Radicales rechazaron el proyecto sobre falsas denuncias
La Unión Cívica Radical salió a cuestionar con dureza el dictamen aprobado por el Senado que propone modificaciones al Código Penal en materia de falsas denuncias y falso testimonio. A través de un documento firmado por dirigentes radicales de todo el país, el partido expresó su "más enérgico rechazo" a la iniciativa y advirtió que, lejos de fortalecer el sistema judicial, las reformas podrían generar un efecto contrario sobre las víctimas de distintos tipos de violencia.
En el texto, la UCR sostiene que las modificaciones impulsadas "constituyen un nuevo intento de desalentar el derecho a denunciar, debilitar el acceso a la Justicia y retroceder en los estándares de protección de derechos alcanzados por nuestro país". Además, señala que las nuevas incorporaciones al dictamen, que circularon de manera extraoficial, agravarían las penas previstas para los delitos de falsas denuncias y falso testimonio, una medida que consideran equivocada.
El documento también reivindica el rol histórico del radicalismo en la consolidación del sistema de derechos humanos en Argentina. En ese sentido, recuerda que el partido impulsó la incorporación de tratados internacionales a la Constitución Nacional en la reforma de 1994 y promovió normas destinadas a proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Asimismo, remarca que la UCR ya había advertido, durante las movilizaciones de Ni Una Menos, sobre "los riesgos de las iniciativas orientadas a desalentar las denuncias y debilitar el acceso a la Justicia", en línea con las observaciones formuladas por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará y el Comité de la CEDAW.
Los dirigentes radicales sostienen que el problema de las falsas denuncias no representa un fenómeno significativo dentro del sistema penal argentino. "Las falsas denuncias constituyen un fenómeno marginal", afirman, y agregan que la verdadera preocupación pasa por los altos niveles de violencia de género y de abusos contra niñas, niños y adolescentes, muchos de los cuales ni siquiera llegan a conocimiento de la Justicia. "El verdadero problema de nuestro país no son las falsas denuncias; son las violencias que permanecen silenciadas", remarca el documento.
En relación con la protección de las infancias, el comunicado cita datos de la Oficina de Violencia Doméstica y advierte que durante el primer trimestre de 2025 el 80% de las denuncias recibidas en la Ciudad de Buenos Aires involucraron a los propios progenitores de las víctimas. Para la UCR, "debilitar los mecanismos de intervención de los equipos especializados escolares, de salud y de protección social implica ignorar esta realidad y obstaculizar la construcción de entornos seguros". También señala que la mayoría de las víctimas nunca llega a denunciar y que "la respuesta de la democracia no puede ser generar nuevos obstáculos para quienes se animan a recurrir a la Justicia".
Finalmente, el radicalismo ratificó su compromiso con el Estado de Derecho y reclamó que el Congreso retire las modificaciones propuestas. "El derecho a denunciar protege a toda la sociedad" y constituye "uno de los principales mecanismos de participación ciudadana en la administración de Justicia", sostiene el texto. En el cierre, los firmantes exhortan a dejar sin efecto el proyecto al considerar que "lejos de fortalecer la Justicia, desalienta la denuncia, debilita la participación ciudadana y favorece la impunidad".
