Segunda casa con crédito oficial: nueva denuncia penal contra el equipo de "Toto" Caputo
El Gobierno nacional enfrenta una nueva denuncia penal por presuntas irregularidades en la entrega de créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación a funcionarios del Ministerio de Economía liderado por Luis "Toto" Caputo. La acusación apunta a al menos 30 préstamos de hasta US$300.000 o más, otorgados a empleados públicos que ya poseían viviendas, incluso en countries exclusivos.
El expresidente del Banco Nación, Daniel Tillard (libertario), y el actual Superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet, son señalados como responsables por administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. La denuncia la presentó el abogado Alejandro Díaz Pascual, quien previamente impulsó el caso ANDIS, y ya generó revuelo entre diputados peronistas y kirchneristas.
Esta segunda acusación se suma a otra presentada la semana pasada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade ante el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de María Eugenia Capuchetti. Los beneficiados incluyen a figuras clave como Federico Furiase (secretario de Finanzas, $376 millones), Pedro Inchauspe (BCRA, $510 millones) y Felipe Núñez (asesor de Caputo, $373 millones).
Se investiga si en 2024 se modificaron las normas del Banco Nación para flexibilizar requisitos, permitiendo sumar hasta dos familiares y un garante cuando el sueldo no alcanza para cuotas que superen el 30% del ingreso. Históricamente, el 90% de estos créditos iban a familias sin vivienda propia, y ocho de cada diez solicitudes son rechazadas, lo que levanta sospechas de favoritismo.
ALERTA PORQUE LA JUSTICIA VA A INVESTIGAR LOS CRÉDITOS QUE SE LES DIERON A LOS FUNCIONARIOS.
— Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) April 6, 2026
SON TRES LAS DENUNCIAS QUE RECAYERON EN COMODORO PY pic.twitter.com/AzGVlWZ7YD
Caputo defendió los préstamos en una entrevista, admitiendo que él "indujo" a su equipo a solicitarlos y negando ilegalidades o inmoralidades, al presentarlos como "justicia social" para reactivar el crédito hipotecario. Otros beneficiados son Juan Pablo Carreira (Oficina de Respuesta Oficial), Emiliano Mongilardi (YPF) y legisladores de La Libertad Avanza como Mariano Campero y Santiago Santurio.
El escándalo explota en un contexto de alta rechazo a solicitudes comunes y críticas sindicales, con el gremio bancario liderado por Sergio Palazzo compartiendo la denuncia en grupos internos. Fuentes del banco ironizan que altos funcionarios con sueldos de 7 a 10 millones de pesos necesitaron "garantes ampliados" para calificar.
La Justicia deberá determinar si hubo tráfico de influencias en un banco público que históricamente priorizaba primeras viviendas, mientras el Gobierno minimiza el caso como un ataque político a su política económica.
