Larreta propuso a De Langhe y a Otamendi para el Tribunal Superior de Justicia

Larreta propuso a De Langhe y a Otamendi para el Tribunal Superior de Justicia

Y a Mahiques para la Fiscalía General de la Ciudad. Habrá 10 días para la presentación de adhesiones o impugnaciones


La propuesta se conoció un día después de que se conociera la renuncia de Martín Ocampo a la Fiscalía General de la Ciudad. Este jueves, el Gobierno porteño propuso a Marcela De Langhe y a Santiago Otamendi para integrar el Tribunal Superior de Justicia, y a Juan Bautista Mahiques para el cargo de Fiscal General de la Ciudad.

Los primeros días de enero, Noticias Urbanas dio a conocer el listado de candidatos al Tribunal Superior, entre los que estaban Otamendi y De Langhe. En su programa de radio NU también contó el conflicto que existía entre Nación y Ciudad por los nombrtamientos

De Langhe es actualmente jueza en la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, y Directora del Instituto Superior de Seguridad Pública porteño.

Por su parte, Otamendi se desempeña como secretario de Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y es juez de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, en uso de licencia.

Los nombramientos se postergaron más de lo debido por la falta de acuerdo político

Mahiques es abogado, y ocupa el cargo de subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y La Comunidad Académica en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y también es representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

A partir de la publicación de las candidaturas en el Boletín Oficial habrá 10 días para la presentación de adhesiones o impugnaciones y, una vez transcurrido ese período, el Jefe de Gobierno podrá enviar el pliego a la Legislatura para su aprobación final.

El artículo 111 de la Constitución establece que la designación de los cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia debe contar con acuerdo de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura, en sesión pública especialmente convocada al efecto.

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