Un antes y un después para los porteños: la Ciudad cuenta con un sistema penitenciario propio
La normativa que recientemente aprobamos en la Legislatura Porteña introduce un cambio profundo en nuestra manera de pensar la seguridad y la justicia. En este nuevo esquema, el sistema funciona como un escudo y una brújula: protege a quienes viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y orienta el camino de quienes cumplen una condena.
Con la Ley de Ejecución de la Pena y la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social, la Ciudad garantiza que dicha pena efectivamente se cumpla y que exista un control real en cada paso del proceso. Esta reforma, a su vez, fortalece la seguridad, brinda herramientas necesarias para la reintegración y devuelve la confianza a quienes más lo necesitan: las víctimas.
Estas leyes surgieron del consenso y de un proceso legislativo serio. No solo participaron los legisladores y sus asesores, sino que también aportaron su experiencia especialistas, académicos, organizaciones civiles, todo con el acompañamiento constante de funcionarios del Poder Ejecutivo. Cada uno de sus invaluables aportes permitió construir un sistema moderno, equilibrado y transparente, capaz de integrar seguridad, reintegración y derechos de las víctimas. El resultado es un marco sólido y sostenible que nos enorgullece.
La Ley de Ejecución de la Pena, por un lado, establece principios claros: legalidad, progresividad, control judicial, tratamiento orientado a la reintegración. Además, regula las condiciones de infraestructura de los establecimientos penitenciarios, el uso de la fuerza y prevé mecanismos de prevención y resolución de conflictos.
La creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social, por su parte, opera en base a un cuerpo de agentes de seguridad penitenciaria y un cuerpo de agentes civiles de reintegración diferenciados, con equipos interdisciplinarios, conformados por personal especializado en base a la formación y la evaluación constante, consolidando un sistema profesional, eficiente y transparente.
En ese sentido, es fundamental hacer foco en una cuestión central: las personas privadas de su libertad, luego de cumplir su condena, volverán a formar parte de la comunidad. Gestionar ese proceso correctamente reduce la reincidencia y la reiterancia, protege a la sociedad - especialmente a las víctimas - y mejora la seguridad de nuestra ciudad. Necesitamos cárceles que no generen más delitos, sino orden y posibilidades de cambio.
Con estas dos nuevas leyes, damos un paso más en la historia de nuestra autonomía y ponemos de manifiesto, nuevamente, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve un destino serio: penas que se cumplen, protección de la sociedad y herramientas reales para nunca más volver a caer en el delito.
Legisladora porteña del Pro y Presidenta de la Comisión de Seguridad
