Revés de la Corte al Gobierno por universidades
La Corte Suprema de Justicia de la Nación propinó un nuevo revés al gobierno de Javier Milei al desestimar un planteo del Poder Ejecutivo que buscaba apartar a los jueces que intervienen en la causa por el financiamiento universitario. Esta decisión del máximo tribunal, plasmada en un fallo emitido el 4 de junio, ratifica la continuidad de la acción impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la recomposición del salario docente.
El planteo del Gobierno, que buscaba recusar al juez de primera instancia Diego Martín Cormick y a un magistrado de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, fue desestimado por la Corte. Esta resolución implica que la causa seguirá su curso con los mismos magistrados, lo que representa un obstáculo para la estrategia del Ejecutivo de intentar modificar la composición del tribunal o dilatar el proceso judicial en un tema tan sensible como la educación pública superior.
La decisión de la Corte Suprema se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales, que han denunciado un desfinanciamiento progresivo que pone en riesgo el normal funcionamiento de las casas de estudio. El reclamo del CIN ha generado masivas movilizaciones y un amplio apoyo social, lo que ha puesto al gobierno bajo presión para encontrar una solución a la crisis presupuestaria universitaria.
Causa por el Financiamiento Universitario: la Corte Suprema rechazó las recusaciones del Estado Nacional contra los jueces intervinientes y mandó a formar el incidente para el tratamiento de la medida cautelar. pic.twitter.com/GQt5bgRUxY
— Palabras del Derecho (@blogdelderecho) June 4, 2026
El Poder Ejecutivo había intentado justificar su pedido de apartamiento de los jueces argumentando supuestas parcialidades o intereses en la causa. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que no existían elementos suficientes para aceptar la recusación, reafirmando así la independencia del Poder Judicial y su rol como garante de la Constitución y las leyes, incluso frente a los planteos del propio gobierno nacional.
Este fallo de la Corte Suprema no solo tiene implicaciones directas en la causa del financiamiento universitario, sino que también sienta un precedente importante en la relación entre los poderes del Estado. Al rechazar el intento del Gobierno de influir en la composición de los tribunales, el máximo tribunal envía un mensaje claro sobre la necesidad de respetar la autonomía judicial y los mecanismos procesales establecidos.
En definitiva, el Gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo desafío en el ámbito judicial, que se suma a otras controversias que han marcado sus primeros meses de gestión. La continuidad de la causa por el financiamiento universitario, con los mismos jueces y sin la posibilidad de dilaciones, obliga al Ejecutivo a replantear su estrategia y buscar soluciones concretas para garantizar la sostenibilidad de la educación pública superior en Argentina.
