Retroceso en salud: Gobierno apunta al etiquetado
El Gobierno nacional avanza en una fuerte flexibilización de la Ley de Etiquetado Frontal y analiza eliminar los octógonos negros que advierten sobre excesos de azúcar, sodio, grasas y calorías en los alimentos procesados, una medida que ya genera rechazo entre especialistas en salud pública, organizaciones de consumidores y sectores de la oposición. La iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei busca modificar el sistema vigente bajo el argumento de reducir regulaciones y costos para la industria alimenticia.
La posible eliminación de los octógonos encendió alarmas entre nutricionistas y entidades sanitarias que consideran que el etiquetado frontal constituye una herramienta clave para informar a los consumidores sobre la composición de los productos ultraprocesados. Desde distintos sectores advirtieron que dar marcha atrás con la normativa implicaría un retroceso en materia de salud pública y transparencia alimentaria, especialmente en un contexto de crecimiento de la obesidad infantil y enfermedades vinculadas a la mala alimentación.
La ley, aprobada en 2021 tras un amplio debate parlamentario y respaldada por organismos médicos y científicos, obliga a las empresas a colocar advertencias visibles en envases de alimentos y bebidas con altos niveles de componentes críticos. Según sostienen especialistas, el sistema permitió mejorar el acceso a información nutricional y modificar hábitos de consumo en parte de la población. Ahora, el Gobierno pretende reemplazar esos sellos por mecanismos menos restrictivos y más alineados con los intereses de la industria alimentaria.
📝Etiquetado frontal. El Gobierno avanza contra la ley y busca la eliminación de los octógonos
— El Observador Argentina (@observadorar) May 21, 2026
👉El Gobierno nacional prepara un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en 2021, que obliga a incluir octógonos negros en alimentos y bebidas con exceso de… pic.twitter.com/RirQG66tfW
Entre las críticas más duras aparece la acusación de que la administración libertaria prioriza los reclamos empresariales por encima de las políticas de prevención sanitaria. Organizaciones vinculadas a la alimentación saludable señalan que quitar los octógonos dificultaría que los consumidores puedan identificar rápidamente productos con exceso de azúcar, grasas saturadas o sodio, afectando especialmente a niños y adolescentes, principales destinatarios de la ley.
La ofensiva contra el etiquetado frontal se suma a otras decisiones del Gobierno orientadas a desregular distintos sectores de la economía y reducir controles estatales. Sin embargo, en este caso, los cuestionamientos apuntan a que la flexibilización podría tener consecuencias directas sobre la salud de la población. Diversos especialistas sostienen que el sistema de advertencias es una política recomendada por organismos internacionales y aplicada en numerosos países para combatir enfermedades no transmisibles.
Mientras el Gobierno continúa evaluando cambios regulatorios, crece la preocupación en sectores sanitarios y sociales por el posible debilitamiento de una de las principales políticas de información alimentaria implementadas en los últimos años. La discusión promete abrir un nuevo frente de conflicto para la Casa Rosada, que ya enfrenta críticas por otras medidas vinculadas al ajuste y la reducción del rol del Estado en áreas sensibles.
