Peligro de quiebre: Abad le gana otra pulseada a OP Investments

Peligro de quiebre: Abad le gana otra pulseada a OP Investments

La Justicia rechazó otro concurso de acreedores y OP Investments denuncia que el Gobierno influye en el sistema judicial para llevarlos a la quiebra.

Alberto Abad, titular de la AFIP.

OP Investments quería adquirir el 100% del exGrupo Indalo, aunque era condición que la empresa de Cristóbal López primero su deuda con la AFIP por los 8 mil millones de pesos que debe por haber evadido impuestos a los combustibles.

Sin embargo, la Justicia debía aprobar  este Plan Estratégico de alto calibre para salvar la empresa, pero ésta la consideró inconstitucional.

Ahora, este mismo martes, el juez en lo comercial Hugo Vitale rechazó el concurso de acreedores de Oil Combustibles SA (OCSA), la firma del empresario López que mantiene la deuda.

Sucede que el magistrado no habilitó la inicio de apertura del concurso preventivo solicitado por los abogados de Oil “falta de seriedad” por parte de la empresa que “aún con posterioridad a la apertura concursal, la deudora continúo llevando a cabo conductas rayanas con un proceder abusivo y violatorias del principio de moralidad antes referido”.

Esto sucedió a posteriori de que la Corte Suprema de Justicia declarase nulo el primer concurso que López había radicado en Chubut.

Así, OP Investments indicó que “el Gobierno Nacional y el juzgado comercial interviniente avanzaron decididamente en mandar a la quiebra a las empresas del ex Grupo Indalo”. Y emitieron a través de un comunicado: “Contrariando la ley de quiebras, vigente desde 1995, el juez comercial hizo recaer la conducta que se imputan a los anteriores accionistas contra la empresa, sus trabajadores y sus acreedores comerciales”.

Asimismo, sostienen que el Poder Ejecutivo “no hizo ni hace efectivos los pagos” que le corresponden al Grupo Indalo -ya rebautizado Grupo Ceibo- por “trabajos ejecutados y suministros entregados al propio Gobierno por más de $ 1.200.000.000”, entre los que citan casos en “Vialidad Nacional, CAMMESA, la Secretaría de Transporte y la propia AFIP por retenciones indebidas, entre otros”.

“Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional amenaza a través de los medios con rescindir contratos y concesiones de CPC, la empresa constructora del Grupo. El Gobierno no paga la deuda comercial a las empresas, lo que afecta los trabajos que deben ejecutar, y luego las sanciona por supuestos incumplimientos que el mismo Estado genera”, agregaron.

Incluso afirman que “algunos interesados en quedarse con estos activos conocen que si el juzgado interviniente no aprueba el ingreso de fondos por parte de inversores estratégicos, no será posible darle continuidad a las empresas”. “De allí el interés de ahogarlas financieramente, no pagándoles por los bienes y servicios prestados”, sentenciaron.

Por último, remarcaron que el compromiso del holding es “salvar y relanzar las empresas del ex Grupo Indalo a fin de mantener las fuentes de trabajo y pagar las deudas comerciales y fiscales que el anterior propietario dejó sin pagar. Eso incluye el pago de todas las deudas fiscales que, curiosamente, la AFIP no le cobró a los anteriores accionistas”.

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