Desde el miércoles por la tarde se sabía que el proyecto de adhesión al protocolo sobre el aborto legal sería presentado sobre tablas en la sesión de este jueves sin antes haber sido aprobado en comisión. Y eso fue lo que sucedió y lo que posibilitó que se debatiera y aprobara en el recinto.
El proyecto fue aprobado con 50 votos positivos, 7 negativos y 3 abstenciones. Los bloques de la UCR Evolución y del Frente de Todos acompañaron afirmativamente la iniciativa.
El problema lo tuvo el bloque oficialista de Vamos Juntos. Que se terminó dividiendo internamente sino que que además esa división llegó a dos de las fuerzas que componen el bloque: el Pro y la Coalición Cívica.
Vamos Juntos está integrado por el Pro, la CC, Confianza Pública y Radicales en Cambiemos y la la ILE provocó el conflicto y la división interna. El Pro se dividió en tres. Algunos legisladores votaron a favor, otros en contra y hasta hubo abstenciones. Los legisladores que responden a Elisa Carrió votaron divididos a favor y en contra. Y los legisladores de Confianza votaron a favor, igual que lo hizo el legislador de Radicales en Cambiemos.
De esa manera se terminó aprobando la ILE. “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, actualización contenida en la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud nacional”, dice el artículo único de la ley aprobada por los diputados locales.
El tema fue propuesto por la legisladora Patricia Vischi (UCR) para tratar sobre tablas y alterando el orden del día, ambas cosas fueron aprobadas por dos tercios de los legisladores presentes. Tras lo cual se inició un extenso debate con posturas diversas.
Vischi, que preside la comisión legislativa de Salud, argumentó que su proyecto en consideración tenía “apoyo transversal de todas las fuerzas políticas”, dijo tener el “respaldo institucional de mi partido” y que se trata de “una política de Estado para beneficio de la población”.
Guillermo González Heredia (VJ) fue uno de quienes planteó la postura opositora y señaló que la Ciudad ya tiene su protocolo sancionado en 2012, que se aplica en los efectores de salud que dependen del Gobierno. Cuestionó que se impida a sanatorios privados hacer objeciones de conciencia. Claudio Cingolani (VJ) también consideró una error jurídico sancionar una ley para adherir a una resolución ministerial que, entre otros detalles, establece que el protocolo no puede ser judiciable, “atribuyéndose potestades que solo tiene la Corte Suprema de Justicia”.
Laura Velasco (FdT) expuso a favor y sentenció que “es una causa de derechos humanos, de salud pública y de justicia social”.
También participaron del debate Ofelia Fernández y Victoria Montenegro (FdT), Manuela Thourte y Leandro Halperín (UCR-Ev); Lucía Romano, Paola Michielotto, Natalia Fidel, Esteban Garrido, M. Luisa González Estevarena, Sol Méndez, Victoria Roldán Méndez, Carolina Estebarena, Ana Bou Pérez y Claudio Romero (VJ); Gabriel Solano y Alejandrina Barry (FI), Hernán Arce (PS).