"Un retroceso innecesario"
La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García expresó su preocupación por el dictado del Decreto 467/2026, mediante el cual se modifican los Decretos 222/2003 y 588/2003, que regulaban los procedimientos de selección de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Procuración General y de la Defensoría General.
“Las modificaciones introducidas eliminan instancias de participación ciudadana que, durante más de dos décadas, permitieron a universidades, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía formular observaciones respecto de las candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo”, alertó la titular del Colegio Público.
García recordó que “el régimen establecido en 2003 constituyó un avance significativo en materia de transparencia, publicidad de los actos de gobierno y control ciudadano sobre procesos de singular trascendencia institucional”. “La participación de los distintos sectores de la sociedad civil aportaba información, perspectivas y observaciones relevantes para la evaluación pública de las candidaturas, fortaleciendo la calidad institucional del proceso”, añadió.
Al respecto, subrayó que “la supresión de esos mecanismos implica un claro retroceso respecto de los estándares institucionales que la Argentina había incorporado para la designación de las más altas autoridades del sistema de justicia”.
“La circunstancia de que el Senado conserve sus atribuciones constitucionales para prestar acuerdo torna imprescindible la instancia previa. La posibilidad de que la sociedad civil pudiera expresar fundadamente apoyos u objeciones antes de la remisión de los pliegos contribuía a enriquecer la decisión presidencial, fortalecer la legitimidad de las designaciones y ampliar la transparencia del proceso”, señaló García, quien recibió la visita del extitular del Colegio Público, Ricardo Gil Lavedra, quien la acompañó en el reclamo.
Finalmente, la flamante presidenta de la institución, que nuclea a casi noventa mil matriculados, agregó otra preocupación: “la derogación de las previsiones que promovían una integración de la Corte Suprema que contemplara la diversidad de género, de procedencias y de trayectorias profesionales”. “Lejos de restringir las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo, esos criterios orientaban el ejercicio de una facultad institucional de máxima relevancia y contribuían a una composición más representativa del máximo tribunal”, concluyó.
