El ministro de Energía Juan José Aranguren, el encargado de la cartera de Desarollo y Sustentabilidad, Sergio Bergman y un representante del gobierno santacruceño, se encuentran en el Congreso de la Nación, en audiencia pública, para presentar un informe con la factibilidad ambiental de la construcción de las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic” sobre el río Santa Cruz.
La idea de la reunión, que comenzó la mañana del jueves alrededor de las 8, es presentar el Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de las represas hidroeléctricas. Y se llevará a cabo con el objetivo que la Casa Rosada pida levantar la medida cautelar dictada por la Corte Suprema para retomar las obras.
Este era el spot que el Estado había lanzado en el momento de inaugurar las obras, hace tres años:
Cabe destacar que ambas tendrán un costo de 4.730 millones de dólares y están en manos de la empresa argentina Electroingeniería y la china Gezhouba. El 85% del financiamiento de la obra es chino.
A pesar que todavía no arrancó en su fase principal, la obra ya demandó inversiones por 100 millones de dólares ente salarios del personal de la UTE, los gastos “improductivos” que reconoció el Ministerio de Energía al consorcio, y las obras secundarias que se iniciaron.
Asimismo, la instancia de participación de los ciudadanos prevista en la ley N° 23.879 de Obras Hidráulicas, se realizará en el Salón Azul del Congreso donde los ministros de las carteras encargadas en el asunto formularán el desenlace de los informes aprobados sobre el impacto que tendrán las represas en el punto de vista sismológico, geológico,hidrológico, sanitario y ecológico.
En ese sentido, en esta audiencia podrán asistir y cooperar delegados de organizaciones no gubernamentales sobre cuestiones ambientales, profesionales, académicos y personas físicas o jurídicas que tengan derecho subjetivo o interés auténtico en el tema.
Científicos ya han advertido que la puesta en marcha de una de las represas podría afectar al Glaciar Perito Moreno #RioSantaCruzSinRepresas pic.twitter.com/CvJ4Q80k33
— Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) July 20, 2017
La entidad que se encargó de elaborar el documento fue Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA), de mayoría estatal, en función de las modificaciones técnicas que incentivó el Gobierno sobre el acuerdo original desarrollado por el mandato de Cristina Kirchner.
Por otro lado, en la exposición en la audiencia pública, Aranguren afirmó que el “estudio expeditivo” realizado en 2006 por la empresa LATASA, donde trabajó Jorge Marcolini, el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, “no era un estudio ambiental, sino un catálogo de proyectos realizados entre los años ’60 y ‘80”.
Asimismo, remarcó que “no tuvimos la posibilidad porque no la hemos recibido” en referencia a la denuncia de Pino Solanas, e insistió en que el relevamiento elaborado en 2006 “se hizo en 60 días y no se puede considerar un estudio”, como indicaba la demanda de Solanas.
En la misma línea, el funcionario oficialista destacó que su informe acerca del impacto ambiental “es el primero de esta magnitud que se realiza en el país” en conformidad a la ley, y que a partir de ahora “todo proyecto hidroeléctrico tiene la obligación de hacer este análisis”.
Por último, Aranguren sostuvo que “el estudio insumió casi 40 mil horas de trabajo, ocupa 9 carpetas con más de 4 mil páginas, 65 planos específicos y estudios temáticos realizados por expertos en la materia”, y apuntó que el plan anterior tenía “características débiles desde los puntos de vista ejecutivo y ambiental”.
Pero la polémica no termina acá. Porque el exministro de Planificación, Julio De Vido, también asistió a la audiencia para analizar el proyecto de las represas hidroeléctricas y aprovechó para hacer su descargo, en el marco de su posible expulsión de la Cámara de Diputados.
A su turno, sostuvo que “no” tiene miedo de ir preso, reiteró que se siente “perseguido” por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y dijo que ejercerá su defensa ‘ante los jueces de la Constitución‘. Además afirmó que “no” renunciará.
“Ante el único lugar donde voy a ejercer mi defensa es ante los jueces naturales que son los jueces de la Constitución”, admitió el exfuncionario kirchnerista, en el marco de la iniciativa de Cambiemos y el Frente Renovador.
Sin embargo, este jueves presentó un escrito en su defensa en la Comisión de Asuntos Constitucionales. En ese sentido, denunció una “campaña” en su contra y acusó al primer mandatario y a la candidata a diputada nacional por Vamos Juntos, Elisa Carrió, de querer “montar un escrache fascista a pocos días de las elecciones legislativas”.