Parir con o sin dolor: un nuevo paso para que todas las mujeres puedan elegir  

La Legislatura porteña aprobó por unanimidad un proyecto de la diputada Claudia Negri, del bloque Fuerza por Buenos Aires, que amplía la Ley de Parto Respetado y establece una garantía de acceso a la anestesia epidural durante el trabajo de parto en el sistema público de salud.

La iniciativa obtuvo 57 votos positivos, sin negativos ni abstenciones durante la última sesión ordinaria del Parlamento porteño y apunta a reducir una desigualdad que atraviesa a las personas gestantes según el lugar donde reciben atención: que la posibilidad de atravesar el parto con alivio del dolor no quede condicionada por el hospital o la institución a la que concurren.

La propuesta parte de una idea central: el derecho a un parto respetado no se limita a la posición elegida para parir, a quién acompaña a la mujer durante el nacimiento o a la posibilidad de tener al bebé encima y amamantarlo en la sala de parto. También comprende la posibilidad de decidir, con información y consentimiento, de qué manera transitar el dolor durante el trabajo de parto.

La Ley de Parto Respetado, aprobada en 2020, significó un avance en el reconocimiento de derechos vinculados con el embarazo, el parto y el puerperio. Incorporó la obligación de brindar un trato digno y respetuoso, información clara y la posibilidad de participar en las decisiones sobre las intervenciones médicas.

Sin embargo, el acceso a métodos eficaces para aliviar el dolor no había quedado contemplado de manera explícita, y en la práctica la disponibilidad de la anestesia epidural podía depender del establecimiento, del subsector de salud y de los recursos disponibles.

“Con la Ley de Parto Respetado, la mujer pudo decidir y tener alternativas en qué posición parir, quién la va a acompañar, tener a su bebé encima, amamantar en sala de parto. Amplió muchos derechos, pero faltaba este: elegir con dolor no es una opción”, sostuvo Negri durante el tratamiento de la iniciativa.

La diputada planteó así que la incorporación de la anestesia epidural debe entenderse como parte de una política de igualdad en el acceso a la salud. “Que todas las mujeres que lo deseen tengan derecho a vivir un parto con anestesia peridural. Porque un derecho no puede depender del hospital que te toque”, afirmó.

La diferencia entre el sistema público y el privado aparece, de este modo, como uno de los principales problemas que busca abordar la norma. La posibilidad de acceder a la analgesia durante el trabajo de parto puede estar condicionada por la disponibilidad de profesionales capacitados, los recursos existentes en cada establecimiento o, en algunos casos, por la capacidad económica de cada persona. La consecuencia es que una misma decisión sobre el propio cuerpo puede ser posible para una mujer y no para otra simplemente por el lugar donde se atiende.

El proyecto aprobado establece que los efectores públicos deberán garantizar la disponibilidad de los recursos materiales y humanos necesarios para brindar analgesia y anestesia epidural obstétrica. También contempla que las mujeres reciban información clara y comprensible sobre los métodos disponibles para aliviar el dolor y puedan acceder a ellos de manera universal, equitativa y gratuita cuando lo soliciten, siempre que no existan contraindicaciones médicas y respetando el consentimiento informado.

La iniciativa sostiene que garantizar alternativas para el manejo del dolor puede contribuir a una experiencia de parto más positiva y humanizada. Desde esa perspectiva, la anestesia epidural no aparece solamente como una prestación médica, sino como una herramienta para que la persona gestante pueda participar de manera efectiva en las decisiones sobre su propio cuerpo y su nacimiento.

“Saldamos una deuda histórica con miles de mujeres que a partir de ahora van a poder pedir la anestesia peridural para culminar el trabajo de parto”, remarcó la legisladora quien fue elegida esta semana como la nueva decada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires.

En esa línea se expresó también la diputada Graciela Ocaña, de Confianza y Desarrollo, quien destacó la desigualdad que existe cuando una mujer no puede acceder a las mismas alternativas por atenderse en el sistema público.

“Que una mujer, por el solo hecho de tener que parir en un hospital público y no en una institución privada, no pudiera elegir atravesar el parto con anestesia epidural es una profunda injusticia. Hoy empezamos a repararla”, afirmó Ocaña.

Y agregó: “Elegir cómo transitar el parto, con información y acompañamiento, también es parte de un parto respetado. Reducir la desigualdad entre quienes acceden al sistema privado y quienes dependen del sistema público es un paso importante hacia una atención más equitativa”, sostuvo.