Santa Fe en alerta: protesta policial desata fuerte tensión
La tensión en la provincia de Santa Fe aumentó este martes a raíz de la protesta protagonizada por efectivos policiales, que incluyó manifestaciones frente a dependencias oficiales, cruces públicos entre las partes y la aplicación de sanciones disciplinarias. Mientras el Gobierno provincial reconoció la legitimidad del reclamo salarial y laboral, advirtió sobre hechos ilegales ocurridos durante la protesta y confirmó medidas contra los agentes involucrados.
En una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que el Ejecutivo comparte “las necesidades y los problemas del personal policial” y consideró que el reclamo es “legítimo y atendible en casi su totalidad”. Sin embargo, señaló que durante la noche se registraron acciones violentas y antijurídicas que incluyeron abandono de funciones y paralización de móviles policiales, lo que, según dijo, puso en riesgo la seguridad pública.
De acuerdo con el funcionario, al menos veinte patrulleros fueron dejados fuera de servicio en la ciudad de Rosario, con efectivos que estacionaron las unidades frente a la Jefatura y se retiraron. Estas conductas motivaron la apertura de actuaciones administrativas y el pase a disponibilidad de unos veinte policías, con retiro de arma reglamentaria y chaleco antibalas, además de la posible investigación de responsabilidades penales.
Los policías de Santa Fe se acuartelaron para reclamar un aumento salarial. Las autoridades de la misma fuerza los desalojaron. Se vivieron horas de tensión. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/tDESqaPcYn
— TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 10, 2026
Cococcioni remarcó que el patrullaje se mantuvo, aunque admitió que la falta de móviles elevó el nivel de riesgo. En ese sentido, advirtió que si un delito no fue prevenido por la ausencia de cobertura, los agentes involucrados podrían enfrentar consecuencias judiciales. Aun así, insistió en que el Gobierno está dispuesto a dialogar sobre salarios y condiciones laborales, pero no negociará medidas que afecten el despliegue de seguridad.
Desde el sector de los policías autoconvocados, el vocero Gabriel Sarla ofreció una versión distinta de los hechos. Aseguró que el reclamo comenzó de forma pacífica y que el conflicto se agravó tras la interrupción del diálogo con las autoridades provinciales. También denunció episodios de represión durante una vigilia frente a la Fiscalía, en la que participaban familiares de efectivos y personal retirado.
Sarla rechazó además las versiones oficiales sobre los salarios policiales y sostuvo que los sueldos están por debajo de los de las fuerzas federales. Según explicó, un agente recién ingresado percibe entre 800 y 900 mil pesos de bolsillo, mientras que un efectivo con más de una década de antigüedad no supera el millón cuatrocientos mil pesos. En ese contexto, afirmó que los policías continúan a la espera de una convocatoria formal para retomar el diálogo y definir los próximos pasos del reclamo.
