Una jueza federal de la provincia de Chaco dispuso este martes el procesamiento con prisión preventiva de la diputada nacional Aída Ayala (UCR-Cambiemos), acusada de lavado de activos cuando ejerció como intendenta de Resistencia.
La situación de la diputada genera un fuerte debate en Cambiemos ya que la Justicia pidió su desafuero y el oficialismo está decidiendo que hacer, teniendo en cuenta lo que sucedió con el desafuero de Julio de Vido.
Luego de que se conociera lo ordenado por la jueza, Ayala fue internada en la madrugada de hoy en un sanatorio de la capital chaqueña, informaron sus allegados.
El procesamiento con prisión preventiva de Ayala fue dictado por la jueza federal Zunilda Niremperger, quien también dispuso similares medidas para el líder del Sindicato de Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez, entre otros.
La misma medida fue aplicada a Alejandro Fischer, Patricia Vázquez, Rolando Javier Acuña y Fátima Rigassio, el resto de los imputados en la causa.
Ayala, quien tenía previsto fundamentar su pedido de eximición de prisión ante la Cámara Federal de Apelaciones, no pudo presentarse debido a una indisposición por la que debió ser internada en la madrugada en un sanatorio de Resistencia, indicaron allegados de la diputada.
La Cámara de Diputados tiene pendiente de definición el pedido de desafuero de Ayala formulado por la Justicia federal, sobre el que debe pronunciarse la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Pablo Tonelli.
En la ampliación de la indagatoria dispuesta en el marco de esta causa, la jueza prevé apuntar al supuesto delito de lavado de activos “agravado por su habitualidad”, como así también a su posible responsabilidad como “miembro de una banda, en calidad de coautor”, indicaron fuentes judiciales.
En este expediente, también investiga a la diputada nacional por Chaco por los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública”, todos en calidad de autor, y también por el de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Por requerimiento del fiscal federal Patricio Sabadini, la jueza chaqueña dispuso el pedido de detención y solicitó el desafuero de la legisladora de Cambiemos.
La exintendenta de Resistencia está imputada de “haber conformado un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios”.
Las investigaciones judiciales apuntan a la empresa Pimp SA, encargada de la recolección de residuos en Resistencia, caso en el que su actual intendente, Jorge Capitanich, prestó declaración testimonial ante la jueza Niremperger.