Se aprobó la Ley de Evaluación Integral del Sistema Educativo de la Ciudad de Buenos Aires en la Legislatura porteña, los legisladores de UNEN la hemos votado con sustanciales modificaciones al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad.
Si bien nos hubiera gustado estar debatiendo esta temática en el marco de una Ley general de Educación, que es la gran deuda pendiente en materia educativa, creemos que la evaluación es un proceso continuo, formativo e integrador para obtener información y poder formar juicios de valor, que retroalimenten los procesos educativos y contribuyan a la toma de decisiones.
La evaluación se dimensiona como una función pedagógica y didáctica de carácter integrador no punitivo y como un proceso de diálogo, comprensión, participación y mejora continua y sistemática de la calidad y equidad educativa.
Y en ese sentido, como interbloque UNEN, presentamos un proyecto y un despacho de comisión proponiendo una Ley de Evaluación Integral con responsabilidades primarias del Ministerio y funciones para la Unidad.
Asumimos, las responsabilidades y nunca nos escapamos al debate, nos expresamos con nuestro proyecto, con nuestro despacho en Comisión y en el diálogo con los principales actores de la comunidad educativa. De esa manera no facilitamos al oficialismo concretar el proyecto original que mandó el Jefe de Gobierno con los votos justos y necesarios.
Así, lejos de un doble discurso en cuanto a nuestra postura respecto de la ley aprobada hemos logrado modificar radicalmente el proyecto original del Poder Ejecutivo. Dejó de ser, como pretendían, un Instituto Autárquico con financiamiento internacional y privado y con funciones cuasi ministeriales, para convertirse en un Ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Educación con recursos financieros y administrativos propios únicamente aprobados por la Ley del Presupuesto general.
En cuanto a la designación de su director, será por el término de 5 años y a través de concurso público de antecedentes y oposición y con mayores requisitos académicos y docentes que lo que se proponía en el proyecto original del PRO. También hemos logrado incorporar un artículo con las causales de su remoción.
Sobre la política de difusión de la información de los resultados de las evaluaciones en ningún caso podrán ser utilizados para difundir públicamente clasificaciones individuales de los alumnos, docentes y/o instituciones educativas.
También logramos que los trabajadores de la Unidad se incorporen al Estatuto Docente y se regulen por sus normas. Esto es otorgarle la estabilidad laboral que garantiza la Ordenanza 40.593.
Como legislador puse mi aporte y mi trabajo en mejorar ampliamente una ley que podía ser aprobada con los votos del partido político que detenta la mayoría en la Legislatura. Desde nuestro espacio creemos que la riqueza y el valor de las diferencias son argumentos válidos para la búsqueda de consensos, esta vez, en pos de evaluar el sistema educativo en su conjunto.
Ahora la cuestión central reside en qué haremos con esa información y cómo la utilizamos para el diseño e implementación de las políticas educativas y construir conocimiento sobre los efectos en el sistema educativo. El gran debate, la decisión estratégica que debe tomar el Estado es en relación con qué hace con todos esos datos que se vinculan a la evaluación y suceden en el sistema.
Como dice la investigadora y doctora Margarita Poggi: “La evaluación educativa nos confronta con el abordaje de un espacio de conflicto, que permite analizar articulaciones o fracturas entre supuestos teóricos y practicas pedagógicas (…) Más allá de las diferentes perspectivas que han abordado la cuestión de la evaluación, nos parece importante señalar que ésta constituye siempre una actividad de comunicación en la medida en que implica producir un conocimiento y transmitirlo, es decir, ponerlo en circulación entre diversos actores involucrados”.