Tierra del Fuego y la Casa Rosada se disputan el puerto de Ushuaia
La disputa entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Gustavo Melella por el control del puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo en medio de reclamos laborales, tensiones políticas y preocupación del sector turístico. A cuatro meses de la intervención dispuesta por la Nación, el conflicto amenaza con judicializarse en la Corte Suprema y genera incertidumbre sobre el futuro de uno de los puntos estratégicos más importantes del Atlántico Sur.
La intervención fue ordenada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) el pasado 21 de enero, bajo el argumento de presuntas irregularidades financieras y problemas de infraestructura. El interventor designado fue Iñaki Arreseygor, acompañado posteriormente por Fernando Polizzi, dirigente alineado con La Libertad Avanza en Tierra del Fuego. Desde la Casa Rosada sostienen que existían desvíos de fondos y deficiencias operativas en la terminal portuaria.
Sin embargo, el gobierno provincial rechaza de plano las acusaciones y denuncia un “avasallamiento” a la autonomía fueguina. El vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos, Miguel Ramírez, aseguró que el balance de la intervención “es sumamente negativo” y advirtió que la disputa política está afectando la confianza de operadores turísticos y empresas marítimas. “Decir que hay un puerto intervenido genera incertidumbre que hace sonar alarmas en operadores turísticos, que por supuesto lo está capitalizando Chile”, afirmó.
🚨 DENUNCIAN NEGOCIOS DETRÁS DE LA INTERVENCIÓN DEL PUERTO DE USHUAIA
— Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) May 26, 2026
Mientras el Gobierno nacional acelera licitaciones y obras estratégicas en el Puerto de Ushuaia, aumentan las denuncias y acusaciones por supuestos negocios detrás de la intervención.
⚓ Desde Tierra del… pic.twitter.com/0bCXIZ4jvX
La preocupación crece especialmente por el impacto que podría tener el conflicto sobre la próxima temporada de cruceros antárticos. Empresarios del sector turístico señalaron que algunas compañías ya evalúan operar desde Punta Arenas ante la falta de certezas en Ushuaia. Además, desde la provincia denunciaron demoras en controles sanitarios y falta de respuestas oficiales sobre certificados de desratización tras un brote de hantavirus detectado en un crucero.
En paralelo, el conflicto también se trasladó al plano laboral. Trabajadores portuarios denuncian que desde la intervención no pueden ingresar normalmente a sus puestos y advierten sobre posibles medidas de fuerza. El malestar sindical se suma a la tensión institucional entre Nación y provincia, en un escenario donde el puerto aparece como un activo clave tanto para el turismo como para la logística y la proyección geopolítica argentina hacia la Antártida.
Mientras tanto, la ANPyN anunció una licitación para renovar el sistema de defensas del muelle y defendió la intervención al asegurar que permitió sostener la operatoria durante la temporada alta. No obstante, en Tierra del Fuego interpretan el avance nacional como parte de una disputa de mayor escala por el control estratégico de Ushuaia. La provincia ya presentó acciones judiciales para recuperar la administración del puerto y anticipa una larga batalla política y legal con la Casa Rosada.
