvieron todas juntas charlando con nosotros en una oficina, pero por momentos los tuvimos que separar. Debimos utilizar técnicas diferentes en distintos momentos. Entre los dos primeros días, estuvimos reunidos 13 horas trabajando y luego seguimos haciéndolo el sábado, el domingo y el lunes, que fue cuando se llegó a un acuerdo?, reconoció ante el cronista de Noticias Urbanas.

?Intervinimos de manera excepcional, porque existió una resolución judicial. Nuestra tarea se limita habitualmente a las negociaciones laborales en el sector público y se circunscribe a los gremios que representan a los trabajadores que prestan servicios al Gobierno de la Ciudad?, relata.

?Finalmente, para nosotros el conflicto está superado, porque las partes aceptaron la mediación que encaramos y la medida de fuerza fue levantada. Para nosotros fue un trabajo enorme, que tomamos con mucha responsabilidad, pero podemos decir con alegría que lo hicimos?.

CRISTIAN RITONDO, LEGISLADOR DEL PRO:

La bronca de Cristina a los porteños no tiene límite

Resulta lamentable que la génesis del traspaso de los subterráneos a la Ciudad de Buenos Aires no haya tenido lugar en una legítima preocupación por la mejora del servicio y por el bienestar de los usuarios, sino que se dio por una ?necesidad de caja? del Gobierno nacional.

El ajuste disfrazado de ?sintonía fina? llevó a la presidenta Cristina Fernández a recortar los subsidios, primero a la luz y al gas residencial, después al transporte, lo que habla a las claras de que el Gobierno se quedó sin plata.

El subterráneo fue privatizado en 1989 por medio de la Ley 23.696. En 1993 se otorgó la concesión del servicio a Metrovías, que empezó a prestarlo el 1 de enero de 1994. Tres años después, en 1997, se ordenó la renegociación del contrato, que se produjo en 1999 y fuera aprobada mediante el decreto 393 del Poder Ejecutivo Nacional. En tal decreto también se previó el traspaso del subterráneo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2003 se creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, que nunca avanzó en el proceso de transferencia.

Después de ocho años, en noviembre de 2011, el ministro de Planificación Julio De Vido convocó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a formalizar los trámites de la transferencia de los subtes.

Pocos días después, el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, ratificó la voluntad de la Ciudad Autónoma de hacerse cargo del servicio de subterráneos y propuso el temario a discutir durante el trámite de la negociación, que incluía ítems tales como tarifa, subsidios, inversiones pendientes, cronograma de traspaso, etcétera.

Así, el 3 de enero de 2012 se llega al acta acuerdo por la que la Ciudad ratifica su voluntad de recibir el servicio de subterráneos haciéndose cargo de él, y se establece un plazo de noventa días para realizar la negociación y acordar los detalles necesarios relativos a la transferencia. Pero poco después de firmada el acta se produjeron actos unilaterales por parte del Gobierno nacional que alteraron sustancialmente lo que se había acordado en ella.

En primer lugar, mediante la resolución 10 del 26 de enero, de la Secretaría de Transporte, se crea un fideicomiso en el Banco de la Nación Argentina, al que se ordenó transferir buena parte de los fondos que previamente el Estado nacional se había comprometido a girar a la Ciudad de Buenos Aires para sufragar los gastos que implica el funcionamiento del subterráneo. Este fue el primer incumplimiento.

En segundo lugar, y sin ninguna explicación, se procede al retiro de la Policía Federal del subterráneo, violando su ley orgánica, que impone la tarea de ser la fuerza de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto con el aditamento de que la Ciudad de Buenos Aires no puede contratar servicios adicionales de la Policía Federal porque está prohibido a raíz de una resolución emitida por su propio jefe a instancias de la ministra de Seguridad.

Ante esos incumplimientos por parte del Estado nacional, el Jefe de Gobierno notificó al ministro de Planificación Federal que suspendía el trámite del traspaso.

Si bien es cierto que el acta firmada el pasado 3 de enero es un contrato entre dos partes, hay que tener presente que el artículo 1.204 del Código Civil autoriza a cualquiera de los contratantes a denunciar el incumplimiento del contrato cuando la otra parte no cumple. Aquí hubo notorios incumplimientos por parte del Estado nacional que claramente autorizaban al Jefe de Gobierno a denunciar la falta de cumplimiento.

Nadie niega que el Congreso pueda perfectamente disponer la transferencia del servicio de subterráneos, de Premetro, de transporte automotor y de tranvía a la Ciudad. Pero para que la transferencia se haga efectiva deben cumplirse tres pasos o requisitos fundamentales:

1- El convenio que contemple todos los detalles y condiciones de la transferencia.
2- La reasignación o transferencia de la Nación a favor de la Ciudad de los fondos que sean necesarios para el funcionamiento del servicio.
3- La aprobación, por parte de la Legislatura de la Ciudad, del convenio y la transferencia.

Nada de esto ha sucedido y por eso la ley aprobada por el Congreso de la Nación es ?inconstitucional y nula de nulidad absoluta?.

El encono y la bronca de la presidenta Cristina Fernández con los porteños y con el Gobierno de la Ciudad no tienen límites. Sacaron un spot publicitario plagado de mentiras, usando el dinero de los argentinos para escrachar al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri. El conflicto es netamente político. El Gobierno nacional decidió destruir un servicio público de la Ciudad, para destruir la carrera política de Mauricio Macri.

Que el subte está en boca de todos es una verdad irrefutable. Los 360 millones de pesos que el Gobierno dice haber ofrecido para la realización de obras y la manutención del subte, los 240 millones que dicen haber depositado al Gobierno de la Ciudad y los 90 vagones estacionados en la Aduana Nacional por un valor de 90 millones de dólares solo existen en la imaginación del país virtual de Cristina y compañía y son comparables con las mismas cifras del Indec que afirman que una persona puede desayunar, almorzar, merendar y cenar con seis pesos diarios.